"Durante el aislamiento hemos logrado mantener la presencialidad en el territorio y garantizar derechos donde la virtualidad no puede resolver problemas", afirmó Gabriela Carpineti, titular de la Dirección Nacional para la Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a Justicia (DNPFAJ), en relación a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que, entre junio y agosto, recibieron y gestionaron más de 26 mil consultas vinculadas a violencia de género e institucional, seguridad social y conflictos laborales o de vivienda. Además, la Dirección puso en funcionamiento la Central de Atención para Barrios Populares, una línea telefónica destinada especialmente a "los residentes en barrios populares, villas, asentamientos y refugios". "Se puso en marcha durante la cuarentena pero esperamos que se expanda y se convierta en una central permanente porque la pandemia nos deja un conjunto de problemáticas estructurales a resolver", señaló Carpineti. 

La DNPFAJ presentó su segundo "informe de gestión" en lo que va del aislamiento social preventivo y obligatorio. Allí se indica que, en el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2020, los CAJ recibieron "un total de 26.509 consultas por los distintos medios de atención, virtuales y presenciales. El 57,5 por ciento se registraron en operativos presenciales". 

"Realizamos cerca de 250 operativos, fundamentalmente en barrios populares del AMBA pero también en el resto del territorio nacional, en especial en el NOA y el NEA. Quienes viven en esos lugares te dicen que la presencia física del Estado ha disminuido en la cuarentena y hay situaciones complejas que la virtualidad no puede responder, por eso destacamos poder estar ahí y garantizar el acceso a consultas legales y psicosociales a través de los CAJ", sostuvo la funcionaria. 

Las consultas más frecuentes

El informe detalla que, en el último trimestre, la mayor parte de las consultas que recibió y gestionó Acceso a la Justicia estuvieron centradas en conflictos por "cuota alimentaria, responsabilidad parental, cuidado compartido, solicitudes previsionales, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuestiones de vivienda o desalojo y violencia de género". 

Con respecto a la violencia de género, Carpineti aseguró que registraron un aumento de casos en lo que va del aislamiento. "Solo en la provincia de Buenos Aires atendimos más de quinientas consultas, es un número abultado de situaciones que son inabordables virtualmente y por eso estamos presentes. Tenemos equipos interdisciplinarios, abogados y psicólogos especializados porque también nos parece importante anticiparnos a la violencia, que haya una política de protección de derechos antes de que suceda el hecho penal, antes de que la persona se convierta en víctima", explicó. 

En cuanto a la violencia institucional, la funcionaria también señaló que "creció durante el aislamiento". Para estas situaciones, la DNPFAJ dispone de equipos de acompañamiento legal y psicosocial para las víctimas. Entre otros casos, durante la cuarentena la Dirección intervino en el crimen de Facundo Scalzo, el joven de veinte años que en junio falleció víctima de gatillo fácil en el Barrio Rivadavia II de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Acceso a la Justicia designó a la abogada que representó a Andrea Scalenghe, madre de Scalzo, y acompañó el proceso judicial que derivó en el procesamiento del gendarme Diego Rocha.


Una oficina especial para barrios populares

Ahora, para las problemáticas específicas de los barrios populares, la Dirección puso en marcha la Central de Atención para Barrios Populares. "El problema trascendental que se observa durante la pandemia en estos lugares es la falta de ingresos, que han disminuido por despidos o por relaciones laborales 'grises'. Hay trabajadores que están registrados parcialmente y han dejado de percibir su ingreso correspondiente a la parte no registrada. En esos casos, al tener una parte en blanco, no pueden acceder al IFE ni al seguro de desempleo", explicó Carpineti y agregó que esperan que la Central se mantenga luego de la cuarentena a modo de "central de emergencias". 

Para la funcionaria, la pandemia dejará "un conjunto de problemáticas estructurales a resolver. En nuestros operativos comprobamos que en el país hay una gran desigualdad entre el centro y las periferias, hay que intervenir de una vez por todas con presencia en todo el territorio nacional. Cada persona que vive en este país podría trabajar la tierra y tener un techo digno porque no hay escasez de bienes, están mal distribuidos, y por eso para nosotros el acceso a la justicia se transforma en política redistributiva, buscamos reconocer derechos a través de la justicia". 

En cuanto al problema habitacional, el informe hace foco en la cantidad de desalojos que se produjeron a pesar de la prohibición oficial que rige desde marzo tras la publicación del decreto presidencial 320/20. En la línea telefónica que la Dirección mantiene activa para las consultas sobre problemas de alquileres se registraron 1270 llamados. Del total, el 30 por ciento de las consultas estuvieron vinculadas a desalojos: "En términos legales los desalojos hoy están suspendidos, pero seguimos recibiendo muchas consultas por ese tema y tratamos de garantizar que la prohibición se cumpla", concluyó Carpineti.

Informe: Santiago Brunetto