La emergencia sanitaria por la covid-19 puso en evidencia el rol vital de la tecnología para responder a las nuevas demandas de las poblaciones a nivel mundial. La pandemia demostró la importancia que los servicios TIC tienen en nuestras vidas: son el puente para trabajar, preservar la salud, la educación, el desarrollo económico, y también ayudan a reinventar las formas de vincularse con los seres queridos. Al influir en casi la totalidad de las esferas de nuestra cotidianidad, el acceso a la conectividad se revela como un derecho fundamental para ejercer nuestra libertad de expresión.

El DNU 690/2020 hizo propia la definición de la ONU sobre la conectividad como derecho fundamental. Considerar a la telefonía móvil y fija, internet móvil y fijo, y tv por cable como servicios públicos en competencia requiere un rol activo del Estado en la tutela de los mismos. Eso implica que es nuestro deber diseñar e implementar políticas públicas efectivas que impulsen el progreso de la sociedad y garanticen el acceso universal, independientemente del poder adquisitivo de cada familia y de cada persona.

El decreto, que ya fue ratificado por el Senado y por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, también suspende nuevos incrementos de precios hasta fin de año y exige un esfuerzo a los licenciatarios, a la par del que está haciendo la ciudadanía y el Estado en el marco de la pandemia.

Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el tráfico de datos tuvo un incremento del 45%. Buena parte del trabajo se realiza de manera remota, las consultas virtuales de salud se volvieron recurrentes. Las transacciones online fueron récord durante julio, en el que se registraron 570 millones de movimientos entre compras, pago de impuestos y recarga de celulares; durante el primer semestre del año se vendieron 92 millones de productos por internet y, a su vez, aumentó la cantidad de personas que realizaron por primera vez una compra online. Además, el uso de las videconferencias trascendió el ambiente laboral y alcanzó al educativo, al familiar y el acceso a la cultura se dio en plataformas con entradas gratuitas o pagos mínimos voluntarios. Con este escenario se hace imprescindible garantizar el acceso a la conectividad a precios justos para que cada quien pueda cumplir con sus obligaciones y ejercer su libertad individual.

El hecho de que a partir del año que viene el tope de aumentos sea cuidado por el Enacom, va en concordancia con esto. Este punto es uno de los que mayor preocupación generó en algunos sectores al confundirse el tope de aumentos efectivamente planteado, con la posibilidad de que el Estado establezca un tarifario, que trajo como consecuencia el temor a la baja de inversiones o de calidad de los servicios. No está de más aclarar que ni el decreto en particular, ni el gobierno en general tienen vocación de ir en contra del desarrollo económico. Cuando las comunicaciones móviles y el resto de servicios TIC fueron servicios públicos en competencia en función de la Ley Argentina Digital de 2014, el sector fue escenario de una de las mayores inversiones gracias a la licitación 4G realizada ese año, que permitió la expansión de la cobertura en los años siguientes. En particular, 2015 atestigua la coexistencia de grandes inversiones en el marco de actividades definidas como servicios públicos en competencia.

Análogamente, la telefonía fija, que es servicio público, es operada por prestadores privados desde 1990 y tuvo, desde entonces, períodos de intenso crecimiento de inversiones antes de hallar sustituto tecnológico en las comunicaciones móviles sin que su definición como “servicio público” inhibiera esa tendencia. Países como Canadá, Estonia, Finlandia, Noruega o Israel, donde el acceso a internet es un derecho fundamental o básico, se sitúan entre los que mejor conectividad y acceso dan. Los planes de servicio universal implementados por el gobierno británico son estímulo de inversiones y de cobertura, en un país cuyas características macroeconómicas y necesidades sociales son obviamente diferentes a las nuestras.

A favor de que todas las voces sean escuchadas y de cara a la reglamentación del DNU 690/2020 que estará a cargo del Enacom, se dieron las primeras reuniones sectoriales de trabajo con Cabase, asociaciones de consumidores y usuarios, cooperativas, pymes y las grandes operadoras de telecomunicaciones. La idea es continuar con mesas amplias de diálogo encabezadas por el Estado y con representantes de los más de 1500 actores del sector, donde se tengan en cuenta las condiciones disímiles de las grandes empresas respecto a las pymes y cooperativas, para evaluar cómo se llevan adelante los aumentos con un esquema equilibrado de precios, alineados con los costos, la proyección de inversiones, la calidad de los servicios y las ganancias que los proveedores necesitan para crecer, invertir y generar empleo, por un lado y, por el otro, los servicios que las personas necesitan para que sus derechos no sean vulnerados.

La proyección del sector debe hacerse a la par de la realidad de los usuarios y consumidores de los servicios que provee. Por el contrario: la proyección de innovaciones necesarias será más robusta y coherente en la medida que se compadezca con la realidad social en donde opera.

Un desafío que requiere nuestro compromiso es acortar la brecha digital. Si bien el 62,86% de los hogares en Argentina cuenta con banda ancha fija a internet, para el 27% representa una carga superior al 5% de los ingresos promedio. El nivel de penetración de este servicio revela que también existe una brecha geográfica: CABA presenta 106 accesos por cada 100 hogares; y en provincias como Formosa o San Juan, por mencionar algunas, cuentan con menos de 35 accesos cada 100 hogares.

Respecto a las comunicaciones móviles, la brecha se da en el tipo de servicio al que se accede según el poder adquisitivo, y en la calidad de servicio según lugar de residencia, ya que es una tecnología a la que acceden -a nivel estadístico- todas las argentinas y argentinos. La mayoría de los usuarios de los servicios móviles cuentan con modalidad "prepago" y es la población de menores recursos la que accede de esta manera a las comunicaciones móviles. Y el acceso al 4G es desigual: CABA cuenta con 108 radiobases cada 100 mil habitantes, mientras que 12 provincias del país tienen menos de 50 radiobases cada 100 mil habitantes. En este sentido, la incorporación de servicios básicos universales obligatorios dispuesta por el presidente Alberto Fernández es una oportunidad para las empresas para fidelizar usuarias y usuarios que hoy, con el servicio prepago, pagan el costo más alto de telefonía móvil, con una base de calidad en el servicio que equilibre las experiencias de uso entre las grandes ciudades y los pequeños pueblos.

Tenemos una red robusta que hay que seguir impulsando, para que llegue a lugares donde aún no llega, zonas que no son atractivas para el mercado y que en muchos casos tienen conexión gracias al trabajo de Arsat, a las PyMEs y las cooperativas del dinámico sector TIC. En este sentido, estamos trabajando en un plan de despliegue para igualar las oportunidades de acceso entre las grandes ciudades y los pequeños pueblos, en el marco de la necesaria planificación de la atribución de espectro que contempla nuevas generaciones de comunicaciones, como el 5G, y de medidas de estímulo a la compartición de infraestructuras TIC.

Tenemos que seguir pensando y debatiendo políticas públicas que cuiden a la población más vulnerable para garantizar la continuidad de tareas que antes requerían el contacto presencial, debemos fortalecer la infraestructura, promover la alfabetización y garantizar el acceso a los servicios TIC tal como recomendó La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) a fines de agosto en su comunicación 206, a través de la cual reconoció, además, el trabajo que venimos haciendo en Argentina. Las brechas digitales reflejan y profundizan las brechas socioeconómicas, por eso, desarrollar políticas para universalizar el acceso a las TIC es saldar una deuda para incluir y ampliar derechos.

*Secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.