Más de 90 personas contratadas como monotributistas por el gobierno provincial desde hace unos dos años se quedaron sin trabajo desde el 30 de junio pasado. Ese día se dio fin al programa de Acompañamiento Familiar en Contexto Rural instaurado por el desaparecido Ministerio de Primera Infancia. Con el cambio de Gobierno, el programa fue absorbido por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a cargo de Verónica Figueroa, y fue dado de baja definitivamente el 30 de junio. 

A quienes trabajaban en el programa les deben aún los sueldos de abril, mayo y junio. Son $14.400 por mes que se les pagaba a veces acumulando la cifra total cada tres o cuatro meses. A los trabajadores también se les acumularon las deudas con la AFIP y la DGR, a un punto que ahora será difícil de afrontar, pues sostuvieron que en algunos casos las deudas llegan a los $40 mil.

El trabajo de acompañamiento lo hacían trabajadores de comunidades indígenas y criollas que además de recibir capacitación, fortalecían a los grupos familiares en temas de salud. Recorrían comunidades rurales de los departamentos Rivadavia y San Martín en los que a la crisis por la pandemia de la Covid-19 se suma la emergencia socio sanitaria por el fallecimiento de niños y niñas (en su mayoría wichís) de estas zonas por causas evitables.

“Íbamos a las comunidades a trabajar con niños desde los 3 meses a los 6 años”, contó a Salta/12 Magín Torres, de la comunidad wichí Pozo el Tigre. En su caso, había chicos que no iban a la escuela, por lo que se acercaban a hacer un acompañamiento y poder trabajar en la alimentación de los niños, empoderando a la familia. 

Torres también tenía a su cargo la situación de las familias de Vertiente Chica, y para llegar hasta el lugar debía recorrer 35 kilómetros en su moto. El combustible corría también a su cargo. En marzo los acompañantes educativos rurales hicieron una protesta porque, como ahora, les adeudaban tres meses de sueldo. En esa semana no visitó Vertiente Chica, y fue cuando en dos días fallecieron dos hermanitos a causa de la desnutrición. “Siempre teníamos cruces con Salud porque advertíamos que los agentes sanitarios no estaban yendo en algunos lugares. O que se llevaban los carné de los chicos y no los devolvían hasta volver mucho tiempo después”, contó. 

Los acompañantes rurales también eran los que advertían que faltaba la leche en las comunidades. Su trabajo consistía en ir tres días de la semana por las comunidades y dos, capacitarse vía redes sociales. Para ello, debían viajar hasta el pueblo de Santa Victoria Este para tener señal de internet o telefonía y poder recibir las directivas del programa.

Encargados de la entrega de módulos

“Se nos adeuda tres meses con un sueldo muy bajo que no cubrirá la deuda que tenemos en AFIP y DGR que no podemos dar de baja, generando así el aumento de la misma en el mes de agosto”, sostuvieron los acompañantes educativos rurales, al indicar que una de las recomendaciones administrativas del gobierno provincial fue que no se den de baja el monotributo al menos hasta que se les termine de pagar lo adeudado.

Pero el dinero que se cobre “no va a alcanzar a solventar gastos. Le solicitamos también alguna ayuda para que nos gestionen soluciones posibles por las deudas de los impuestos mencionados, pero no obtuvimos respuestas”, agregaron en la nota enviada a la ministra Figueroa.

Añadieron que a raíz de la crisis socio sanitaria del norte provincial “se nos sumó trabajar jornadas largas para la entrega de módulos alimentarios en las comunidades con el programa focalizado, con el compromiso de que se nos abonaría, esto desde el mes de marzo y hasta la fecha tampoco se nos abonó”.

La promesa que habían recibido era que iban a ser absorbidos por el programa UNIR, un convenio que se firmó con el actual gobierno nacional. Pero hasta la fecha “tampoco hay novedades” y la espera es “aún más desesperante porque no tenemos ninguna posibilidad laboral en medio de este contexto que agrava cada vez más nuestra situación económica”, agregaron.

Ayer se consultó al Ministerio de Desarrollo Social sobre la situación y la respuesta fue que “el programa concluyó en junio” y que su “tiempo de vigencia (...) se ajustó a lo establecido en la gestión anterior”. Se afirmó que “los ex acompañantes educativos están al tanto del proceso administrativo para el cobro próximo a efectuarse”. Sin embargo, hay quienes sostienen que el trabajo que realizan los trabajadores continúa siendo necesario en este contexto.