El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dio otro paso en el conflicto de poderes que vive el país, al emitir una sentencia que decreta que será el encargado de ejercer las competencias de la Asamblea Nacional (AN). Según el máximo tribunal, el Legislativo, de mayoría opositora, se encuentra en “desacato” a las leyes de la República. Desde el antichavismo denunciaron que se trata de “un golpe de Estado” y afirmaron que la Corte responde al presidente Nicolás Maduro.

“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la AN, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, reza una sentencia del TSJ. El Tribunal declaró en desacato el 5 de enero del 2016 a la AN por juramentar a tres diputados de la Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas (sur) el 6 de diciembre, luego de ser suspendidos provisionalmente a causa de irregularidades de votos en esa región. Esta medida hace que todas las acciones del Parlamento desde entonces sean nulas mientras los legisladores no sean desincorporados.

La decisión tomada por el Tribunal de Venezuela se dio a través de un recurso de interpretación interpuesto por cuatro abogadas de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP), al artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, referente a la constitución de empresas mixtas. Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas requerirá la aprobación previa de la AN, “a cuyo efecto el Ejecutivo deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República”.

La Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara. Sin embargo, el Supremo resolvió que “no existe impedimento alguno” para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones. Además, el TSJ subrayó que el Parlamento, “actuando de facto”, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones.

La abogada María Alejandra Buena explicó en una entrevista para teleSUR que la directiva de la AN es inexistente porque ellos decidieron permanecer al margen de la Constitución. Además, sostuvo que debido a que la AN se encuentra en desacato aquellas decisiones que se supone le competen, deben ser tomadas por la Sala Constitucional por ser este el máximo intérprete de la Constitución. 

La jurista explicó también que Julio Borges, nombrado presidente de la AN y vocero de una campaña internacional contra el gobierno de Venezuela, no ocupa realmente ese cargo porque la juramentación fue ilegítima, debido a que la anterior directiva no levantó el desacato, él asumió en el marco del desacato, y aunque la directiva liderada por el ex presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, tiene la posibilidad de cambiar la situación, ellos prefieren permanecer en desobediencia. 

En esa línea, el abogado constitucionalista Enrique Tineo Suquet expresó que la AN tiene la posibilidad de ponerse en ley, simplemente, solicitando a Ramos Allup convocar una sesión para retirar los tres parlamentarios y llamar a elección para nueva Junta Directiva. 

En tanto el presidente de la Asamblea, Julio Borges, aseguró desde la sede del Parlamento que el gobierno venezolano ha dado un “golpe de Estado” a través del Supremo y advirtió que los diputados opositores no acatarán esta decisión. “Quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, dijo Borges que hizo pedazos la sentencia.

El Parlamento venezolano instó ayer a los militares a romper el silencio frente a lo que denunció como una “ruptura” constitucional por parte del presidente Maduro. “La Fuerza Armada venezolana no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución. Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales están en contra del caos que sucede en Venezuela”, sostuvo Borges. 

Esta decisión del TSJ de asumir las funciones legislativas significa en principio, que los magistrados adoptarán las funciones de los diputados en materia de aprobación de leyes y controles administrativos. El año pasado se ensayó ese esquema cuando Maduro presentó ante el TSJ la ley de presupuesto nacional de 2017, una facultad exclusiva del Legislativo que quedó en manos de ese tribunal. El Supremo no emitió una sola sentencia contra el gobierno y los fallos del último año fueron para anular o declarar inconstitucionales las leyes aprobadas por la Asamblea.

La sentencia significa que el gobierno seguirá desconociendo las atribuciones de la AN y los diputados impulsando debates y leyes que no tendrán efecto práctico. El presidente seguirá aprobando decretos con el aval de los magistrados, pero con legalidad cuestionada. Es el caso de posibles créditos externos que tramita el gobierno, los cuales deben ser aprobados por los diputados.

Una respuesta política a la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo es el desconocimiento del gobierno a un poder que está controlado por una mayoría opositora que cuestiona al Ejecutivo. La cámara legislativa está compuesta por 167 diputados y la oposición ganó 112 escaños, incluyendo a los tres de Amazonas, lo que significa una mayoría absoluta que faculta a la bancada mayoritaria para aprobar leyes que se refieren a derechos esenciales. Sin los tres de Amazonas, la oposición llega a 109 escaños, lo que recompone el número para la mayoría absoluta.