La justicia brasileña anuló por unanimidad una de las causas penales abiertas por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, al considerar que no existen "pruebas suficientes" para continuar con el proceso. El juicio se refiere a acusaciones iniciales de corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita formuladas contra Lula bajo la presunción, nunca probada, de que habría favorecido negocios ilegales de la constructora Odebrecht en Angola. La decisión fue tomada por un tribunal de Brasilia que ya había rechazado el año pasado algunas de las denuncias que pesan sobre el exmandatario. Ahora la causa quedará archivada, lo que favorece tanto a Lula como a uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos, sospechoso de haber intermediado en los supuestos negocios ilícitos. El martes el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la operación Lava Jato que llevó a la cárcel al expresidente de Brasil, había renunciado a su cargo por motivos familiares en medio de fuertes cuestionamientos a su equipo de investigación.
"Estoy muy tranquilo con mis procesos. Siempre dije que en algún momento prevalecería la verdad. Poco a poco vamos demostrando que me condenaron con la única intención de sacarme de la campaña 2018", tuiteó Lula al enterarse de su absolución. La defensa del expresidente emitió un comunicado en el que destacó que se trata de la quinta denuncia interpuesta contra el expresidente que es rechazada por los tribunales ante la falta de pruebas.
En este caso, según los abogados del exmandatario, la acción penal presentada por la Fiscalía General era "precaria, sin sustento probatorio alguno y sin ni siquiera especificar las conductas atribuidas a Lula". Además de celebrar la decisión judicial, los abogados del líder de izquierda subrayaron que siempre que fue juzgado por un órgano "imparcial e independiente (fuera la de la Operación Lava Jato de Curitiba)", Lula fue absuelto o la acusación fue rechazada.
La Fiscalía afirmaba que el expresidente había intercedido en el Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES) para favorecer a Odebrecht en una serie de obras en Angola, a cambio de unos pagos de los que Lula habría salido beneficiado. En los últimos años, la justicia abrió contra Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, un total de nueve procesos, en todos los casos por supuestas prácticas de corrupción y algunas vinculadas a la operación Lava Jato, que destapó una vasta trama de ilícitos con ramificaciones en otros países, tanto de América latina como de África. En uno de esos juicios fue condenado a ocho años y diez meses de prisión y llegó a pasar 580 días preso, pero luego fue liberado por una decisión de la Corte Suprema, ya que aún no agotó por completo sus chances de apelación.
Ahora la defensa de Lula se centrará en los dos recursos presentados ante el Tribunal Supremo Federal, que piden que se anulen los procesos abiertos contra el exmandatario en la operación Lava Jato y se repita el juicio, ya que tanto el fiscal, Deltan Dallagnol, como el por entonces juez y exministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, Sergio Moro, no fueron imparciales.
Dallagnol, jefe de la Fuerza de Tarea de Curitiba, anunció sorpresivamente el martes que dejaba ese lugar por problemas de salud de su hija. Las sospechas sobre Dallagnol y Moro se multiplicaron luego de que el sitio web The Intercept Brasil publicara en 2019 conversaciones privadas que expusieron la forma en que la operación Lava Jato trabajó para perjudicar a Lula e impedir que la izquierda vuelva al poder en las elecciones que terminó ganando Bolsonaro. Dallagnol tiene dos investigaciones abiertas en el Consejo Nacional del Ministerio Público.
