En el celular del espía Leandro Araque aparecen informes de todos los colores. Que “Cecilia Moreau (la hija de Leopoldo) está negociando el acercamiento de Sergio Massa con Cristina”. Que el obispo Jorge Lugones “fue encargado por el Papa Francisco para poner a la iglesia contra el gobierno (de Mauricio Macri)”. Que “Horacio Rodríguez Larreta está operando en el gremio de Comercio, de la mano de Alfredo Coto”. El 15 de agosto de 2018, que “Camión senior (Hugo Moyano) está gravísimo. Tuvo un ACV. Es cierto que nos sirve más preso”. “Averiguame si CFK viajó a Neuquén”; “Ramona (Graciela Camaño) conversa con Vidal para armar algo contra Mauricio”. Que “hay que terminarle las cosas a Majul de los carteles para antes del programa”. El espía Araque tendrá que dar explicaciones sobre todo eso y mucho más este lunes a las 10.30, pero dirá que no puede declarar nada porque no se garantizó la cadena de custodia del Samsung 7. No reconocerá el celular como propio. Se trata, obviamente, de una maniobra procesal.

El espía, expolicía de la Ciudad, integrante del grupo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) conocido como Súper Mario Bros, fue convocado por el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. La acusación no es menor: “haber conformado una organización criminal desde el aparato del estado, en especial desde el Poder Ejecutivo, a partir de la Agencia Federal de Inteligencia, concretando operaciones de espionaje ilegal”.

Araque y su abogado defensor, Fernando Sicilia, apuestan a no responder sobre el contenido y a cuestionar el manejo del expediente, en especial cuando estuvo en manos del juez Federico Villena. Pero todo indica que la mayor apuesta de todas es que la causa viaje a Comodoro Py donde, ya se sabe, el aparato político, de inteligencia, judicial y mediático, alineado con Cambiemos, juega de local. El centro de la declaración de Araque será que el Samsung 7 fue manipulado y que no contestará nada sobre lo que se encontró. El celular fue secuestrado originalmente en otro expediente en que se investigó a la esposa de Araque por un dinero faltante en un operativo antidrogas. Cuando estalló el escándalo del espionaje ilegal, el teléfono viajó del juzgado de Daniel Rafecas a Lomas de Zamora y en ese proceso, dicen Araque y Cecilia, se hizo la manipulación. Ahora Araque alegará que no se hace responsable sobre el contenido, pero está claro que el material es contundente: centenares de fotos, informes, chats y una cantidad de información rudimentaria, torpe, muy propia de policías puestos a hacer espionaje. De hecho, hasta terminaron grabando a sus propios jefes.

Esta es la segunda indagatoria de Araque y, aunque ahora se atendrá a objeciones procesales, su línea de defensa fue achacarle toda la actividad ilegal a sus superiores, en especial a Alan Ruiz, el jefe de Operaciones Especiales de la AFI. Y a su turno, los titulares de la central de espías, cuando les toque el turno en octubre, alegarán que lo que hicieron fue por órdenes judiciales. Pero hay evidencias de que se espió a dirigentes políticos opositores y oficialistas para saber qué estrategia tenían en el terreno electoral, sindical y social.

El diseño de las operaciones no es burdo, lo que resultó burdo fue la ejecución:

* Cristina, por supuesto, era el objetivo principal. El vínculo con Massa, a través de Cecilia Moreau; una delegación de venezolanos que la habría visitado, un viaje a Neuquén para apoyar candidatos, las reuniones con dirigentes, los allanamientos, las causas. Todo figura en los informes.

* Hay muchos seguimientos a figuras de Cambiemos, empezando por Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal. Lo que monitoreaban es que esas figuras supuestamente ensayaban alternativas al liderazgo y la candidatura de Macri. Pero el espionaje no se concentró sólo en el tema político: les buscaron “negocios”, amantes y reuniones ocultas.

* Se espió a Graciela Camaño por ser del riñón de Massa y porque mantenía reuniones con funcionarios vinculados a la Embajada de Estados Unidos. También estaba la idea de que Camaño, junto a Vidal, podían armar una corriente contra Macri y su mano derecha, Marcos Peña.

* Luis Barrionuevo, marido de Camaño, apareció en el radar porque “opera para Macri”, decían los espías. “Por eso lo pusieron como interventor del PJ”, se afirmó en un chat. Pero se ve que no le confiaban mucho, porque también se concretaron seguimientos.

* El obispo Lugones, junto a su sobrino, el exintendente de La Plata, Pablo Bruera, fueron seguidos y vigilados porque según los agentes eran los encargados de articular a los movimientos sociales contra el gobierno, por orden del papa Francisco.

* Los Moyano aparecen como una gran obsesión, al punto que los siguieron en numerosas oportunidades, con autos y motos. Los espías hasta hablaron con enfermeros y médicos en el momento en que lo internaron, según ellos porque había sufrido un ACV y estaba gravísimo. Después, el espionaje lo ubica en la organización de la marcha contra la reforma jubilatoria y los agentes aseguran que los Moyano usaban a barras bravas de Independiente combinándolos con los de Racing.

* Sobre el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon también realizaron seguimientos. Sacaron fotos de su vehículo y su vivienda y les dieron la instrucción de averiguar qué fue a hacer a Comodoro Py. Todo giraba en torno a la obra del soterramiento del Sarmiento y la constructora Odebrecht, socia del Grupo Macri. Además, en Brasil la empresa admitió el pago de coimas en la Argentina.

* En determinado momento, todos los agentes parecieron trabajar para determinar quién pegó carteles contra el periodista Luis Majul. Los chats estuvieron centrados en apurarse que las imágenes y los informes estuvieran a tiempo para el programa.

En realidad, gran parte de las indagatorias giran en torno al origen de las órdenes. A simple vista, parece evidente que todo partía de Mauricio Macri, al punto que en determinado momento los propios espías lo deducen. Comentan un titular de Clarín en el que se menciona que Macri llegó a un acuerdo con Monzó y el mismo día les ordenaron levantar todo el espionaje sobre el entonces presidente de la Cámara baja.

El mismo hilo conductor surge de la orden de espiar a Florencia Macri, hermana del ex presidente, y su pareja Salvatore Pica. Por lo que surge de los celulares, se pretendía averiguar cuál era la situación sentimental de ambos y también las actividades económicas de Pica, que ocupaba puestos en dos empresas del Grupo Macri. En algún momento se mencionó que Pica podía estar involucrado en contrabando o incluso en narcotráfico, pero eso no surge de los chats. Todo hace pensar que esa operación sólo podía interesarle a Macri.

Parece evidente que el juez Auge tiene un ojo puesto en el ex mandatario, porque en la acusación que se le lee a los imputados hace alusión al destino de los informes ilegales. Sostiene que Darío Nieto, el secretario de Macri, “era un canal subsidiario, pero no por eso menos importante, de la transmisión ilegal de información conseguida ilegalmente”. O sea que existían dos caminos hacia Macri. El oficial, a través de Gustavo Arribas, y el subsidiario que iba de los agentes a la coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, de ella a Nieto y de Nieto a Macri. El magistrado lo menciona específicamente con los datos que todos buscan –en La Matanza, Avellaneda y otros puntos– sobre la movilización opositora de diciembre de 2017 en ocasión de la reforma previsional. Nieto deberá declarar el 6 octubre y luego terminarán Silvia Majdalani el 8 de octubre y Arribas el 9.

La fórmula de Augé es la habitual en estas investigaciones: quedan para el final los imputados más importantes.