Todos los Súper Mario Bros terminaron en el polígrafo cuando a uno de ellos le secuestraron el teléfono en un allanamiento que nada tenía que ver con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Uno de los jefes enloqueció ante la posibilidad de que empezaran a conocerse sus actividades de espionaje y los mandó  uno por uno al detector de mentiras que funcionaba en la sede central de la ex SIDE. Los polígrafos eran el terror de todos los agentes y no sólo de la banda de los Súper Mario Bros. Sometidas al llamado detector de mentiras, hubo mujeres que ante la pregunta de si habían cometido un delito terminaban hablando de abortos que se habían practicado. Los aparatos fueron una incorporación de la gestión de Gustavo Arribas, que no sólo autorizó la compra de los polígrafos, sino que también pagó una millonaria capacitación que hoy es investigada por la justicia federal como parte de distintas maniobras de administración fraudulenta.

Leandro Araque llevaba tres años en la AFI y era uno de los más activos en los distintos grupos de WhatsApp que compartían los espías que hoy están bajo la lupa de los tribunales de Lomas de Zamora. A fines de marzo del año pasado, allanaron la casa de sus suegros por una causa en la que habría estado implicada su esposa como oficial de la Policía de la Ciudad. Araque, sin seguir demasiados protocolos, se metió durante el procedimiento y le terminaron secuestrando el teléfono, que hoy es prueba clave para los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y sobre el que hoy esperarán preguntarle durante la ampliación de su indagatoria.

Según declaró otro de los espías, Emiliano Matta, Araque tardó en contar en la Agencia el secuestro de su celular. La razón era obvia: en el teléfono no sólo estaban los chats, sino también los informes, fotos y videos de sus seguimientos. Cuando se enteró Alan Ruiz, que fungía como director de operaciones especiales, se enfureció y los mandó a todos al polígrafo. El procedimiento era estándar: conectaban cables para medir la presión y las palpitaciones de cada agente, a quien le iban haciendo preguntas cuyas respuestas sabían para determinar sus valores normales. Después llegaban otros cuestionamientos más invasivos.

“Te preguntaban si vendiste información, si lucraste con elementos de la agencia y si cometiste algún crimen”, contó Jorge Ochoa, otro de los exagentes en su indagatoria en Lomas. Para este agente, el polígrafo generaba una división casi de clase al interior de la Agencia: quienes no integraban la planta permanente y eran pasibles de un fácil despido no tenían otra opción más que someterse a la prueba; los otros podían no presentarse.

“Si estabas apadrinado, el polígrafo no lo tenías que hacer”, contó, en la misma línea de Ochoa, ante la Bicameral de Inteligencia, una abogada que trabajaba en Contrainteligencia.

La marca de Arribas

Los polígrafos llegaron a la AFI con el macrismo. No sólo los compró la AFI, sino también el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, quien para justificar su uso dijo que eran empleados por más de 90 países y que eran validados por distintas agencias del gobierno de los Estados Unidos, como la CIA, la DEA y el FBI.

Arribas encargó cuatro polígrafos entre noviembre y diciembre de 2016. El 2 de noviembre, compraron dos polígrafos LX500 por 6400 dólares. A eso hubo que sumarle el envío y los accesorios. En total costaron cerca de 21.500 dólares. Un mes después, adquirieron otros dos. Esta vez abarataron un poco los costos: cada polígrafo costó 5760 dólares y junto con el resto de los ítems la AFI pagó 20.208 dólares por las adquisiciones.

Como en la Agencia no estaban entrenados en el uso del detector de mentiras, la gestión Arribas contrató a una empresa mexicana llamada International Polygraph Service Center SC que viajó en 2017 con diez representantes para enseñarles a los espías vernáculos las ventajas del uso del polígrafo. A ellos les pagaron pasajes, estadía y hotel para capacitar a doce agentes. La capacitación costó en total 50.000 dólares e incluyó también el alquiler de polígrafos, curiosamente después de que la AFI hubiera adquirido cuatro el año anterior. La empresa fue elegida a dedo y los funcionarios de la ex SIDE armaron un expediente 18 días después de que la hubieran contratado para darle un cierto marco de legalidad.

Éste es uno de los casos que denunció el 26 de agosto pasado la interventora Cristina Caamaño en los tribunales de Comodoro Py. La causa quedó radicada en el juzgado de Luis Rodríguez, que delegó la investigación en la fiscal Alejandra Mángano. La fiscal ya pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que remita los expedientes en formato digital para poder investigar si Arribas y sus subordinados incurrieron en administración fraudulenta y negociaciones incompatibles por la contratación de la empresa mexicana para capacitar en el uso de polígrafos, pero también en la realización de un megaevento para servicios iberoamericanos en el imponente hotel Llao Llao, en la compra de teléfonos fijos que ya estaban desactualizados al momento de la adquisición y los elementos para montar un laboratorio forense.

Los polígrafos eran potestad del área de Asuntos Internos, que dependía directamente del director general, así quedó establecido en una resolución que el mismo Arribas firmó el 15 de diciembre de 2017 en la que se modificaba la estructura orgánica de la Agencia. La dirección de Asuntos Internos es en sí misma una creación de Arribas, así lo contó en su indagatoria del 14 de julio por el espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner. Cuando él llegó a la AFI, había dos direcciones que se ocupaban del mecanismo de control de la Agencia –-además de Contrainteligencia--. Una era Sumarios Administrativos y la otra la de Auditoría General. Como eso le pareció insuficiente, creó un paraguas que se montó sobre las dos áreas, Asuntos Internos, y allí designó a un abogado de su confianza. El primero en ocupar ese lugar fue Roberto Real y después lo reemplazó por Julio Becerini.

Una forma de tortura

A fines de diciembre, Caamaño recibió una visita de dos hombres, que querían hablarle de las bondades de los polígrafos. La conversación duró poco. La interventora levantó la mano en el aire y los cortó en seco: “A mí no me vengan con esto que son formas de torturas”. El 8 de enero de este año firmó una resolución que prohibía su uso por considerarlos contrarios a la Constitución nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos. En abril, la ministra de Seguridad Sabina Frederic, que había heredado cuatro polígrafos sin uso de la gestión Bullrich, hizo lo mismo.

Después de la prohibición, Caamaño empezó a recibir comentarios en los pasillos de cómo se empleaba el polígrafo contra los escalafones más bajos de la Agencia: mozos, custodios, ordenanzas. Todos y todas debían pasar al menos una vez por año por el polígrafo. En algunos casos, eran dos o más, como contó uno de los espías indagados en Lomas.


El equipo que manejaba los polígrafos no tenía más de cinco personas. Una de las agentes que se formó en el uso de esa máquina declaró haber recibido capacitación no sólo de los mexicanos, sino también de los estadounidenses y que el aparato se usaba para el control de la lealtad de los agentes.

Ante la Bicameral de Inteligencia, una exagente de Contrainteligencia relató que ante las preguntas incisivas y constantes de quienes manejaban la maquinita de la verdad hubo mujeres que hasta terminaron confesando abortos como delitos para salir del trance. “Nada tenía que ver con la inteligencia”, remarcó la mujer. La AFI puso en marcha un sistema de crueldad y de intromisión en la vida de los propios que después replicaba en la vida de los otros.