El fallo de la Corte Suprema que estableció que los jueces deben jubilarse a los 75 años empezó a provocar sus primeros efectos. El Consejo de la Magistratura envió notas a 27 jueces que, según los datos con que cuenta el organismo, superan la edad jubilatoria. Allí les pide que informen a lo sumo en 24 horas si promovieron alguna acción judicial para seguir en el cargo y en qué estado está el trámite. De la decisión suprema se desprende que sólo quienes tienen sentencia firme podrán seguir en sus puestos. De todos modos, la notificación del cuerpo ya es interpretada en tribunales como una advertencia para que todos dejen sus cargos si superan la edad en cuestión.

Uno de los factores que llevaron al Consejo a poner el pie en el acelerador con este tema es que el fallo de la Corte fue publicado ayer mismo en el Boletín Oficial. En uno de sus párrafos finales dice que, si después de esa publicación un juez mayor de 75 años sigue dictando sentencias o adoptando medidas, sus decisiones podrán ser nulas. La nota enviada a los jueces está firmada solo por la presidenta del cuerpo, la abogada Adriana Donato, quien fue cuestionada por el consejero Rodolfo Tailhade: el diputado del FpV consideró que Donato no tiene facultades para adoptar esa medida. Ella consideró que es un simple pedido de información, y siguió adelante. Lo que tiene planeado el oficialismo del Consejo una vez que reciba la información es intimar a los jueces que no tengan amparo firme para que se jubilen.

“La Corte nos exhortó a tomar las medidas necesarias para garantizar la vigencia del artículo 99 inciso 45 de la Constitución. Pienso, de todos modos, que la responsabilidad frente a un fallo de la Corte es de los propios jueces: si pasan los 75 deberían jubilarse sin que nadie les pida nada, o pedir que el Senado les dé un nuevo acuerdo por cinco años más”, le dijo Donato a PáginaI12.

Quien ya presentó la renuncia fue el camarista federal de La Plata Leopoldo Schiffrin, protagonista del expediente sobre el cual falló la Corte Suprema. Schiffrin había conseguido sentencias a favor en primera y segunda instancias, que reiteraban la llamada “doctrina Fayt”, vigente hasta ahora: era el fallo que había respaldado en 1999, con los votos de la mayoría automática menemista, la continuidad del fallecido Carlos Fayt, con el argumento de que consideraban nula la reforma que especificaba el límite de 75 años y la necesidad de un nuevo acuerdo del Senado para continuar cinco años más. Los entonces supremos decían que la convención constituyente se había extralimitado al incluir esa modificación. El fallo de esta semana, que firmaron Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, avala aquella reforma y las facultades amplias de la constituyente. Incluso dice que no afecta la garantía de inamovilidad e independencia de los jueces. Carlos Rosenkrantz firmó en disidencia, sosteniendo la vieja escuela Fayt y Elena Highton no votó, porque ella impulsó su propio reclamo, que ganó y quedó firme ante la falta de apelación del Estado. En cambio, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Estado sí había presentado un recurso en el caso de Schiffrin.

Al llevar la renuncia, Schiffrin se reunió con Garavano y se mostró algo molesto porque cree que el fallo, o la oportunidad, es fruto de peleas internas en la Corte. Su expediente llevaba cerca de cinco años. Quien también atribuyó un cariz político al fallo fue la jueza electoral porteña María Servini de Cubría: dijo que estuvo “digitado” en su contra, en especial por algunos expedientes que tiene en trámite, como una denuncia de Elisa Carrió por la que se investigan maniobras con cheques de la AFA, en las que habría participado una mutual de Rafaela con la que podría estar involucrada la familia de Lorenzetti. Servini, de 80 años, de todos modos, es una de las pocas juezas que tiene una sentencia a su favor para quedarse. En la lista de jueces notificados ayer están también el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, el camarista de Casación Pedro David y el camarista en lo penal Económico Edmundo Hendler. Los notificados habrían sido 27, pero al parecer son más los que pasaron los 75 años.