Después de cuatro años y seis meses de prisión preventiva, la Cámara de Casación le concedió este lunes la prisión domiciliaria a Lázaro Báez. El constructor, imputado en varias causas -lavado de dinero, obra pública- siempre estuvo a derecho, no tenía chances de alterar expedientes que ya estaban elevados a juicio, pero el aparato del macrismo había extendido su prisión preventiva de manera anormal con distintos argumentos. Finalmente, con la firma de Mariano Borinsky y Javier Gramajo, Casación les hizo saber a los tribunales orales que la concesión de la prisión domiciliaria estaba firme y que no requiere de caución porque implica una tobillera y una consigna en la puerta. Como era esperable, algunos vecinos del country Ayres del Pilar se manifestaron en la puerta para impedir el ingreso de Báez a su domicilio.

Conocida la decisión de la Cámara de Casación, también el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso el arresto domiciliario, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Después de la resolución, Báez fue llevado en una camioneta del SPF, con una moderada custodia, al country Ayres de Pilar, en cuya entrada estaba apostado un grupo de vecinos para impedir que ingresara el empresario santacruceño, quien iba vestido con el uniforme color naranja de los detenidos y con un casco de protección.

Los manifestantes impidieron varios intentos de ingreso, incluso cuando la camioneta pudo llegar a la garita de entrada. Sentándose delante de la camioneta lograron su cometido, después de corridas que incluyeron golpes contra el vehículo que sufrió la rotura del parabrisas. Poco antes los abogados del empresario yambién fueron agredidos con el lanzamiento de algunos objetos contundentes y huevos.

Ante estas circunstancias, el presidente del TOF 4, Néstor Costabel, resolvió que Báez sea llevado nuevamente al Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza para que pase la noche allí, hasta que se adopten medidas para que se cumpla la resolución judicial y pueda instalarse en un domicilio con garantías para su seguridad. Esta decisión no significa una revocatoria de la prisión domiciliaria, sino una medida transitoria, destacaron fuentes del juzgado.

La acusación contra Báez

Aunque la prisión domiciliaria o la excarcelación no tienen que ver con los delitos en sí mismos, la acusación contra Báez se centra en que supuestamente ganó en forma irregular las licitaciones de 51 de las 81 obras viales que se hicieron en Santa Cruz. De esa manera -siempre según la imputación- se enriqueció ilícitamente de la mano de los gobiernos kirchneristas, con la sospecha de que el constructor fue testaferro de la familia Kirchner. En ese marco, se lo acusó también por haber sacado dinero de manera ilegal al exterior, al estilo de otros empresarios. En Suiza se encontraron cuentas de Báez por unos 35 millones de dólares, aunque la Justicia de ese país no detectó delito.

El argumento de Báez y sus defensores, Elizabeth Gasaro y Juan Villanueva, es que el constructor ganó de manera inobjetable las licitaciones porque era el único empresario que contaba con miles de obreros y la maquinaria necesaria en Santa Cruz. Según ellos, a las demás constructoras les resultaba inconveniente o muy caro llevar personal y maquinarias a 1800 kilómetros, en una geografía inhóspita en la que no se puede trabajar en invierno. 

Alegan que la misma concentración de obras existe en muchísimas otras provincias donde las constructoras locales se imponen a las que vienen de otros distritos. Como se sabe, los fiscales utilizaron excavadoras para buscar tesoros escondidos y bóvedas, pero nunca encontraron nada. También naufragó la hipótesis de que Báez fuera testaferro: todos sus bienes y propiedades tenían como beneficiarios a los hijos, incluso en su testamento.

Los tribunales orales trataron de no darle ni la excarcelación ni la domiciliaria, pese a los dictámenes favorables de los fiscales Abel Córdoba y Javier De Luca. Dictaron resoluciones de rechazo a los planteos de los abogados de Báez o le impusieron una fianza de centenares de millones de pesos, pese a que sus bienes están embargados. Finalmente, Borinsky y Gramajo consideraron que el plazo de la prisión preventiva está más que excedido y que además Báez es una persona de edad y con factores riesgo respecto de la covid-19.