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Desde Santa Fe
El pedido de libertad condicional de un torturador que cumple una pena a 18 años de prisión en su casa por “violación sexual agravada” a una joven de 23 años, madre de dos niños y embarazada del tercero, y a su hermana de 16, en 1977, entre otros delitos aberrantes, puso en alerta a los sobrevivientes del terrorismo de Estado en Reconquista. Se trata del comisario Carlos Nickisch, que operaba en la patota de la III Brigada Aérea, en el norte santafesino, sentenciado por el Tribunal Oral de Santa Fe en 2013, en un juicio histórico, porque fue el primero en la provincia que condenó la violencia sexual como crimen de lesa humanidad. El Tribunal ya lo había dicho en otra sentencia, en 2010, la primera en la Argentina que abrió el camino para juzgar los ataques a la integridad sexual como parte del plan sistemático. Así que esta semana, ante el pedido de la defensa, el fiscal Martín Suárez Faisal solicitó a los jueces que antes de decidir consulten a las víctimas: las dos hermanas martirizadas y ocho militantes políticos que padecieron secuestros y tormentos. Tres de ellos ya repudiaron una eventual salida de Nickisch, ni siquiera se lo imaginan en un cruce en alguna esquina de Reconquista. “La presencia de un genocida en las calles representa un peligro inminente, tanto para nosotros, como para la sociedad”, le advirtieron al Tribunal, en un escrito que presentaron el viernes.
La defensa de Nickisch solicitó la libertad condicional el 4 de agosto. El fiscal Suárez Faisal pidió entonces a los jueces que antes de dictaminar consulten la opinión de las víctimas, que son diez: Alejandro Córdoba, Juan Carlos Domínguez, Edén Sandrigo, Víctor González, Adolfo Maggio, Rubén Maulín, Osvaldo Marcón, Luis Alberto Prez, Raúl Pinto y las hermanas Luisa y Griselda Pratto. Es lo que ordena la ley. “Que puedan expresar todo lo que estimen conveniente” antes de decidir sobre el “planteo del abogado defensor”. Y pidan dos informes: uno al Juzgado Federal de Reconquista para saber si Nickisch es investigado en otra causa. Y el segundo, al Programa de Protección de Testigos para que haga una evaluación “integral de riesgos” ante el petitorio del represor. La jueza María Ivón Vella –que presidió el juicio de 2013 y ahora es jueza de ejecución penal– ordenó las tres medidas que solicitó el fiscal: consultar a las víctimas, saber si el condenado tiene otra causa pendiente y evaluar riesgos.
Tres de los perseguidos por Nickisch: Rubén Maulín, Víctor González y Edén Sandrigo ya contestaron el viernes, con el patrocinio del abogado Iván Bordón. Fue el primer repudio a la libertad del condenado, al que seguirán otros. “Nickisch suelto en las calles es un peligro”, dijeron en el escrito que publicó la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos que los contiene. Y plantearon otros impedimentos. “La libertad condicional” de un represor no corresponde “cuando la condena fuese por delitos contra la integridad sexual”. O cuando “está imputado en otra causa” en trámite, como la que se investiga en el Juzgado Federal de Reconquista, desde 2017.
En el juicio de 2013, el fiscal le pidió a Nickisch una pena a 20 años de cárcel. El Tribunal lo condenó a 18 años, que cumple en la casa, por “privación ilegal de la libertad agravada”, “tormentos agravados” a las diez víctimas. Más, “violación agravada por el concurso de dos o más personas en forma reiterada” de Griselda y Luisa Pratto y “vejámenes” a ésta última. Luisa tenía 23 años, dos hijos y estaba embarazada cuando secuestraron a su familia: su ex compañero Rubén Maulín, su suegra y tres de sus hermanos. Quedó a cargo de los chiquitos y de su hermana menor Griselda, de 15 años, que cumplió los 16 en un chupadero de la III Brigada Aérea, donde fue esclavizada por la patota de Nickisch. El bebé de Luisa nació en esa trama de persecución, en marzo de 1977, y recién recuperó su identidad en otro juicio histórico, en 2016, cuando el Tribunal condenó a la apropiadora a 8 años de prisión y a la médica que falsificó la partida, a 6 años, pero que no cumplieron ni un día porque la sentencia aún no está firme. Es el nieto 120, José Luis Maulín Pratto.
El jefe de Nickisch era el comodoro de la III Brigada Aérea, Danilo Sambuelli, también condenado en 2013 a 21 años de prisión por los mismos cargos que su segundo, entre ellos “violación agravada”, pero falleció antes de responder en el juicio por el robo del niño, tres años después.
El fiscal Suárez Faisal dijo que Nickisch era un operador del terrorismo de Estado en el norte de la provincia: compartía –explicó en el juicio de 2013- esa “criminal convicción” y esa “comunión ideológica” con “quienes traspasaron todos los límites: abusaron sexualmente de las personas (aún menores de edad), secuestraron, torturaron, mataron y se apropiaron de niños”, entre otros hechos. Nickisch llegó a reclamar un ascenso en la Policía de Santa Fe por su condición de “buen policía” y su compromiso en el combate a “delincuentes terroristas que desde las sombras en forma solapada intentaron subvertir nuestro modo cristiano de vida”. ¿Qué significa esa invocación religiosa? –se preguntó Suárez Faisal-. “Muchos de los secuestrados, torturados y abusados sexualmente también eran católicos, pero eso no fue ningún freno para que ejecutaran sobre sus cuerpos los atroces crímenes que conocimos en este juicio”, concluyó.
