Durante los años del gobierno de Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) utilizó los llamados “gastos reservados” para todo tipo de acciones, desde comprar rollos de papel higiénico hasta dudosas operaciones de espionaje. Todo el presupuesto de la central de espionaje eran gastos secretos de esas características con mínimas condiciones de rendición interna. La novedad es que la actual intervención del organismo aprobó un nuevo protocolo para administrar esos fondos y que haya control sobre su utilización. Por ahora, en lo que va de este año, lo que la AFI ejecutó de este tipo de gastos está muy lejos de ser el total del último presupuesto (2600 millones de pesos) ya que representa sól o el 11 por ciento.

Por lo que se desprende de las últimas denuncias judiciales de la interventora Cristina Caamaño, el uso del dinero de la AFI fue un verdadero descontrol. La funcionaria ya denunció, por ejemplo, gastos por 706.616 dólares en la refacción del quinto piso y la oficina de la dirección de la AFI, que ocupaba Gustavo Arribas; la compra de un mástil (para una antena) por 106.855 dólares (pese a que no se permitían tampoco contrataciones en moneda extranjera); obras de reparaciones por 277.000 pesos; la adquisicón de equipamiento para un laboratorio de informática forense a pedido de un juez para actividades que la AFI no realizaba y que no se sabe tampoco donde quedó por 2,3 millones de pesos y 64.505 dólares; entrenamiento para el uso de polígrafos (detectores de mentiras para usar con sus propios empleados) por 50.000 dólares; un evento en Bariloche, con alojamiento en el hotel Llao Llao, por el que se gastaron  157.563 dólares y 828.555 pesos con regalos protocolares incluidos; la compra de equipamiento para comunicaciones por  343.392 dólares, sin contar los famosos 120 teléfonos para usar encriptados. En muchos casos el denominador común es la modalidad de contratación directa y la falta de justificación, por lo que ya avanzan  expedientes judiciales. Pero los gastos secretos tienen otra faceta todavía más oscura relacionada con su uso directamente para ejecutar operaciones de espionaje, no siempre legales, como ya es conocido.

Los gastos reservados siguen existiendo, no es que no sean considerados necesarios, pero además todavía la ley no se modificó y siguen permitidos. Se usan para hacer inteligencia estratégica vinculada a cuestiones de terrorismo, recursos naturales, hidrocarburos, pescal ilegal, para poner algunos ejemplos. Es decir, se los destina --según explican en el organismo-- al tipo de actividades que la AFI se enfoca en la actualidad, donde ya no es ni colaboradora del Poder Judicial, ni hace inteligencia criminal ni espionaje interno. El prespuesto actual, al no haberse aprobado el de 2020, sigue siendo el de 2019, lo que hace más palpable entender que existió un despilfarro y que los usos pudieron haber sido múltiples. A lo que se está apuntando es a transparentar el uso del presupuesto y de los gastos reservados también. 

De los 2600 millones de presupuesto para la AFI, el macrismo manejaba el 99,56 por ciento como reservado, lo que incluía sueldos, por unos 1500 millones. Desde enero hasta ahora fue ejecutado del mismo monto como gastos reservados el 11 por ciento. Lo que determina el nuevo protocolo es un mecanismo para que los directores de áreas justifiquen su requerimiento, que debe ser aprobado por el director o directora del organismo, una directiva de inteligencia y luego una rendición de cuentas que es interna pero prevé un mecanismo de control. Antes, además de que todo era dinero que circulaba para cualquier fin y sin criterios, un director o una directora de área podía pedir fondos para hacer una operación y bastaba con que luego entergara un papel donde se autoevaluaba y decía que había utilizado toda la plata como corresponde. 

El nuevo protocolo, explican en la AFI, "derogó el sistema de rendición de gastos operacionales deescentralizado dispuesto por la gestión precedente" que por carecer de"control, supervisión y rendición" "facilitó maniobras" que fueron denunciadas. Complementa, a la vez, al decrreto 52/19 "que facultó a la interventora de la AFI a modificar partidas confidenciales al mínimo indispensalbe para su funcionamiento". Hoy, aseguran, "el 90 por ciento del presupuesto ejecutado" es de carácter público.