La referenta y articuladora de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Mónica Menini denunció que hay una niña de 12 años víctima de violación y embarazada en la localidad de Las Lajitas y que no se aplicó el protocolo correspondiente para estas situaciones desde el sistema de salud ni hubo una correcta intervención por parte del sistema de protección para la infancia y adolescencia desde el Estado salteño. 

Activistas feministas solicitaron que la nena sea trasladada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta para que la asista un equipo especializado que pueda explicarle los riesgos del embarazo y el derecho a la ILE ya que en el hospital local todo el personal médico es objetor de conciencia.

El director del Hospital Esperanza Burgos de Aguirre, Claudio Nuñez, informó que la nena quiere continuar con el embarazo y que esta semana hubo una reunión entre la asesora de incapaces María Susana Zenzano Poma, con una pediatra, la niña y su mamá en la que les explicaron los riesgos.

Menini señaló a Salta/12 que desde los organismos estatales intervinientes se ha naturalizado que haya una niña madre y la respuesta ha sido que tenía "una relación sentimental" con el abusador y que ella "consintió" tener al bebé.

"Se ha vuelto sistemático que ante niñas embarazadas los hospitales del interior no levantan las alertas que se exigen por protocolo. Naturalizan el embarazo de niñas, que son producto de violaciones. Ante la niña de Las Lajitas estamos esperando que actúe la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa de Adolescencia y que el sistema de salud haga una derivación a un equipo especializado del Hospital Materno Infantil", dijo Menini. 

Núñez sostuvo que no ha recibido ningún pedido para trasladar a la nena a la Capital. Afirmó que en el hospital local no se aplica la ILE porque todo el personal médico es objetor de conciencia. Tampoco cuenta con especialistas en ginecología ni obstetricia. Ante el caso de personas que solicitan la ILE, dijo que solo realizan la ecografía y derivan para una entrevista psicológica en el Hospital Oscar H. Costas de Joaquín V. González. 

El director de este Hospital, cabecera del departamento Anta, Eduardo Acuña, informó a Salta/12 que allí tampoco aplican la ILE porque el personal médico también es objetor de conciencia. Aseguró que cumplen con las derivaciones a la Capital.

Menini explicó que los embarazos en niñas son de alto riesgo y hay evidencia científica de esto. Detalló que existe el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) que trabaja con niñas menores de 14 años que han sido víctimas de violación y planteó que el Hospital de Las Lajitas debía haber alertado que había una niña violada y embarazada y tendría que haber realizado el traslado a la Capital ya que el personal médico objetor no puede garantizar que tenga acceso a la correcta información, científica y laica que se requiere ante este caso. 

Se estima que la niña tiene siete semanas de embarazo. El acusado de violación es un hombre de 27 años, quien se encuentra detenido. Salta/12 consultó al Ministerio Público Fiscal, a la Asesoría General de Incapaces, al Área de la Mujer de Joaquín Víctor González, al Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVcM), los organismos oficiales reiteraron que la niña  "decidió" tener al bebé.

La encargada del Área de la Mujer de Joaquín V. González, Valeria Jaime, explicó que interviene por pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y aseguró que le había informado a la niña y a su madre sobre el derecho a la ILE. 

Sin embargo, la funcionaria dijo que la niña y la mamá firmaron un "consentimiento" en el que manifiestan voluntad de que continúe el embarazo. Sostuvo que las hermanas adolescentes de la nena ya son madres y tienen parejas mayores que ellas. También dijo que la nena tenía "una relación sentimental" con el hombre acusado de violación.

"En Argentina cada 3 horas está pariendo una niña de entre 10 y 14 años", indicó Menini. Dijo que un gran número de esas niñas madres son salteñas y que es necesario cuestionarse por qué ocurre esto. "Todas son violadas, porque nuestra ley dice que no se puede dar consentimiento (sexual) antes de los 13 años. La cultura salteña y la anteña en este caso, está aceptando lo que para el derecho argentino es violación. La está naturalizando cuando dice que son noviazgos de niñas con personas adultas. Dentro del sistema de protección nadie puede poner en tela de juicio que estamos hablando de una violación", aseveró Menini.

"No puede ser que los equipos objetores de conciencia sean los que digan que la niña ha decidido seguir con el embarazo. En el departamento de Anta el sistema de salud viene demostrando que es objetor de conciencia, con ello obstaculiza las prácticas de ILE. Es común y sistemático el traslado y derivación, cuando una persona adulta pide este derecho. Que deriven entonces en todos los casos", manifestó Menini.

Añadió que la única forma en que se develan estos casos y en que las mujeres y personas gestantes tienen acceso a sus derechos es "de la mano del activismo". "En Anta en plena pandemia no hay dentro del sistema de salud médicos o médicas que garanticen la práctica de ILE", sostuvo.

Menini consideró que el sistema de protección en Salta no protege, no se cumple y por ello hay un alto índice de maternidad de niñas entre 10 y 14 años. "La única que sabía que el caso existía era la Secretaría de Derechos Humanos cuando es un caso que debe estar en manos de la Secretaría de Niñez y familia", detalló Menini. 

El 27 de agosto, mientras la auxiliar fiscal Luciana Moyano y la encargada del Área de la Mujer aseguraban que la niña estaba contenida por una psicóloga y que tenía acompañamiento, una joven feminista hizo lo que no hacían los organismos estatales, se acercó a la casa familiar de la niña y la vio golpeada.

En ese momento le informaron a la asesora de Incapaces de Joaquín V. González, pero estaba en la capital salteña y les señaló que recién el lunes podría ver el caso de la niña cuando regresara a sus funciones. Un joven activista de la localidad se contactó con el diputado Marcelo Paz para solicitarle que interviniera y recién comenzaron a actuar algunos de los organismos como el Área de la Mujer y la dependencia de la Fiscalía de Las Lajitas. Desde la justicia dispusieron la exclusión del hogar del padre de la niña, quien la había golpeado.

Menini dijo que un equipo especializado tiene que verificar cuál fue la información que recibió la nena. Razonó que si los objetores intentan convencer a mujeres adultas de continuar los embarazos, lo harán también con una niña. La referenta indicó que todas las causales se dan para que la niña tenga el acceso a la ILE. "Es un embarazo producto de una violación, está en riesgo su salud integral y su vida", precisó.

Menini insistió en que la nena debe tener acceso a la información de forma laica, certera, precisa y clara.