El pasado 26 de agosto la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dio una razón más a quienes consideran que parte de la asociación ilícita encabezada por el empresario Matías Huergo que evadió impuestos y cobró sumas millonarias del Estado municipal y provincial debe ser investigada por la Justicia de Salta. 

Los jueces Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani y la jueza Liliana Catucci, de la Sala III de Casación Penal, rechazaron recursos extraordinarios interpuestos por la defensa de Sebastián Héctor Silva y por la AFIP, que es querellante en la causa federal y que pretendía que la investigación continuara unificada en la Justicia nacional. 

La decisión de Casación suma un elemento más para que el Ministerio Público Fiscal de Salta avance en la investigación de la parte de la causa que le fue remitida por el juez federal Julio Bavio en mayo de 2019, cuando declinó su competencia respecto del fraude en perjuicio de la Municipalidad de Salta, del erario provincial y de la empresa Aguas del Norte, por entender que su investigación corresponde a la Justicia provincial. En ese mismo mayo la fiscala de Delitos Económicos de la provincia, María Eugenia Guzmán, devolvió la resolución al juez federal, basándose en que su decisión no estaba firme. 

Aquella vez Guzmán advirtió en su escrito dirigido a Bavio que “en caso de iniciarse la investigación por este Ministerio Fiscal, sin estar firme la sentencia que declara la incompetencia parcial (...)  se vulneraría el principio del ne bis in idem, al ser el mismo suceso delictivo objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes”. 

Desde entonces esa ha sido la postura del Ministerio Público Fiscal de Salta para no avanzar en la investigación. Ayer una fuente de la Justicia Federal señaló a Salta/12 que la decisión de Casación ya no deja margen para seguir dilatando el avance de ese proceso, si bien otra fuente dijo que es posible que la AFIP recurra en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las maniobras irregulares de Huergo saltaron a la luz el año pasado, por denuncia de la AFIP. En esa investigación surgieron presuntas irregularidades en las que podrían estar involucrados ex funcionarios de la gestión como intendente de la ciudad de Salta del actual gobernador Gustavo Sáenz, así como la secretaría de Obra Pública de la provincia y la empresa estatal Aguas del Norte. 

El 9 de mayo de 2019 el juez federal Bavio dispuso que continuaría investigando lo relativo a la evasión impositiva, que tiene al Estado nacional como perjudicado, y que correspondía a la Justicia provincial investigar lo referido al daño al erario público municipal y provincial. 

Los fiscales federales apelaron esta decisión, pero fue ratificada en instancias superiores. Y ahora se conoció esta decisión de Casación Penal en recursos extraordinarios que intentaron la AFIP y la defensa de Silva. 

Empresas de papel 

En la causa por el fraude al fisco nacional, el 29 de junio el juez Bavio procesó a Huergo y a otras ocho personas, como parte de dos asociaciones ilícitas creadas para evadir impuestos mediante la duplicación de facturas apócrifas. Además, una de esas asociaciones vendía estos comprobantes a otras empresas que querían evadir al fisco.

Además de Huergo, están procesados los hermanos Aníbal Anaquín y Álvaro Anaquín; Arturo Jorge Mimessi, Gerardo Rubén Romero, Sebastián Héctor Silva, Juan Nolberto Llanos, Francisco Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman,

En magistrado sostuvo que esta organización delictiva "propició la creación y formación de un andamiaje de empresas "de papel", bajo distintas figuras societarias, integradas con interpósitas personas insolventes, quienes modelaron como pantalla para ocultar al verdadero propietario, responsable y beneficiario de la actividad económica. De tal modo, se forjaron sociedades como Arcadio Obras Eléctricas SRL, SEC S.A., Lusal Obras y Servicios SRL, Obrar SRL".

En el procesamiento el juez federal reseñó que hay indicios de que también se perpetraron ilícitos en perjuicio de la administración pública provincial y municipal. 

Entre abril y junio de 2017 SEC SA facturó a la Municipalidad de la Ciudad de Salta un monto de $8.632.540 en concepto de provisión, instalación de luminarias y farolas en el ejido municipal.

El electricista Jorge Luis Bonifacio (empleado de Huergo) y el jubilado Gerardo Romero eran prestanombres de Arcadio SRL, "empresa que, entre otras cosas, facturó sumas millonarias al Estado provincial y municipal".

El abogado Aníbal Anaquín era funcionario municipal. El juez destacó que "asesoró y colaboró en la conformación de SEC S.A." y que esto "no se trató de un suceso aislado y vinculado a lo estrictamente profesional, sino que tuvo el designio de actuar en común con los restantes imputados -en especial con el líder y organizador-, para la concreción de los objetivos propuestos por la organización criminal".

Aníbal Anaquín fue apoderado legal de esta firma, y aportó la dirección de su estudio para que fuera declarada domicilio fiscal, fue firmante de cuentas bancarias, y propuso a su hermano Álvaro como asesor contable de la empresa SEC SA. "Las caras visibles de SEC S.A. desde un principio fueron los hermanos Anaquín, habiendo manifestado Álvaro que desde su inicio se le dio de alta como proveedora del Estado en su desenvolvimiento, aparece como principal -si no el único- cliente la Municipalidad de Salta, cuando con anterioridad Aníbal Anaquín había desempeñado el cargo de procurador municipal. Ello autoriza a sostener fundadamente que SEC S.A. es un apéndice de la asociación global en la que el nombrado detentaba ciertas facultades de gobierno", sostuvo Bavio.  

Hay otras conexiones que rozan a la administración Saénz en la Municipalidad de Salta, hay facturas que fueron confeccionadas desde IP ubicados en el edificio municipal.

Llanos era empleado de Huergo y se encargaba de la obtener los comprobantes y facturas. El 6 de marzo de 2018 Huergo le informó, según consta en la causa, que el entonces secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta, Pablo Gauffín, lo iba a llamar para "coordinar la elaboración de una factura similar a la que hizo previamente, utilizando la compañía DAL BORGO para evitar pagar IVA". 

Siguen las apelaciones 

Huergo tiene ya dos procesamientos, el de la Justicia Federal, por la evasión impositiva, y otro en la Justicia provincial, por un fraude la empresa Lusal, causa en la que se requirió la realización del juicio oral. 

El procesamiento dictado por Bavio el 29 de junio también fue apelado, y se espera que en breve se realice la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones. 

Por otro lado, el 5 de junio pasado, en el ámbito de la justicia provincial, la entonces fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, requirió al Juzgado de Garantías 5 que se eleve a juicio una causa en la que Huergo está acusado por administración fraudulenta porque se sospecha que se aprovechó de su condición de director de Lusal, que tiene a su cargo el alumbrado público en la ciudad de Salta, y dispuso de fondos de la firma en beneficio personal y de su propia empresa, Arcadio SRL.