Desde Santa Fe

La provincia de Santa Fe volvió a reclamarle ayer al juez del concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, la “inmediata remoción” del directorio del grupo y la designación de un “interventor judicial” –que deberá designar el magistrado- para que opere el salvataje. La “preservación de la empresa es un asunto de gravedad institucional”, alertó el gobierno de Omar Perotti. Y se preguntó si Vicentin “tiene futuro en estas condiciones”, al mando de “un obrar que dista de los imperativos legales”. “Varios directores están inhibidos”, otros “insolventes” y muchos “enajenaron sus bienes”, entre ellos el propio presidente de la empresa Daniel Buyatti. “Los informes de la SIGEN son lapidarios”, proliferan las “causas penales”. Y se ocultó “la verdadera composición del grupo”, detrás de “triangulaciones a través de compañías off shore”. “Es necesario desplazar a quienes generaron esta situación” y carecen de “un plan de saneamiento. No se puede esperar más, ya ha pasado demasiado tiempo para intervenir la sociedad”, le dijo la provincia de Santa Fe al juez Lorenzini. Lo debe ordenar ahora, antes de que sea demasiado tarde.

Lorenzini escuchó los alegatos de las partes en el incidente que abrió el 22 de junio, cuando la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, a cargo María Victoria Stratta, le pidió la intervención judicial de la empresa. Desde entonces, se produjeron las pruebas. Y en la audiencia de vista de causa de ayer, Stratta insistió ante el magistrado que el “obstáculo” a remover es el directorio de Vicentin.

En la presentación del 22 de junio, Stratta dijo que “la sociedad se encuentra sospechada de haber cometido delitos” y que varios directores “están siendo investigados”. Lorenzini remitió el escrito al fiscal de Reconquista Leandro Mai, quien por una “instrucción particular” de su jefe, el fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez, mandó el expediente a Rosario para que se acumule a otra denuncia que investiga el fiscal Miguel Moreno. La causa se la pidió a Martínez el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, antes de caer preso. El viernes, Lorenzini solicitó informes a Mai para saber dónde está esa causa.

Ayer, Stratta presentó otra prueba. Una denuncia por lavado de activos, que el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, comunicó a la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe. “De la denuncia, que acompañó al oficio, surge un entramado societario muchísimo más amplio” del que Stratta denunció ante el juez Lorenzini, que “no termina ya en Uruguay sino que alcanza a varios países, indicando en todos los casos las fuentes de la información, a través de enlaces con páginas web”.

Stratta dedicó un capítulo de su alegato a explicar por qué el directorio de Vicentin tiene que ser removido por Lorenzini y reemplazado por un “interventor judicial”. Lo fundamentó con pruebas y los “hechos” que ocurrieron después del 22 de junio:

*“Varios directores se encuentran inhibidos por decisión” del juez federal de Comodoro Py, Julián Ercolini.

*“Apenas se conoció la insolvencia, muchos integrantes” del directorio, incluido el presidente, enajenaron sus bienes”. “Aunque la sindicatura afirme que el patrimonio personal es cuestión ajena al concurso, el estándar del leal buen hombre de negocios exigido” por la ley “no se compadece con este obrar, afectando deliberadamente la garantía de su responsabilidad por mal desempeño”.

*“Se promovieron nuevas causas penales, tanto por denunciantes particulares como por la AFIP. Hay causas en la justicia ordinaria” (como la que Lorenzini remitió al fiscal Mai y migró a Rosario) y en el Juzgado Federal de Reconquista, en este caso varias”, dijo Stratta. Y entregó la denuncia por “lavado de activos” que le mandó Salum, en la que “surge un entramado societario muchísimo más amplio” que el que ella denunció en junio, que “no termina ya en Uruguay sino que alcanza a varios países, indicando en todos los casos las fuentes de la información, a través de enlaces con páginas web”.

*“Los acreedores extranjeros iniciaron un proceso de discovery con graves imputaciones, cuyo contenido obra en el expediente de concurso. Brindan información lapidaria”. “El propio juez dispuso medidas investigativas no habituales que exteriorizan la falta de información y la insuficiencia de la brindada por la sindicatura”. “Es que el directorio ni siquiera ha cumplido con el más elemental deber de información, que es la elaboración de memoria y balance” de 2019.

*“Hubo ocultamiento de la verdadera composición del grupo societario, con relaciones mucho más complejas que las denunciadas y la utilización de triangulaciones a través de compañías off shore. Pero quizá lo más significativo es que la sociedad madre del holding, llamada Vicentin Family Group es una compañía uruguaya que no se encuentra inscripta en el Registro Público, como manda el artículo 123 de la ley general de sociedades, constituyendo ello una irregularidad ostensible y muy grave”.

*“Los informes de SIGEN son lapidarios. No se halla en los principales la opinión de la sindicatura sobre su contenido, pese a que medió una vista. No se trata ya de una cuestión del pasado, sino de cómo se administra ahora: mezcla de fondos de todas las sociedades, cheques firmados en blanco, un sistema informático poco seguro. En definitiva, una administración desordenada y poco profesional para una empresa de semejante magnitud”.