Producción: Javier Lewkowicz

Las barbas de Ecuador

Por Noemí Brenta *

La carta del 26 de agosto a Kristalina Georgieva, firmada por el ministro de economía Martín Guzmán y Miguel Pesce, presidente del Banco Central, es la primera movida formal que anuncia "la iniciación de las consultas para acordar un nuevo programa con el FMI que suceda al cancelado y descarrilado stand by de 2018.

La carta no especifica el tipo de programa ni el monto, pero afirma que el país enfrenta "importantes necesidades de balance de pagos para 2021-2024", mayormente asociadas con los 45 mil millones de dólares de aquel stand by. Esta es la suma que el FMI desembolsó en solo trece meses, entre junio de 2018 y julio de 2019, para sostener al gobierno de Macri y favorecerlo en las elecciones, a pedido de Trump, como reveló Mauricio Claver Carone. Guzmán ratificó que solo buscará refinanciar esta deuda con el FMI y no pedirá fondos adicionales, pero tanto él como Sergio Chodos, el representante argentino ante el organismo, anticipan que las negociaciones serán largas y complejas.

Mucho cambió desde aquel otoño de 2018 cuando empezó el mayor stand by de la historia. El gobierno argentino no es el mismo, la cúpula del organismo tampoco, ni los funcionarios a cargo de las relaciones con el país; apareció el coronavirus, que trastabilla al mundo, y tal vez desde enero de 2021 Trump ya no sea presidente de Estados Unidos.

Pero el FMI sigue siendo el mismo. Ahora recomienda expandir el gasto público y la emisión monetaria para afrontar la crisis del coronavirus, pero advierte que deben ajustarse apenas amaine. Y aunque sus discursos rebosan de apelaciones a proteger a los más vulnerables y de lamentos por la desigualdad, sigue exigiendo medidas y reformas que encarecen los servicios básicos, precarizan el trabajo y la vida, reducen las prestaciones sociales, imponen políticas ofertistas y bancos centrales desentendidos de la economía real y del desarrollo.

Es cierto que algunos gobiernos presentan como exigencias del FMI las medidas más antipopulares que quieren imponer, pero éste las acepta. También el FMI afirma desde hace más de una década la necesidad de que los programas sean propios de los países y que las políticas lleguen con algún consenso social. Pero la realidad muestra que siempre un programa del FMI impone un núcleo duro de ajuste que garanticen el repago al organismo, más algunas medidas que mezclan intereses e ideología, como eliminar los subsidios a las tarifas energéticas, abrir las importaciones y finanzas, privatizar, mientras que lo negociable es algún menú de reformas estructurales y hasta cierto punto las metas cuantitativas. Para los resultados, basta ver la Argentina de 2018 y 2019, cuando bajo un stand by del FMI las condicionalidades se cumplieron, por eso se desembolsó el 80 por ciento del acuerdo, pero la economía se hundió en la crisis y el default.

El acuerdo reciente de Ecuador muestra qué poco cambió el FMI. El 28 de agosto el gobierno de Lenin Moreno llegó a un acuerdo técnico con los funcionarios del organismo sobre el próximo acuerdo de facilidades extendidas (servicio ampliado, SAF), que las autoridades del FMI aprobarán si Ecuador implementa las medidas previas comprometidas. El informe de prensa desborda de apelaciones edulcoradas para reproducir en los medios, pero los documentos técnicos revelan que la pobreza crecerá, el empleo se precarizará, la energía será más cara, el Estado gastará más en atender la deuda y menos en todo lo demás, la banca estatal se reducirá aún más, y las funciones del banco central serán más restringidas y rígidas.

Ecuador ya tuvo un acuerdo de servicio ampliado (SAF) desde marzo de 2019, que llevó en octubre a un estallido social por el paquetazo económico, que incluyó las alzas de los combustibles, bajas de los salarios, despidos, austeridad. La poda en el gasto en salud hizo al covid particularmente dramático, primero en Guayaquil y después en Quito. El gobierno canceló el SAF para pedir la línea de asistencia por covid19, por 643 millones de dólares, y ahora volvió a pedir un SAF, después de un canje de bonos de deuda por 17.400 millones de dólares, que el FMI calificó de amistoso con el mercado.

Ahora, las autoridades se comprometen a tomar medidas tempranas para mejorar las finanzas públicas cuando la economía comience a recuperarse. Esto incluye reducir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye reducir el gasto corriente y de capital, una amplia reforma tributaria", y para Argentina remite al viejo refrán "cuando veas las barbas de tu vecino quemar pon las tuyas a remojar".

El gobierno ha manifestado reiteradamente sus intenciones de alcanzar un acuerdo que no ahogue el crecimiento y no dañe a los argentinos. Pero la experiencia histórica con el FMI es intensa y traumática. El stand by de 2018 fue mal otorgado, solo sirvió para alimentar la fuga de capitales, y no aportó nada a la estabilidad económica, al contrario. Es de esperar que esta vez el FMI esté a la altura y mínimamente repare su costosa decisión, que el arreglo sea creativo y no empeore la sobrecargada economía del país.

*Economista, UBA y UTN FRGP.

El trilema de Guzmán

Por Roberto Lampa **

En la lógica, un trilema es una elección entre tres opciones, en la cual solo dos de las opciones son posibles contemporáneamente: este concepto parece adaptarse perfectamente a la política económica argentina actual, a unos pocos días del comienzo de las difíciles negociaciones con el FMI.

En el mundo pre pandemia la Argentina enfrentaba las consecuencias del default de los records: el primer default en divisa propia en la historia del capitalismo con los tiempos de incubación más cortos de la historia argentina, 27 meses.

La nueva administración tuvo por lo tanto que plantearse el problema de elegir entre no pagar su deuda, no ajustar gastos pero siendo expulsados de los mercados internacionales o bien sentarse a negociar con los acreedores y pagar su deuda, ajustando gastos pero manteniendo abierta la posibilidad del financiamiento externo.

En un hipotético mundo sin coronavirus, podríamos celebrar el resultado obtenido por el ministro Guzmán: evitar la expulsión de los mercados financieros a la vez posponiendo el pago de la deuda y el inevitable ajuste fiscal. Dicho de otra forma, el ministro Guzmán supo lograr, aunque solo en el corto plazo, “la barrica llena y la cantinera borracha” como diríamos en Italia. Desafortunadamente, semejante mundo no existe más, después que el coronavirus sacudió como nunca a las economías de mercado.

Las consecuencias son catastróficas en todas las economías, pero varios documentos de trabajo destacan como la destrucción de las cadenas globales de valor determinada por la pandemia hará que muchas empresas europeas y norteamericanas vuelvan a producir “in-house” también los eslabones intermedios y a bajo valor agregado de su producción, que solían desplazar a los países subdesarrollados. En este sentido, los países emergentes son los candidatos ideales para pagar el precio de esta tremenda crisis. Sin ganas de exagerar, existe el riesgo de otra, enésima, década perdida para América Latina.

No sorprende, por lo tanto, que muchos países de la región hayan aumentado a niveles record el gasto público: sin un sector externo pujante ni perspectivas de crecimiento liderado por las exportaciones hay que evitar la implosión de las economías y el paro de la producción, que llevarían a un aumento record del desempleo y de la pobreza.

Argentina, sin embargo, se ha caracterizado por la enorme prudencia macroeconómica y la modesta entidad del estímulo fiscal, si comparado con el resto de la región. Vale recordar, por ejemplo, que se ha suspendido la paritaria estatal, castigando (o quizás, humillando) por enésima vez a la comunidad científica, que enfrenta en primera línea a la covid-19.

Algunos observadores han atribuido esta decisión del gobierno a un supuesto “monetarismo” del Banco Central. Otros puristas del peronismo de Perón, a las ideas alfonsinistas y liberal-democráticas del presidente que lo convertirían ipso facto en un “tibio”. Sin embargo, se trata de juicios groseros, que subestiman el rol del resto del mundo sobre los grados de libertad de la política económica argentina.

Dicho de la manera más sencilla posible, hoy los escenarios posibles para el país son dos: o ejecutar el plan de restructuración de la deuda bajo la vigilancia del FMI sin tener que ajustar en lo inmediato, pero sin poder implementar ningún “paquetazo” de medidas anti recesión (porque los acreedores no lo aceptarían), o bien abandonar el acuerdo y emitir divisa en el mercado doméstico.

En el primer escenario, serían posibles medidas de contención de la pobreza a costa de los salarios reales. En el segundo, asalariados y pobres se verían beneficiados a costa de la clase media y media alta, dado que el nivel de reservas impondría controles de capitales muy estrictos. Es este el trilema que enfrenta Guzmán, a menos que nos sorprenda con otra jugada audaz.

**CONICET- Idaes Unsam.