"Ya declaré tres veces, y si tengo que hacerlo diez o veinte, lo voy a hacer, pero espero que ésta sea la última vez y que se haga justicia." Dos años después del juicio en el que fueron condenados Guillermo Luque y Luis Tula, había comenzado la investigación del encubrimiento del crimen de María Soledad Morales. Su padre, Elías Morales, en diálogo con Página/12 luego de declarar en esa causa, recordó que ya había expresado su dolor en otras dos ocasiones, en los debates orales. Elías falleció el lunes 1º de agosto de 2016, sin ver cumplido su sueño de justicia, porque prescribió esa causa, en la que estaban involucrados la cúpula de la Policía de Catamarca y el poder político, encabezado por el exgobernador Ramón Saadi. Fue el primer femicidio que sacudió a la sociedad y la política de la provincia y del país. Ocurrió hace exactamente 30 años. Todos quedaron impunes.

La investigación del encubrimiento había sido ordenada por el tribunal que condenó a Luque y Tula. Recién comenzó a fines de 1999, casi diez años después del crimen. La tercera declaración de Elías fue ante la jueza Patricia Olmi. Los principales imputados eran el entonces jefe de la Policía de Catamarca, Miguel Angel Ferreyra, y por su responsabilidad política, el gobernador Saadi.

La orden de los jueces Santiago Olmedo, Jorge Alvarez Morales y Rubén Alvarez, fue para que se investigara a 33 de los 370 testigos del juicio por el delito de “falso testimonio”, entre ellos los ex diputados nacionales Luis Saadi, Carlos Rosales y Luis Uriondo. Al mismo tiempo, se impulsó el pedido formulado por el fiscal Luis Taranto, quien habló de un "gigantesco encubrimiento" en el que involucró a 21 personas, entre ellos Saadi, su hermana Alicia, Jorge Díaz Martínez, ex subsecretario del Interior de la Nación, y por lo menos 17 policías que intervinieron en la investigación.

A casi dos años del final del segundo juicio oral, nada se había hecho, hasta la declaración de Elías. También se tenían que investigar las amenazas que denunciaron en el juicio Elías y Ada Morales, los padres de la víctima.

La jueza Olmi recibió la causa de su colega José Carma, que se había declarado incompetente. Carma argumentó que no podía actuar porque ya había emitido opinión en otra causa relacionada: había dictado el sobreseimiento de Hugo "Hueso" Ibáñez y Luis "Loco" Méndez, los amigos de Guillermo Luque acusados de ser coautores del delito de violación seguida de muerte de María Soledad. La acusación contra los amigos de Luque también había sido hecha en el segundo juicio oral.

La jueza Olmi también quiso sacarse de encima el caso, pero luego accedió, aunque no se hizo nada. Otro ejemplo de la actuación del Poder Judicial de Catamarca fue el “sobreseímiento por error” del comisario Ferreyra. Se dijo que hubo “una confusión” con otra causa y eso hizo posible que no fuera imputado antes por el encubrimiento, dado que eso había ocurrido en 1991. El responsable del “error” fue el juez Guillermo Cerdá, para quien se pidió juicio político, pero el trámite tampoco avanzó.

Junto con Ferreyra fueron acusados los policías Miguel Dahbar, Rubén Figueroa, Daniel Arroyo, Julio Salcedo, Julio Sosa, Dardo Ferreyra, Juan Carlos Añauque y Eloy Guzmán. En cuanto a los "aprietes" a los Morales, el número uno era el subcomisario Luis Patti, condenado muchos años después por crímenes de lesa humanidad.

Elías Morales dijo que también se sintió "presionado" por el entonces secretario de Justicia César Arias, estrecho colaborador del ex presidente Carlos Menem. Para completar el interminable concierto de ofensas, Menem comparó el Caso María Soledad con el de Mónica Lewinsky. Desde la estratósfera, fuera de la realidad, Menem dijo durante una visita a Catamarca que al ex gobernador Saadi le habían armado “una conspiración, igual que a (Bill) Clinton”.

Indignada, Ada Morales le respondió entrevistada por este diario: “El Presidente ¿no se habrá enterado de todo lo que le hicieron a mi hija? Por si no lo sabe: mi hija fue violada, torturada, fue desfigurada después de muerta”.

En esos años, una fuente judicial le dijo a este diario que el juicio oral condenando a Luque y Tula había sido “el techo” para la justicia catamarqueña. De allí en más sólo habría impunidad. Treinta años después, esa visión quedó confirmada.