Con más del 20% de los trabajadores de la salud de Jujuy infectados desde el comienzo de la pandemia, entre ellos siete fallecidos, el gobierno de Gerardo Morales ahora arremetió contra ese sector. Dictó un decreto por el cual estableció multas de entre 40 mil y hasta 1 millón de pesos, más la amenaza de “arresto o inhabilitación” para los trabajadores de la salud –del sector público o privado– que incumplan con las indicaciones del gobierno respecto a reasignación de tareas, reubicamientos y traslados.

El Decreto 1444-S-20, publicado en el Boletín Oficial del lunes, generó una inmediata ola de repudios entre los gremios del sector y las entidades profesionales médicas. El Colegio Médico de Jujuy expresó en un comunicado que “los términos del Decreto 1444 implican una amenaza a la libertad, a la integridad física, a la salud y a la vida de nuestros asociados, quienes al no ser empleados del Estado y no estar sometidos a la subordinación del mismo tienen consagrado constitucional y convencionalmente el derecho personal e irrenunciable de decidir acatar las órdenes del Ministerio de Salud ante la situación de pandemia y –en consecuencia– no están obligados a cumplir las intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de dicho ministerio, ni a prestar servicios en el destino que el mismo les quiera asignar”.

Desde la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), que en forma coincidente con la difusión del decreto llevaba adelante un reclamo por aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo y en repudio al maltrato laboral, su titular Nicolás Fernández impugnó la medida y repudió “la actitud persecutoria y punitiva del gobierno para con las trabajadoras y trabajadores de la salud".

En su artículo primero, el decreto sostiene que “al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el titulo Cuarto (4to) del Código Penal, y Código Contravencional. El cobro de estas sumas, se efectuará a través del procedimiento y trámite de Apremio previsto en la Ley N° 2.501”.

Sumar malestar

En apoyo al personal de salud, varias organizaciones gremiales, profesionales y políticas se autoconvocaron para mañana jueves a las 17 horas en el Parque San Martín de San Salvador de Jujuy. Entre ellas, el Colegio de Psicólogos de Jujuy, que un comunicado señaló que “bajo la supuesta idea de un incumplimiento de los trabajadores y trabajadoras de la salud ante la concurrencia o prestación efectiva, se pretende perseguir y silenciar a quienes están luchando con todas sus fuerzas en esta pandemia”.

Según consignó el portal Jujuy Dice, el 9 de agosto último y al reconocer el colapso del sistema de salud en algunas áreas de la provincia, Morales conminó públicamente a los médicos que no tenían asignación específica de tareas y que estaban “con algún tipo de licencia”, a colaborar con el dispositivo de “telemedicina” para hacer el seguimiento de pacientes con covid-19 en tratamiento domiciliario. Además protestó porque agentes sanitarios convocados para operativos domiciliarios no habían asistido ya que “no están dispuestos a ir a zonas rojas". Así, el decreto persigue el objetivo de efectivizar traslados o reasignaciones de tareas a trabajadores de la salud (médicos, enfermeros, bioquímicos, laboratoristas, enfermeros y kinesiólogos), independientemente de la razón que pudiera ampararlos.

“El equipo médico, público y privado, se encuentra en medio de esta batalla desigual, donde aún no hay armas para vencer a este enemigo invisible, donde la angustia es cada vez mayor y la impotencia muchas veces nos invade. Entonces resulta innecesario que se les sume mayor malestar al ya existente y tensiones que solo quebrantan aún más el espíritu de nuestros agotados médicos, y los deja más vulnerables en el peor momento de la pandemia. Claramente la coerción no es el camino”, alertó el Consejo Médico jujeño.

Para Pablo Suárez Zorrilla, un terapista intensivo que presta servicios en el hospital “Oscar Orias”, de la ciudad de Libertador General San Martín, se trata “de una clara muestra del autoritarismo y la soberbia del ministro de Salud de la provincia al intentar amedrentar a todos los trabajadores que intenten pensar diferente y desnudar este sistema sanitario”. “Sacaron esto para intentar que el personal de salud se calle: yo hago terapia intensiva y la directora de mi hospital puede mandarme a hacer consultorio a un pueblito como Valle Grande, donde la población es de 700 personas, haciendo que cumpla mi carga horaria ahí por necesidad del sistema”, denuncia el médico.

“El decreto es para silenciar al personal de salud, para que no puedan manifestarse más, para que no podamos reclamar más en el momento que nos mueven desde al hospital de campaña al ‘Pablo Soria’ o al ‘San Roque’. Nos tienen en constante movimiento y no se sabe cuál es el beneficio de esto, es más, es un perjuicio”, dijo a PáginaI12 con pedido de anonimato una enfermera reemplazante del hospital “Pablo Soria”, de la capital provincial.

La novedad discursiva incorporada por Gerardo Morales desde su reaparición al frente del COE provincial, el pasado domingo, fue anunciar ampulosamente su decisión de requerir que las obras sociales nacionales “atiendan a los pacientes que les hacen sus aportes”. Quizás sin reparar que se trata de una de las innumerables previsiones que debió haber tomado durante los cuatro meses en que la provincia se mantuvo libre de casos. De acuerdo al reporte oficial de casos de ayer, Jujuy registra 8.542 casos positivos para covid-19, con 246 personas fallecidas.

Lejos de mejorar, el avance de la enfermedad jaquea a varias regiones de la provincia, con casos de pacientes que ni siquiera acceden a la atención hospitalaria y son devueltos a sus casas sin la provisión de medicación ni de oxígeno. Según se denuncia, varios de ellos han fallecido en sus domicilios sin que en los certificados de defunción consten las verdaderas razones de los decesos. “Se está instalando un debate nacional sobre la presión ética que sufren los profesionales que deben asignar los respiradores escasos, cuando en Jujuy muchas veces no estamos consiguiendo siquiera recibir a los pacientes en las guardias”, se indignó un médico con muchos años de trabajo hospitalario que pidió reserva de identidad.

Retos por televisión

A la provincia ya llegaron “cinco vuelos para movilizar a 65 profesionales y se seguirán movilizando más”, destacó el miércoles Arnaldo Medina, el viceministro de Salud de la Nación, durante el reporte matutino de esa cartera. También refirió que a través de guardias virtuales que hacen especialistas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, “en Jujuy han funcionado 5 guardias las 24 horas del día y los 7 días de la semana para asistir a los profesionales en esa región”.

Mientras tanto, crece la expectativa sobre la posible visita de Alberto Fernández a la provincia, anunciada por Morales para el miércoles próximo y aún no confirmada por la Casa Rosada. Referentes de la oposición peronista local ya manifiestan su descontento con la jugada que, dicen a coro, el gobernador quiere exhibir. “Su intención es pegarse a la alta imagen presidencial para intentar capitalizarla, en el momento en que ningún jujeño deposita su confianza en un gobernador que no nos cuidó, que nos hace sufrir el dolor por los seres queridos que perdemos y que nos sigue retando por televisión”.