“Llegaron a las 5 de la mañana, llovía, una tormenta tremenda y mientras nos sacaban de la casa desarmaron nuestro galpón, desarmaron la casa y después con las topadoras pasaron por arriba de mi huerta y de mis frutales, después por encima del cementerio, y después incendiaron la iglesia”, cuenta Leandro de Olivera. Leandro es bisnieto de Gumersindo Mbigua, primer poblador de la zona, y habla desde el acampe que se mantiene hace dos semanas en la plaza de El Soberbio, provincia de Misiones. Leandro tiene 27 años y nació en el Paraje Mbigua, en Colonia Pepirí. Y su relato denuncia el violento desalojo ejecutado sobre once familias, por orden del Juez Gerardo Casco, de San Vicente.

“Los hombres de Laharrague fueron” dicen desde el acampe sobre quienes ejecutaron, junto a la policía y por orden del juez, el desalojo. Se refieren al empresario maderero Nicolás Laharrague, director de la Maderera Moconá. La empresa mantiene hace años un litigio con dos de las hijas de Gumersindo Mbigua, el pionero. “Como solo a ellas se les reconoce derecho por la tierra, sobre ese derecho a titularizar se ejecutó el desalojo” explica Sandro Martínez, uno de los referentes de la comunidad. Y reclama que “en cuarentena no se podía ejecutar un desalojo, y menos de un día para el otro”.

“Los hombres quedamos en el acampe, pero las mujeres y los niños han vuelto al paraje, para a cuidar lo poco que nos queda desde ese día” señala Martínez sobre esa fatídica madrugada en que fueron obligados a dejar sus casas: “Nos obligaron a salir, desarmaron las casas y pasaron las topadoras, encima de las huertas primero y después encima del cementerio”, insiste Leandro de Olivera.

Prendieron fuego a la iglesia católica pero no tocaron el centro del culto evangelista que todavía está en pie. “Los hombres nos quedamos acá para visibilizar la situación --explica Martínez-- porque al no haber turismo y no haber tránsito, si nadie nos ve, nadie se entera”, reflexiona. Las mujeres denuncian también en mensajes que buscan visibilizar la situación, que “no les dejaron sacar los animales, gallinas y las vacas”. Sus recursos, su subsistencia.

Violencia extrema

Laharrague es recordado por su cargo como funcionario de Desarrollo Foresto-Industrial en el Ministerio de Agroindustria durante la gestión macrista: “Un zorro cuidando el gallinero”, dicen quienes lo conocen. El mote lo acredita el historial de denuncias que carga el CEO, por sus abusos contra poblaciones campesinas e indígenas, en especial por invasión de tierras, desmontes y ocupaciones ilegales.

Hoy, mientras las cincuenta personas de la comunidad buscan tramitar una línea de dialogo con las autoridades provinciales o nacionales, el intendente de El Soberbio, Roque Soboczinski, mantiene cerrados los baños públicos, y mandó a cortar el wi-fi libre que había en la plaza para que desde allí no se pueda contar lo que está ocurriendo. Aunque se ocupó de definir el desalojo como parte de un litigio que abarca a gran parte de la comuna que debe gestionar: “El 80 por ciento de la población del municipio está encima de tierras ajenas”, puntualizó Soboczinski al diario Misiones Online, sobre este desalojo. Y según sus palabras, la instancia de dialogo está abierta. No lo consideran así desde la comunidad.

El desalojo se dio en dos líneas en paralelo: mientras la patota ilegal de la empresa maderera que reclama los terrenos arrasaba con todo lo que pudiera ser útil para la vida de las familias, la policía custodiaba la ruta para que nadie se acercara. Y esas familias todavía hoy no logran respuestas institucionales, ni cuentan con el respaldo jurídico necesario, señalan.

La policía llegó con “los hombres de Laharrague”. “La policía hizo un cordón en la ruta para que no venga nadie a ayudarnos”. “Lo primero que sacaron fue el cartel”, dicen sobre la señalética instalada hace años por Vialidad Nacional, que indicaba:“Paraje Mbigua”, allí donde el límite entre Argentina y Brasil los traza el cauce del Uruguay. Allí donde la mayoría de los pobladores son pequeños agricultores que se dedican al cultivo de hierbas para esencias, como la menta y la citronela.

Colonia Pepirí es el único lugar del país donde la citronela se da en abundancia. La zona forma parte de la Reserva de Biósfera Yaboty, uno de los mayores reservorios de flora y fauna de la selva paranaense, y en especial, respecto al monte nativo. Ese monte que será devastado si prospera esta entrega de tierras al empresario maderero, sostienen en la zona, y puede provocar un grave daño ambiental, por ser éste el último lugar donde queda madera nativa. “La intención es extractiva para el monte nativo y eso está prohibido” enfatiza Martínez.

Mientras ellos, que son cuarta generación de familias que habitan el lugar, saben cuidar la naturaleza: “Nosotros cuidamos”, sostienen. Aunque siempre vivieron con restricciones “en cuanto a la pesca y al desmonte, la Reserva”, desarrollaron artes de cultivo y producción a pequeña escala de variedades para la elaboración de esencias.

La orden del juez que ordena el desalojo, sin embargo, no tiene en cuenta que, desde hace 60 años, la comunidad se asentó sobre tierras fiscales. La policía cerró la Ruta Provincial 2, para permitirlo. Y las familias afectadas señalan una paradoja: “Mientras todos estos meses nosotros no llevamos a nuestros hijos a la escuela para cuidarnos, por el protocolo de seguridad, vinieron a desalojarnos sin barbijo siquiera”.