De manera oficial, el ministerio público fiscal determinó que la investigación en torno a qué sucedió con Facundo Astudillo Castro "gira en torno a la desaparición forzada (...) seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.

Por eso, la fiscalía dispuso que "todo lo actuado esté disponible en formato digital para las partes" y que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) coordine todos los estudios periciales. Tal como anticipó Página/12, así será a partir de ahora la metodología de trabajo que busca saldar una primera etapa en la cual los operadores del ministerio público y de la justicia estuvieron alejados, cuando no enfrentados, a la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril, cuyos restos óseos aparecieron en un cangrejal de Villarino Viejo y fueron inhumandos el jueves en Pedro Luro.

Cuando estuvo la Ciudad de Buenos Aires, Cristina Castro, la madre de Facundo, declaró ante Procuración General de la Nación, en un expediente abierto por irregularidades que habría cometido el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, denunciado por los abogados querellantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Al día siguiente, el procurador Eduardo Casal nombró a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, de la Procuraduría de Violencia Institucional y de Ciberdelincuencia respectivamente, para que trabajen con Martínez. Las decisiones, confirmadas este viernes en el sitio fiscales.gob.ar, se tomaron "como parte de los lineamientos acordados con Cristina Castro, sus abogados y la querella institucional en una reunión mantenida el martes".

Desde que el caso ingresó al fuero federal, la familia de Facundo expresó la imposibilidad de acceder a la investigación , tal como informó este diario. Por eso, entre las modificaciones implementadas está la digitalización de las actuaciones para que las partes tengan a su disposición lo que va sucediendo en la pesquisa. Martínez, Heim y Azzolín también resolvieron que la Policía Federal Argentina (PFA) "remita la totalidad de los análisis concluidos e informe el estado de los que se encuentran pendientes a la DATIP". 

Azzolin es titular de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Por su parte, Heim tiene a cargo la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). Ambos fueron designados el 28 de agosto por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, para intervenir en forma conjunta o alternada con Martínez. El martes, los tres mantuvieron un encuentro con la querella particular constituida por la mamá de Facundo, sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto Ithurralde, la representante de la CPM en su carácter de querella institucional, Margarita Jarque, y Malena Derdoy y Paola Rosero, directora de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y coordinadora del área de Violencia Policial de esa dependencia, respectivamente. 

La reunión se celebró un día antes de que la jueza María Gabriela Marrón notificara los resultados del cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En el encuentro, "las partes compartieron puntos de vista y aspectos del curso del proceso y se acordaron lineamientos para su desarrollo y continuidad; se escuchó especialmente a la mamá de Facundo, para quien se puso a disposición la continuidad y refuerzo del acompañamiento que exige el hecho objeto de investigación". Los fiscales marcaron en su decisión que “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.

* En ese sentido, designaron a la DATIP para que concentre y coordine, en lo sucesivo, la totalidad de estudios periciales de todas las especialidades, técnicos y químicos, entre otros, que se hayan dispuesto y concluido, que se encuentren pendientes y aquellos que se proyecten ordenar. Las divisiones de la PFA que están llevando a cabo análisis sobre teléfonos, equipos de geolocalización, inspecciones en espacios físicos y vehículos, libros de guardia policiales, entre otros, deberán remitirle sus informes técnicos en el estado en que se encuentren, “mediante la debida preservación de la cadena de custodia de los objetos, dispositivos y materiales objeto de pericia de que se trate”. De esa manera, será la DATIP quien sistematizará la información y hará consideraciones en el marco de un análisis integral sugerido por la PROCUVIN.

* Para evitar interrupciones o traslados innecesarios, sobre ese punto se aclaró que previamente a su remisión DATIP deberá evaluar “si de acuerdo a los alcances o especificidad de algunos de ellos, su abordaje puede ser afrontado técnicamente” y, en caso contrario, “se informe inmediatamente a la investigación qué gabinete especializado entiende que podría ejecutarlo”. Martínez, Azzolin y Heim también fijaron un cronograma para continuar recibiendo declaraciones testimoniales de manera virtual, que serán grabadas. En caso de ser necesario, quienes testifiquen y lo soliciten podrán contar con el acompañamiento de la DOVIC.

* Asimismo, el equipo fiscal le hizo saber a las partes que se harán las gestiones necesarias para que en lo sucesivo la totalidad del expediente y sus actuaciones anexas estén disponibles “a través del Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales LEX100 y, cuando eso no sea posible, se compartirán los archivos a través del servicio de nube del Ministerio Público Fiscal de la Nación”. Además, se revisará una veintena de peritajes e informes que restan ser examinados, finalizados o realizados; requerimientos de información telefónica de agentes policiales; al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y sobre los móviles que circularon por la Ruta Nacional 3 entre Mayor Buratovich, Teniente Origone y General Daniel Cerri y adyacencias desde el 30 de abril pasado, entre otras.