Desde Caracas

Estados Unidos ha dejado claro que hará lo posible para desconocer y obstaculizar las próximas elecciones legislativas en Venezuela. Así volvió a demostrarlo con la nueva sanción anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonso, el rector José Luis Gutiérrez, y el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz Pedroza. El gobierno venezolano, ante el anuncio, denunció a Washington por “imponer ilegalmente medidas coercitivas unilaterales contras las instituciones democráticas venezolanas (…) procurando interferir en la realización de las elecciones parlamentarias”.

La medida de la OFAC llegó en el día de cierre de las inscripciones de candidaturas ante el CNE, luego de una semana de reveses contra la estrategia abstencionista promovida desde la Casa Blanca y defendida nacionalmente por Juan Guaidó. Uno de esos principales reveses fue la decisión del dirigente Henrique Capriles, anunciada de manera pública, de apostar por las parlamentarias.

Capriles no fue el único. Stalin González, quien era parte del núcleo cercano a Guaidó, anunció su alejamiento de su partido, Un Nuevo Tiempo, para apostar por la contienda. Esos cambios de posición -insinuados con anterioridad- vinieron a confirmar que una parte creciente de la oposición venezolana no solamente descree de la opción abstencionista, sino que ha tomado distancia de la estrategia diseñada desde Estados Unidos.

Los diferentes voceros de la administración Trump han intentado maniobrar ante este escenario adverso. El día anterior a las sanciones de la OFAC, James Story, por ejemplo, quien está al frente de la “embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela”, realizó una transmisión en vivo el jueves con Guaidó para subrayar que lo seguirán apoyando, aún después de las legislativas, “y la comunidad internacional también”.

Durante la transmisión conjunta fue anunciado que Estados Unidos podría declarar a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) -cuerpo policial venezolano- como una “organización terrorista”, algo que está sobre la mesa desde el año pasado, y realizar un acuerdo entre la Agencia de Control de Drogas (DEA) y Guaidó.

Estos anuncios intentaron revitalizar una hoja de ruta que para muchos ya se agotó, y que es, además, incierta o contradictoria: Donald Trump no puso de relieve a Venezuela en su discurso en la Convención Republicana, Elliot Abrams descartó una intervención, y en simultáneo existen voces más duras desde Florida, como la de Marco Rubio, y Story volvió a afirmar que “todas las opciones están sobre la mesa”.

Para un sector cada vez más grande de la oposición abstenerse ya no es una opción, tanto en vista de las legislativas, donde el número de diputados a ser electos pasó de 167 a 277, como en vista de las elecciones a alcaldes y gobernadores que vendrán más adelante. Esas fuerzas de oposición, que por el momento no cuentan con una plataforma común, han inscrito a sus candidatos ante el CNE.

También el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inscribió sus candidaturas, entre las cuales figuran las de los dirigentes Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Iris Varela. La lista incluyó a los candidatos y candidatas de 9 partidos aliados, en un contexto en el cual existieron tensiones con varios partidos, como Patria Para Todos, ya que el Tribunal Supremo de Justicia sustituyó a su junta directiva debido a una demanda interna, algo que sucedió con otros partidos más.

A tres meses de la contienda el mapa interno ha quedado en gran parte aclarado. Sin embargo, no significa que las aguas se calmen. No solamente por las sanciones que vendrán, sino por la trama de operaciones encubiertas. El último hecho fue la denuncia del presidente Iván Duque, quien afirmó que 4 personas capturas en Colombia tratando de “estructurar operaciones de desestabilización” estaban “presuntamente promovidas y financiadas” por Maduro.

Sin embargo, como mostró el gobierno venezolano, las personas detenidas fueron parte de manera notoria de dos intentos de golpe en Venezuela: el atentado contra Maduro de agosto de 2018 y la reciente Operación Gedeón, en mayo, con la participación de integrantes de la contratista militar estadounidense Silvercorp y desertores militares venezolanos. La acusación de Duque resulta así inverosímil. ¿Por qué la realizó? Es la pregunta que aún no tiene respuesta segura.

Las próximas semanas y meses serán centrales dentro de un conflicto complejo, que tiene la oportunidad de regresar mayoritariamente a carriles electorales. Estados Unidos reafirmó que buscará impedirlo. La Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, invitadas por el gobierno para el 6 de diciembre, podrían ser un actor importante para aportar a estabilizar el camino democrático y dejar con menos espacio a factores golpistas.