A pesar de que la economía global se enfrenta a la mayor crisis desde la década del ´30, los sectores económicos concentrados buscan cerrar filas para enfriar la discusión sobre la aplicación de un impuesto adicional sobre las grandes fortunas. Hay varias iniciativas de parte de los grupos políticos más progresistas en distintas latitudes y algunos de los economistas más prestigiosos del mundo advierten la necesidad de hacer más justo el sistema tributario. Sin embargo, pocos de estos proyectos tienen perspectiva políticas de llegar a buen puerto. El punto de partida, cabe aclarar, no es el mismo: buena parte de los países desarrollados ya cuentan con una estructura de impuestos con mayor carga sobre los más ricos, lo cual aumenta la necesidad de América latina de avanzar con reformas progresistas.

En el caso argentino, el proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas fue presentado en Congreso por el oficialismo y podría contar con el apoyo de legisladores de otros espacios políticos. Ante ello, la oposición empresaria, mediática y política se viene fortaleciendo para encarar el debate. Si bien estaba previsto que esta semana comience en Diputados el trabajo en comisión, esa agenda podría retrasarse.

El proyecto impone un aporte por única vez a las personas cuyo patrimonio es mayopr a 200 millones de pesos al último 31 de diciembre (3,15 millones de dólares a esa fecha, 2,53 millones a la cotización actual, oficial minorista vendedor), el equivalente a casi 20 departamentos de dos ambientes en algún barrio porteño. Se calcula que tiene impacto sobre las 12 mil familias más ricas. 

En un país sin financiamiento externo, cuentas fiscales desbordadas por la pandemia y un umbral de pobreza que supera el 40 por ciento, no es fácil oponerse a una iniciativa del estilo. Sin embargo, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a los empresarios que lideran políticamente al establishment local, dijo en su último comunicado que “debe evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”, en alusión al aporte extraordinario.

De hecho, los nuevos aportes sobre las grandes fortunas no han mostrado grandes novedades en los últimos meses. Uno de los países en donde esa discusión parecía estar avanzada es España, ya que Podemos, parte de la alianza gobernante, definió a este tema como prioridad. 

“Nosotros lo apoyamos plenamente, pero la verdad es que tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Hay una resistencia brutal por parte del capital. De todas maneras, se va a dar el debate, pero los grandes intereses van a intentar condicionarlo”, explica Cristina Faciaben Lacorte, dirigente de Comisiones Obreras, principal sindicato español. Podemos quiere un tributo que grave entre un 2 y un 3,5 por ciento los patrimonios superiores al millón de euros.

En el resto de Europa no hay avances sobre nuevos impuestos a las personas más ricas y no se esperan novedades en este sentido, más allá de algunas iniciativas puntuales. En Italia, legisladores del Partido Demócrata presentaron meses atrás una propuesta para aumentar impuestos a las personas con ingresos mayores a los 80 mil euros por año, pero luego no hubo novedades. En América latina, tampoco el gobierno peruano dio nuevos pasos en relación a su propuesta de gravar grandes fortunas. Y es impensable que prospere algo así en Brasil o Chile, bajo gobiernos de derecha. 

Al mismo tiempo, siguen apareciendo iniciativas: días atrás, legisladores demócratas presentaron un proyecto para que el Estado de California aplique un impuesto del 0,4 por ciento a la riqueza neta que supere los 30 millones de dólares, que aplicaría sobre unos 30.400 californianos. En tanto, también algunos demócratas en Nueva York proponen subir impuestos a los más ricos, aunque enfrentan la oposición del gobernador Andrew Cuomo.

De todas formas, el punto de partida no es el mismo: los países desarrollados cuentan con una estructura tributaria estable más progresiva. Por ejemplo, en los países de la OCDE, el impuesto a la renta explica cerca de un cuarto de la recaudación total, mientras que en América latina implica apenas el 10 por ciento. En la Argentina, el patrimonio está gravado por Bienes Personales.

En América latina, el 1 por ciento más rico tiene ingresos que explican entre el 20 y el 25 por ciento de los ingresos de toda la población. Según un estudio elaborado por el Credit Suisse Research Institute, en Argentina hay cerca de 30 mil personas cuyo patrimonio supera el millón de dólares.

El informe de la CELAG “¿Cuánto podría recaudar el impuesto a las grandes fortunas en América latina?”, elaborado por Sergio Páez y Guillermo Oglietti, explica que en las últimas décadas el impuesto al patrimonio cayó en desuso a causa de las dificultades para controlar la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales, y ganó peso el impuesto sobre la renta (o las "ganancias") entre los tributos de más progresividad. 

La CELAG advierte si bien la imposición sobre las grandes fortunas tiene impactos positivos en términos de equidad tributaria y en cuanto a la recaudación de recursos indispensables en tiempos de pandemia, conlleva una dificultad operativa a raíz de los mecanismos de elusión y evasión.