"Queremos contarle que hemos presentado esta carta a diferentes organismos y ministerios del Estado: INADI, INAI, Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de DDHH. Mientras el tiempo pasa, estos párrafos finales suman urgencias, suman voces de desesperación, tristeza y también lucha y solidaridad", reseña en sus párrafos finales la "Carta de comunidades indígenas del norte salteño" dirigada al presidente Alberto Fernández denunciando "segregación racial y vulneración de derechos"

La carta hace un repaso de la situación de los habitantes originarios en el norte salteño, las dificultades históricas para acceder a salud, educación, información, agua segura, ambiente, y denuncia el estado de vulnerabilidad que los encuentra para enfrentar la pandemia de la Covid-19. 

"Estos últimos días lamentamos la pérdida de la vida no sólo de la niña de nueve meses, sino de seis personas más en el municipio de Santa Victoria". "Le pedimos que no asista indiferente a un genocidio que se edifica lentamente como consecuencia de una política económica, social y sanitaria criminal, cada una de nuestras vidas debe ser irrenunciable: somos presente y futuro. Necesitamos ayuda sanitaria acorde a la urgencia, la gravedad, y la complejidad de nuestro territorio", pide tras recordar que el intendente Rojelio Nerón, también integrante del Pueblo Wichí, viene denunciando la falta de recursos para afrontar la pandemia.

Precisamente, ayer el jefe comunal hizo un recorrido por puestos de salud de comunidades de la jurisdicción de Santa Victoria Este. En Las Vertientes "cuenta con tan solo 2 dipironas para afrontar el fin de semana hasta el día lunes", informó Roberto González, referente de Misión La Paz, quien acompañó al intendente. Dijo que ellos mismos pudieron comprobar que el tubo de oxígeno no anda. 

En el puesto de Misión La Paz, que atiende a comunidades de los parajes La Bolsa, Kilómetro 1, Kilómetro 2, La Gracia, Las Estrellas, San Anselmo, entre otros, tampoco había medicamentos. Igual que en el puesto de la Comunidad San Luis.

Por otro lado, ayer se informó de la llegada de insumos para el Hospital de Santa Victoria Este, pero, fuera de las fotografías que muestran la descarga de colchones, no hubo información oficial, ni se atendieron las consultas de Salta/12. 

La carta, de la que participaron 35 comunidades indígenas, dos organizaciones originarias de segundo grado, la Asociación del Consejo de Caciques de los Pueblos Weenhayek y el Movimiento Indígena de liberación: Territorio y dignidad,  y varias organizaciones sociales y de derechos humanos de distintos puntos del país, entre ellas la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argentino de la Universidad Nacional de Salta, repasa la realidad de los tres departamentos del norte salteño, Rivadavia, General San Martín y Orán, sobre todo los dos primeros, que concentran más habitantes indígenas desperdigados en parajes distanciados entre sí y de los centros urbanos. "El aislamiento no es sólo geográfico, sino que nos encontramos aislados y aisladas de condiciones dignas de vida", afirma.

El escrito critica la actuación del Estado en todos sus niveles respecto de los pueblos originarios. "Queremos contarle", dice, dirigiéndose al Presidente, "que hemos realizado múltiples denuncias en medios locales y nacionales, que hemos hablado con funcionarios regionales y provinciales, que toman nota o prometen llamar, hacen un seguimiento de unos días pero nada cambia. Queremos contarle que esta situación es de mucho tiempo, tanto tiempo que podemos ya llamarle segregación racial, étnica, cultural, política, lingüística y sanitaria, por supuesto"

Comer también es salud 

"La segregación que sufren nuestras comunidades también hace que tengamos más problemas de salud muchas veces. La alimentación digna es una de las condiciones para tener buena salud, el acceso al agua potable es una de las condiciones para tener buena salud, buena atención sanitaria es una de las condiciones para tener buena salud." Afirma la carta al referirse a la inferioridad de condiciones con que los pueblos originarios afrontan la pandemia. 

En el mismo sentido recuerda que los niños y niñas indígenas "sufren las consecuencias de esto y lo pagan muchas veces con la muerte". En las comunidades "hay un alto porcentaje de tuberculosis, desnutrición, anemia, diabetes, parasitosis, HIV, leucemia, cáncer, infecciones de la piel, chagas, sarna. El Dengue endémico implica que la mayoría de nuestras comunidades lo curse hasta dos veces una misma persona, que las enfermedades de la piel se hayan generalizado en nuestros niñes. Nuestros niñes discapacitades sobreviven sin asistencia sanitaria ni social".

"Es muy difícil que muchos y muchas de nosotros podamos acceder a una unidad de cuidados intensivos o a un respirador, debido a la distancia al único hospital de complejidad 4 para 230 mil habitantes y solo 13 respiradores ya en ocupación total, no hay terapia intensiva Infantil por eso lamentamos la muerte de una bebé de 9 meses por COVID19 que por otro lado tuvo que recorrer 163 km al hospital", destaca sobre las actuales circunstancias. 

El texto también recuerda que los territorios ancestrales "están permanentemente amenazados por desalojos, deforestación, fumigados con agrotóxicos. El Estado no puede ser cómplice una vez más de la vulneración de derechos humanos, es más, no tiene que hacerlo NUNCA MÁS", conmina. 

Y denuncia que la desnutrición en las comunidades "se debe a la complicidad del Estado y las empresas privadas en el terricidio que atenta contra toda posibilidad de crear cualquier forma de soberanía alimentaria". También denuncia que "las instituciones policiales y de frontera del Estado impiden el movimiento de nuestros hermanos y hermanas pero no evitan el saqueo y tráfico de madera, animales y granos de los terratenientes. Amedrentan a jóvenes y adultos, les agreden sólo por estar en la vía publica, ingresan con violencia a las casas y amenazan con violar a mujeres jóvenes y adultas". 

Encima, "el sistema de salud a través de sus funcionarios, responsables y trabajadores sociales utiliza mecanismos de seguimiento y disciplinamiento hacia madres y familiares que salen de alta del hospital con niñes desnutrides, ejercen actitudes de amenazas de apartar a sus niñes a un hogar público, controlan los recursos de las tarjetas AUH y alimentar". 

"Exigimos condiciones de salud, trabajo y vida digna", el "reconocimiento y la devolución de nuestros territorios ancestrales". "Que se detenga inmediatamente la deforestación, la fumigación y los relevamientos con fines de expolio y despojo de nuestros territorios", se pide en la carta. También, "más formación y mas enfermeros y enfermeras, también médicos y médicas, sanadores y sanadoras", que además "tengan acceso a lo que necesiten para poder ayudar a nuestras comunidades: agua, medicamentos e implementos de seguridad para la crisis actual".

Reclama condiciones dignas de salud para enfrentar esta crisis, que se garantice el agua "ante todo", que se garantice que haya "puntos de luz" para acceder a la energía eléctrica. Y puedan contar con los elementos sanitarios como lavandina, alcohol, barbijos y guantes, "no sólo para nuestras comunidades sino para el personal sanitario".