Un policía de 44 años fue condenado a ocho años de prisión por torturas, allanamientos ilegales, robo y privación de la libertad, en una causa que tiene a otros cuatro agentes ya condenados y a tres más a la espera de juicio con penas en expectativa de 12 a 18 años. Se trata de hechos cometidos entre julio y noviembre de 2017, en la zona de la Costa en el departamento santafesino La Capital. Claudio Javier Núñez integraba el Comando Radioeléctrico de la Costa. La pena que avaló en juicio abreviado el juez Luis Octavio Silva también fue impuesta por severidades, amenazas coactivas, vejaciones, apremios ilegales y falsedad ideológica.
En su acusación, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez indicaron el ahora condenado "actuó con previa distribución y asignación de tareas con otros siete policías”. Los funcionarios judiciales expusieron que “en una oportunidad, luego de propinar golpes de puño y patadas a un hombre de San José del Rincón, el condenado y sus compañeros lo trasladaron a la comisaría 14 sin motivo legal”. Según agregaron, “en la dependencia policial, la víctima sufrió tratos rigurosos y ásperos que le generaron nuevas lesiones y fue amenazado de muerte”.
Otro hecho tuvo como víctima a una mujer embarazada, también privada ilegítimamente de la libertad, a la que "Núñez agredió con azotes contra un casillero”. Aseguran que “aunque la víctima manifestó que estaba embarazada, el policía no dejó de golpearla y torturarla diciéndole que iba ‘a morir presa’ y con enfermedades causadas por abusos sexuales”.
Los fiscales sumaron que “el condenado entró sin autorización judicial a ocho viviendas de Colastiné y San José del Rincón, atacó a sus habitantes y perpetró robos”. Entre los objetos sustraídos "hubo armas, electrodomésticos y alimentos”.
Además, “tanto en la comisaría como en los domicilios que allanó ilegalmente, Núñez intimidó a numerosas víctimas con el argumento de que él era una ‘autoridad a respetar’”. En tanto, “cometió algunos de los delitos contra mujeres, niños y personas con capacidades diferentes. Resulta claro que aprovechó situaciones de vulnerabilidad en lugar de proteger a los ciudadanos”.
Hernández y Jiménez expresaron que “tal como reconoció el condenado, tras cometer los delitos junto a sus colegas, falseaba declaraciones con el objetivo de encubrir sus acciones”.
El acusado cumplirá la pena “inicialmente, en prisión domiciliaria, ya que vive con su grupo familiar en la ciudad de Avellaneda y queda al cuidado de sus hijos mientras su concubina trabaja”.
