Entre algunos de los datos que llaman la atención del informe sobre delitos que presentó el Ministerio de Seguridad, juristas y expertos en derecho penal consultados por Página/12 confluyen al menos en tres: relacionan el aumento del delito contra la propiedad con la falla en políticas de seguridad pública (que en los últimos años se focalizaron en doctrinas como la llamada “Chocobar”), con la inequidad y la aceleración de procesos de exclusión; muestran preocupación por la insistencia en la vieja manía de la persecución de la tenencia de droga para consumo personal o tenencia simple en lugar de enfocar los esfuerzos hacia la investigación de grandes organizaciones de narcotráfico; hay alarma porque la mayoría de las víctimas de lesiones dolosas en el país son mujeres, pero a la vez es la primera vez que se hace un registro por sexo de las víctimas de delitos contra las personas y la integridad sexual, lo que, todo indica, permitirá una mejor evaluación del fenómeno de la violencia por razones de género.

El relevamiento (basado en denuncias que reciben fuerzas de seguridad) muestra un incremento general de los delitos (ver aparte) y, en particular, de los delitos contra la propiedad como los robos y las infracciones a la ley de estupefacientes. En este último caso llegan casi al 90 por ciento, cerca del doble que un año antes. Pero las figuras más graves vinculadas al narcotráfico, llegaron apenas al 0,88 por ciento de las denuncias. Al juez de Necochea Mario Juliano, de la Asociación Pensamiento Penal, le parece estar frente a una vieja historia: "la poca solidez de la política en materia de drogas en la Argentina y la urgente necesidad de la reforma de la ley, de 1989”. “Se dilapidan recursos estatales para situaciones que no tienen impacto sobre la vida social. Además queda a la vista la endeblez del programa lanzado en forma ampulosa por el gobierno de Mauricio Macri, Argentina sin narcotráfico, una pantalla propagandística”, sostiene.

El camarista de Casación Penal Federal Alejandro Slokar tambien objeta que se siga concentrando el esfuerzo “en las tenencias para consumo”. “Fue irracional la decisión de la anterior gestión de enfrentar un problema de salud con represión policial. Esto agrava el problema sanitario general, no brinda solución asistencial y lo que es peor en términos de seguridad: este dispendio y absurdo antieconómico distrae esfuerzos en el control de las redes criminales complejas”. Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) recuerda que "la Corte Suprema ya dijo que es necesario reorientar la política criminal con respecto al narcotráfico pero esto no se ejecuta. Pasan años y nada cambia para perseguir el verdadero narcotráfico y desarticular los mercados criminales que tanto daño hacen”.

Otro gran capítulo que surge del informe del Ministerio de Seguridad es el del aumento de los delitos contra la propiedad, robos y otros delitos comunes. Según Juliano “esto da cuenta de la ineficacia de las políticas implementadas en los últimos años en el país vinculadas con la legitimación de la discrecionalidad policial para la gestión de la seguridad pública. Basta recordar la doctrina Chocobar, para justificar el fusilamiento de una persona por la espalda. Son políticas que no dan resultado. A su vez, el delito contra la propiedad está muy vinculado con los procesos de aceleración de la marginación, la exclusión, y la falta de oportunidades. Hay que pensar sin pecar de ingenuidad en políticas de inclusión y acceso a los derechos, lo que no hace desaparecer estos delitos pero los reduce”. Slokar coincide: “las condiciones generales del país impactan en la conflictividad social; no solo con la pobreza sino la inequidad. Lo reconoce hasta el Banco Mundial”. El camarista presume que los números deben ser incluso mayores a los relevados, porque existe un subregistro o “cifra negra” que implica que no todos los delitos se denuncian o se persiguen y falta una encuesta de victimización.

Binder rescata la publicación de datos porque, aunque sea una serie que abarca pocos años (desde 2015 a 2019) “las líneas de los distintos tipos de delito son estables y se puede planificar prevención y persecución penal”. Aun así, por ejemplo, considera que para analizar los delitos contra la propiedad hace falta más información sobre cada provincia y los conflictos que pueden estar en la base. “No pondría la atención de manera superficial en este tema porque si no siempre se ratifica que son los pobres los que cometen el delito y es la pobreza la que empuja, lo que es una explicación muy simplista, injusta y falsa”. Para Tobías Schleider, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) el relevamiento ofrece “trazos gruesos”, con “categorías un poco rígidas” y debería analizarse en detalle lo que ocurre en cada provincia, pero sostiene que es mejor que “el secretismo”. También repara en lo disparatado de que “los consumidores de drogas han seguido siendo objeto de persecución penal” y el número de causas es “escandaloso”: 28.585 en 2018 y 52.647 en 2019.

Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal –al igual que Schleider-- destacó que se haya hecho la desagregación por sexo de las víctimas. “Es determinante que los registros estadísticos de delitos incorporen el género de la víctima tanto de los ministerios públicos, como poderes judiciales y policías, porque tenemos un sistema penal que no diferencia los delitos en función de la especialidad por género. Las lesiones, amenazas y delitos sexuales, pueden ser cometidos contra varones y mujeres. Si no se consigna el género de la víctima, no se puede conocer la dimensión total del fenómeno de la violencia de género”, explicó la fiscal. El Ministerio de seguridad también reveló un incremento de los delitos sexuales, que podrían estar motivados por un salto en las denuncias. Para Juliano son delitos que generan “gran preocupación porque pese a las campañas y el esfuerzo social de los colectivos relacionados con el Ni Una Menos, cuesta desmontar los conductas machistas y criterios patriarcales”.