La reunión de expertos de la Unión Europea y el Mercosur que tuvo lugar ente el 20 y 24 de marzo en Buenos Aires tuvo diversas manifestaciones de “satisfacción por los avances logrados” en boca de algunos de sus participantes, sin mayor detalle de cuáles fueron esos avances ni en qué materia. Como contraparte, el carácter secreto de las negociaciones abrió un abanico de sospechas y alertas sobre la dirección que puede tener este nuevo tratado de libre comercio. En los últimos días, distintos voces advirtieron sobre los riesgos en materia de desregulación financiera que el nuevo TLC podría traer aparejado, los riesgos para la salud por los antecedentes de otros TLC que fueron ampliamente favorables a los intereses de la industria farmacéutica, e incluso hubo expresiones de parlamentarios europeos opuestos a un acuerdo que no dé garantías de “desarrollo industrial, diversificación económica, mantener los empleos existentes y dé apoyo a la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria”.
Diversas organizaciones demandan una discusión que los gobiernos se niegan a dar, pese a la trascendencia que pueden tener los compromisos que impulsan. Una de ellas es la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo), que viene peleando por el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos en el país y en Latinoamérica, advirtió que “el borrador del capítulo de propiedad intelectual, que se negocia en secreto, se filtró unos meses atrás y así pudimos conocer la ambiciosa agenda de la Unión Europea”. A través de su directora ejecutiva, Lorena Di Giano, la FGep señaló que, “en representación de los intereses de sus empresas farmacéuticas el bloque europeo pretende generar más derechos exclusivos y poder para controlar los mercados de tecnologías médicas en detrimento del derecho humano a la salud, el desarrollo de productos tecnológicos y la producción local de medicamentos genéricos en los países del Mercosur”. Una de las herramientas a través de las cuales los grandes laboratorios europeos consolidarían su poder es la extensión de la vigencia de las patentes medicinales, que les otorga el monopolio de explotación de determinadas fórmulas. La experiencia de otros TLC demuestra que éste es siempre un punto central de la demanda de los países más desarrollados.
Un grupo de expertos, empresarios, dirigentes sindicales y académicos de países que forman el Mercosur acaban de conformar, a nivel regional, el Centro Suramericano de Estudios de Integración Financiera, Cinfin. Un documento emitido esta semana señala su “preocupación ante la inclusión de capítulos específicos destinados a promover una mayor desregulación financiera”. “Tomando en cuenta los antecedentes de tratados entre la Unión Europea y Latinoamérica en los últimos años –Chile, Colombia, Ecuador, México–, es de suponer que tal capítulo podría incluir el compromiso de una peligrosa liberalidad para la introducción de productos financieros y de seguros europeos, con riesgo para la banca pública y privada, compañías de seguro y entidades cooperativas nacionales, cuyo rol es esencial en un modelo de servicios financieros basado en el interés público”.
Por su parte, Helmut Scholz, coordinador del grupo parlamentario de los diputados de izquierda y verdes nórdicos en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, opinó que “los sectores industriales sudamericanos y los agricultores europeos tienen razón al expresar su preocupación por la feroz competencia que puede esperarse de concretarse este acuerdo; lo que interesa a los mayores productores de ambas regiones no es del interés de la mayoría de los pequeños productores ni del bienestar de las sociedades”. El eurodiputado alemán cuestionó además la legitimidad de las negociaciones. “El mandato del Parlamento Europeo para negociaciones que aún no se han hecho públicas es obsoleto. En cambio, se necesita un nuevo mandato para asegurar que cualquier acuerdo comercial entre ambas regiones establezca el comercio justo como el principal pilar de las relaciones comerciales entre la UE y el Mercosur”.
