Desde Londres

En medio de una ofensiva política y legal del gobierno de Donald Trump, comienza este lunes en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange. Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa.

El tortuoso caso Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos clasificados que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán. La primera y sorprendente vuelta de tuerca, digna de un thriller, fue la denuncia contra el carismático fundador de WikiLeaks en Suecia unos dos meses más tarde por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres. Suecia pidió la extradición de Assange que fue arrestado por la policía británica y puesto en libertad bajo fianza mientras duraba el juicio por extradición en el Reino Unido. Cuando en 2012 la Corte Suprema británica falló a favor de que se lo extraditara a Suecia, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde entonces estuvo a merced de los vientos políticos y diplomáticos: los vaivenes judiciales en Suecia, los cambiantes aires de Ecuador, la presión de Estados Unidos y el Reino Unido. La decisión de Suecia de retirar los cargos contra Assange se vio más que compensada por la salida de Rafael Correa, el acelerado giro a la derecha de su sucesor, Lenín Moreno, y el deterioro de la situación económico-social ecuatoriana. A cambio del visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por 4 mil millones de dólares, el gobierno de Lenín Moreno abandonó a Assange a su suerte. En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. Desde entonces permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

La larga extradición de Assange

Este segundo proceso de extradición debía comenzar en abril: se demoró con la pandemia. Estados Unidos aprovechó esta demora para añadir nuevos cargos a los 18 delitos que se le imputan. Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense. El mensaje del departamento de estado es una advertencia a cualquier “whistleblower” tentado de revelar los trapos sucios del gobierno: Estados Unidos los seguirá hasta el fin del planeta.

El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado. El secretario general de la Association of American Lawyers, Luis Carlos Moro refutó este argumento, un clásico de los estados sean democráticos o dictatoriales. “Una extradición de Assange sentará un peligroso precedente para todo el mundo democrático porque lejos de representar la vigencia del estado de derecho significará una victoria de la persecución política”, dijo Moro.

Según la defensa, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir la extradición. Los argumentos legales son sólidos y fueron adelantados en una carta abierta al primer ministro Boris Johnson en agosto firmada por más de 150 prominentes abogados y organizaciones legales de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Australia. Entre los puntos citados se encuentran algunos de casi irrebatible contundencia:

- el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos.

- También la prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho.

·-El riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange.

- y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.

Trump, Brexit y George Orwell

Al sesgado entorno judicial se le agregan incomprensibles restricciones a la prensa para la cobertura de un juicio seguido en todo el mundo: solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados - es que su estado de salud es precario.

El proceso de extradición comienza en un momento sobrecargado políticamente: el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de “enemigos del pueblo”, con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea. El Rasputinesco cerebro de Johnson, Dominic Cummings, quiere reformar el sistema judicial de cuajo, en especial sus rasgos más progresistas, “herramientas de campaña de izquierda”, según el ultra conservador matutino Daily Mail.

Esta ofensiva, que puede hacer pensar en una suerte de “lawfare” a la británica, tiene límites institucionales y colectivos que van a pesar en el caso Assange. En un célebre ensayo en medio de la segunda guerra mundial, el autor de 1984, George Orwell, rescataba el respeto a la justicia como un rasgo inglés que trascendía clases e ideologías. “Todos creen que la ley es algo incorruptible que está por encima del estado y del individuo y que debe ser impartida de manera imparcial. Se dirá que es una ilusión, pero es una ilusión muy poderosa que tiñe la conducta social y la vida colectiva”, escribe Orwell.

Esta visión colectiva es un ideal cultivado desde la niñez (la queja favorita de los muy modosos niños ingleses es “it is not fair”: no es justo). Es también fuente de hipocresía como en el célebre “fair play”. En el mejor de los casos funciona como una salvaguarda contra la farsa judicial y los juicios amañados. En el otro gran caso de extradición de los últimos 30 años, el de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político. El proceso estuvo cargado de ironías. Un supuesto refugio del privilegio como la Cámara de los Lores – corte suprema en aquellos años – falló dos veces a favor de la extradición. Un gobierno laborista, supuestamente de centro izquierda, terminó inventando una coartada de salud física y mental – senilidad – para que el ex dictador regresara a Chile.

Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre. El fallo de esta primera instancia podrá ser apelado. El caso seguirá con toda seguridad una trayectoria similar al caso Pinochet: la High Court de Londres y la Corte Suprema. Es un poco prematuro para los pronósticos, pero no habría que descartar un escenario similar al del caso Pinochet: la justicia moviéndose por un lado, el poder político por el otro. En buena medida dependerá de que las palabras de Orwell sigan describiendo a la sociedad británica del Brexit y las fake news unos 84 años más tarde.