Diaguitas denuncian avances en sus tierras durante la pandemia 

Comunidades del Pueblo Diaguita Kallchaki, que integran la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), denunciaron que un grupo de terratenientes está aprovechando el marco de la pandemia para avanzar sobre tierras ancestrales, entre las que se encuentran sitios sagrados y de importancia arqueológica.

Las comunidades señalaron que en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19, con la Justicia trabajando a medias entre la no presencialidad y las ferias, sumado a la dificultad para mantener reuniones y comunicarse periódicamente entre las comunidades, algunos productores vieron la posibilidad de avanzar en territorios ya delimitados por la ley nacional 26.160 (de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y que entre otras medidas, suspende los desalojos) o que aún permanecen en conflicto.

Son cuatro los lugares en los que hubo ingresos de terratenientes y firmas corporativas, Las Pailas, La Aguada, Buena Vista (en Cachi) y El Divisadero (en Cafayate), “en la mayoría de los casos con maquinaria pesada, con el fin de hacer actos posesorios, dañando y destruyendo sitios sagrados, en abierta violación a los derechos territoriales de carácter constitucional y violando la ley Nacional 26.160”, agregó el parte de la UPND.

Sostuvo que ese avance se realiza en complicidad “y con el guiño de fiscales y fuerzas policiales”, que cuando actúan lo hacen favoreciendo “a los terratenientes”. Y señaló a la Delegación de la Fiscalía Penal Cachi, a cargo de María de los Ángelez Juárez Mattar, y al fiscal Penal 6 de Salta, Juan Carlos Molinati.

Juárez Mattar les habría expresado a los referentes comunitarios que “se va a priorizar el derecho individual” por encima del derecho colectivo, “haciendo explícita su tendencia a defender al sector más pudiente y criminalizando la lucha histórica de las comunidades”, indicó la organización.

Quien hoy está al frente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), Héctor Fabián, es justamente miembro del Pueblo Diaguita Kallchaki. Dijo a Salta/12 que desde el IPPIS ya se informó lo que está sucediendo a los organismos provinciales, “pero no hemos obtenido respuestas”, y el pasado 2 de septiembre enviaron una nota al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), del que esperan su representación urgente.

Buena Vista

Fabián detalló que en la zona de Buena Vista, a tres kilómetros de la localidad de Payogasta, quien estaría “usurpando” es Julio Ruiz de los Llanos, un productor “que se acredita títulos del espacio territorial de la comunidad de esta zona y de La Poma”, y que estaría avanzando sobre sitios sagrados. “Obvio, lo hacen siempre a través de testaferros, esta vez es un tal Juan Cesni, que se presenta con un palo en la mano y amenazando a quienes van a pastorear a sus cabras”, agregó el representante del IPPIS.

Según indicó, “tienen la pretensión de hacer un pozo para extenderse con la producción de viñedos, porque estaría por realizar algún negocio vitivinícola".

Esos sitios sagrados “están relevados en el marco de la ley de patrimonio cultural (6.649) por el Museo de Antropología de Salta”, aseveró. “Todo esto fue denunciado, pero la Justicia nunca puso el oído y no genera un contacto con las partes para ver de llevar adelante una posible solución”.

Las Pailas

En cuanto a Las Pailas, el conflicto viene de larga data con la familia Wayar, en este caso quien se atribuye los títulos es Florencia, “prima del ex vicegobernador” Walter Wayar. El territorio en disputa son unas cuatro hectáreas donde vivía y trabajaba “don Vicente Mamaní”, miembro de la comunidad, “él arrendaba esa tierra pero como forma de resistencia, porque los Wayar lo amenazaban”.

Tras la muerte de Mamaní, sus hijos Rodolfo y Jonatan, fueron desalojados e incluso llegaron a estar detenidos y fueron sentenciados por la Justicia a un año de prisión en suspenso, denunciados por amenazas a Dante Guzmán, el nuevo arrendatario de la finca, “pero fueron todas denuncias falsas porque los changos ni siquiera estaban ahí”, aseguró Fabián.

Además, explicó que esas tierras también fueron relevadas por el INAI, y que les pertenecen a las comunidades originarias y aseguró que los Wayar nunca fueron a Las Pailas, pero que desde hace un tiempo volvieron a realizar tareas con maquinaria, a pesar de que la Justicia había dado órdenes “para que nadie produzca nada hasta que se esclarezca a quién pertenece el territorio”.

“El que se mete ahora es Sergio Guitián, pariente de Fanny Flores, la ex intendenta”, aseguró el representante diaguita, quien añadió que Guitián ingresó a la finca profiriendo amenazas y con “tres tractores a regar para ponerse a arar”.

Sobre estos hechos la Comunidad Las Pailas también realizó las denuncias en la Delegación de la Fiscalía Penal Cachi, “ahí fue cuando la auxiliar fiscal Mattar nos contestó que ella iba a garantizar el derecho individual, cuando nosotros le habíamos recordado la vigencia de la ley 26.160 de nuestros derechos colectivos”.

La Aguada

El otro punto en cuestión es el de la Comunidad La Aguada, allí también interviene la familia Wayar, en esta caso Gabriela, hermana de Florencia. Irrumpieron en lo que para la Comunidad son sitios arqueológicos y pretenden alambrar un espacio considerado sagrado, “el Museo de Antropología, el de Cachi y la Municipalidad ya tomaron conocimiento sobre la situación”, dijo Fabián.

“Gabriela Wayar trabaja en el Poder Judicial, así que no nos sorprendería nada, ya llevamos como 8 denuncias realizadas ahí y no nos quieren recibir las presentaciones”, resaltó.

El Divisadero

El último conflicto es ya en Cafayate, en la Comunidad El Divisadero, allí el productor y emprendedor vitivinícola Agustín Lanús, “apareció con máquinas para desmontar, seduciendo a la gente con que les iba a dar trabajo y desarrollo”. “También les decía que les iba a enseñar a hacer papa, cuando en toda esa zona los hermanos producen más de 8 variedades de papa”, manifestó Fabián entre risas.

Según lo descripto por las comunidades, Lanús habría avanzado sobre sitios arqueológicos y bosques nativos de la zona considerados también tierras comunitarias del Pueblo Kallchaki.

Para el referente originario, todos los casos tienen el mismo hilo conductor, “aprovechar la pandemia y la inacción de la Justicia y los organismos para hacer actos posesorios que después difícilmente se puedan volver atrás”.

“Justo nos agarró la pandemia con toda esta situación, con lo difícil que es reunirse, no porque no queremos, sino por prevención y no exponer a los hermanos”, se lamentó Fabián, y agregó: “Sabemos que encima después nos van a querer culpar de provocar contagios”.