-¿O sea que sorprendieron al narcotraficante Mario Segovia armando algo parecido a una bomba y por eso lo trasladaron con los ex funcionarios y empresarios?-, preguntó el diputado.

-Sí, así fue- contestó Sonia Alvarez, ex jefa del penal de Ezeiza.

-¿Usted mezclaba políticos y empresarios con narcotraficantes y presos de alta peligrosidad? ¿Le parece lógico?

-Bueno, la orden no fue mía. Fue de arriba y por órdenes judiciales.

-¿Usted vio las órdenes judiciales?

-No. Vi ahora algunas después de ir a declarar.

-¿Y por la presencia del narco Segovia se instalaron cámaras en todo el módulo y se escucharon los diálogos de los detenidos con sus abogados y familiares?

-Le repito que fueron órdenes superiores y órdenes judiciales

-¿Pero usted, directora del penal, no podía exigir que le muestren las órdenes?

-No, ¿le parece que iba a hacerme despedir por impedir el trabajo de Inteligencia del Servicio Penitenciario? No, no.

El diálogo no es literal pero es absolutamente fiel y resume parte de las frases que se escucharon en la declaración presentada por Sonia Alvarez, ex directora del penal de Ezeiza, ante los diputados y senadores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia que preside Leopoldo Moreau. En la audiencia participaron los opositores José Cano y Cristian Ritondo y los oficialistas Eduardo Valdéz, Rodolfo Tailhade y Martín Doñate. Las larguísimas exposiciones de Alvarez y el director General del Cuerpo Penitenciario, Juan Carlos Lafuente, dejaron como saldo varias conclusiones:

*Que había cámaras en algunas celdas y en los lugares comunes, donde los políticos y empresarios hablaban con sus abogados y familias.

*Que para instalar los sistemas de vigilancia se adujo que había órdenes judiciales. Que para conseguir las órdenes judiciales mudaron a narcos al módulo donde estaban los políticos y empresarios.

*Que las órdenes venían "de arriba", o sea del bloque que conformaron los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los jefes del Servicio Penitenciario y las cabezas del Ministerio de Justicia, que manejó los "arrepentidos"

Alvarez y Lafuente no lo dijeron, pero la conclusión que cae de maduro es que todas las operaciones se hicieron para armar causas judiciales y presionar a los detenidos para que declararan contra Cristina Kirchner y sus funcionarios. También estuvo el objetivo de quedarse con las empresas de los empresarios detenidos, porque se ordenaba informar discrepancias entre los socios o problemas en las compañías. Está claro, además, que parte del material originado en el espionaje ilegal se le pasó a los medios adictos para presionar aún más a los que estaban en el Módulo 6. Finalmente, parece inconcebible que semejante comunión de organismos y funcionarios en esas operaciones ilegales se haya hecho sin un mandato explícito o implícito de la Casa Rosada.