La audiencia de ayer en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA transcurrió sin representación del ministerio de Justicia. Tal como anticipó PáginaI12, los abogados del Estado presentaron su renuncia porque denuncian que la cartera a cargo de Germán Garavano pretende que dejen de acusar a los imputados de haber sembrado pistas falsas en la pesquisa que terminó en un juicio oral sin condenas, desde el ex presidente Carlos Menem hasta el ex juez Juan José Galeano, pasando por los jefes de la SIDE Hugo Anzorregui, Juan Carlos Anchezar y Patricio Pfinnen, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el ex jefe policial Jorge “El Fino” Palacios y Carlos Telleldín. Este diario anticipó ayer que la abogada Mariana Stilman presentaría su dimisión por diferencias éticas y morales relacionadas al rol activo que debe tener la querella del ministerio de Justicia para buscar la verdad de las graves irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno y judiciales hace 20 años. A la renuncia de Stilman se sumó la de su colega, el abogado Ezequiel Strajman, quien era parte de la querella aún antes del inicio del juicio oral, y que en su carta de dimisión explicó que tomó la decisión por considerar inadmisible que el ministro Garavano le haya indicado personalmente que no podía intervenir más en este proceso judicial, como así tampoco asistir a las audiencias.
Habían pasado algunos minutos luego de las 10.30, antes de que el presidente del Tribunal Oral Federal 2 hiciera ingresar al testigo del día, cuando Rodrigo Borda, abogado representante de la querella de Memoria Activa, pidió que sean presentadas a las partes copias certificadas de las renuncias de los letrados Stilman y Strajman.
Este diario adelantó la decisión de Stilman. Ayer se conoció la de Strajman. “Las explicaciones (de Garavano) que se me expusieron de manera informal son manifiestamente infundadas y arbitrarias”, dijo el abogado en la carta que dirigió al titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla.
Strajman señaló que el cambio en la política hacia los acusados de encubrir el atentado a la AMIA le “genera un profundo malestar moral, a la vez que implica un cambio sustancial en las condiciones en las que vengo ejerciendo la función de abogado apoderado de la querella de este ministerio, que vuelve de imposible cumplimiento el mandato que me fuera oportunamente conferido, todo lo cual me fuerza a renunciar al poder legal que se me otorgó para representar al ministerio de Justicia y Derechos Humanos tanto en este debate como en todas las causas vinculadas a las irregularidades cometidas en la investigación del atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA”. El abogado destacó que a pesar de las sucesivas renuncias de todos los abogados que pasaron por esa querella, luego del cambio de gobierno, él decidió seguir por su compromiso con el trabajo, que fue reconocido por los familiares de las víctimas del atentado “quienes exigen que el Estado argentino cumpla con su obligación de esclarecer las enormes irregularidades que se han cometido en el curso de esta investigación, y que se sancione a los responsables”
“La gravedad del contenido de esas renuncias merece su publicidad y llevan a una preocupación de Memoria Activa respecto al direccionamiento que está tomando la querella que representa al Estado Argentino en este juicio”, dijo Rodrigo Borda, abogado de esa agrupación. “En las cartas presentadas a Garavano, que se adjuntan a las renuncias, se mencionan presiones y se plantea la posibilidad de que el Ministerio termine representando intereses opuestos a la búsqueda de justicia”.
Según explicó Borda, esos planteos implican además una violación del decreto 812/2005, donde el Estado se comprometió a mantener y fortalecer una unidad AMIA que persiga la verdad y la justicia. “En este sentido que desde Memoria Activa impondremos las denuncias pertinentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, anticipó el abogado.
En los mismos términos Juan Manuel Ubeira, abogado de los ex policías, advirtió a los jueces acerca de su deber de velar por las partes y la observancia atenta del proceso.
Por otra parte, el actual apoderado del Ministerio, Miguel Inchausti, designado para cumplir con la tarea de no tener un rol activo en la querella, se presentó entre las 10.30 y las 11.53 en la audiencia de ayer, de modo tal que la querella quedó sin representación durante toda la jornada, que duró hasta las 16.
Tal como lo había hecho la semana pasada en dos oportunidades, ayer volvió a testimoniar Claudio Lifschitz, quien comenzó respondiendo sobre su conocimiento respecto de coacciones a policías bonaerenses para que declararan contra el ex comisario Juan José Ribelli. Lifschitz recordó a Alejandro Burguete, agente que quedó en libertad tras d Ribelli. “No estuve en esa declaración pero sé que le hicieron ofrecimiento y se le dio un trato diferencial”, recordó.
