Miércoles 2 de septiembre:
El gobierno de Paraguay anunció que realizó un operativo contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El presidente Mario Abdo Benítez se trasladó al lugar y calificó el procedimiento como exitoso. "Es un operativo exitoso, puede ser aún más, pero ya es exitoso porque fueron abatidos algunos integrantes del EPP", indicó el mandatario en una rueda de prensa desde el lugar. También mencionó que hubo un militar herido. El hecho ocurrió en el departamento de Concepción, distrito de Yby Yaú, al límite con el departamento de Amambay. Esta es una zona histórica de influencia del EPP. El procedimiento fue llevado adelante por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), unidad de las Fuerzas Armadas paraguayas creada especialmente en 2013 para combatir al grupo guerrillero.
Abdo Benítez señaló que el operativo no había finalizado ya que algunos miembros de la organización armada habían logrado escapar. Horas más tarde, el fiscal Federico Delfino, informó que las personas muertas eran dos mujeres. "Este operativo fue autorizado judicialmente desde el 28 de agosto y tenemos que hablar de la caída de dos ciudadanas paraguayas que prefirieron enfrentarse a la fuerza de seguridad que enfrentarse a la Justicia", acotó. Hacia la noche el vocero de la FTC, Luis Apesteguía, confirmó que las personas fallecidas eran dos adolescentes. Además dijo que aún no habían podido identificar a las menores y que serían hijas de líderes del EPP. Sus cuerpos fueron trasladados la morgue de Yby Yaú.
Jueves 3 de septiembre:
El general del FTC, Héctor Grau, indicó que las menores muertas podían ser de nacionalidad argentina. Al dar detalles sobre la acción militar del día anterior, informó que se habían producido dos enfrentamientos en un lugar densamente boscoso. "Al llegar cerca del área de campamento y de la primera área de seguridad, esta chica que es la primera que fue abatida comienza a disparar", indicó Grau. El militar informó que un oficial recibió un "refilón de arma de fuego en la cara" y que estaba fuera de peligro. A su vez dijo que habían encontrado objetos personales de Osvaldo Villalba, que sería uno de los líderes del grupo guerrillero. Respecto a los cuerpos dijo que siguiendo los protocolos sanitarios del coronavirus habían decido enterrarlos. "Las autoridades jurisdiccionales y también el médico forense han decidido inhumar los cuerpos el día de ayer. Eso ya se realizó y fueron enterrados en el cementerio de Yby Yaú", señaló el general.
Por su parte el médico forense Christian Ferreira dio los datos de la autopsia. "Hicimos un análisis de la edad aproximada de las dos personas. Utilizamos el criterio del desarrollo corporal y concluimos que uno de los cuerpos tenía una edad aproximada de 17 a 18 años y el segundo cuerpo una edad aproximada de 15 años. Siempre digo aproximado porque estamos hablando de una etapa en que la mujer sufre muchos cambios", explicó el forense. Además informó que las menores estaban vestidas con ropa militar. Ferreira indicó que la mayor de las jóvenes fue la primera en ser abatida, tras recibir seis impactos de bala, mientras que la menor murió de dos balazos en el siguiente enfrentamiento. "La posición en que estaban los cuerpos era de boca para abajo lo que nos induce a pensar que estaban en un proceso de huida”, indicó Ferreira. Además dijo que encontraron en la ropa de las niñas más de 200 municiones de distintos calibres.
Familiares de las víctimas salieron a refutar la versión oficial. Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, otro de los líderes del EPP, publicó los documentos de identidad de las menores. Una de ella se llamaba Lilian Mariana Villalba, y tenía 11 años. La otra menor, María Carmen Villalba, tenía la misma edad. Las partidas de nacimiento de ambas confirmaron que eran de nacionalidad argentina. Los familiares también dijeron que las niñas habían viajado a Paraguay para visitar a sus padres, miembros del EPP.
Myriam Villalba, madre de Lilian, pidió a través de su abogada, Daisy Ilara, que el estado paraguayo les restituya los cuerpos. Por su parte, Oviedo Brítez informó que las niñas no formaban parte de la guerrilla, ni tenían conocimiento militar. “Nosotros, toda la familia, las criamos con mucho amor dada la situación de sus padres. Ellas vivían en Argentina con su abuela”, dijo Oviedo al sitio Territorio. Además la familia publicó fotos de los cuerpos de las niñas tras el operativo donde se las ve con trajes militares. Oviedo denunció que el ejército paraguayo les había puesto esa ropa para encubrir la masacre que habían cometido.
Viernes 4 de septiembre:
Abdo Benítez denunció el uso de menores y adolescentes en las filas del EPP. ”Las víctimas son niños expuestos de manera cobarde e irresponsable”, dijo el mandatario. Por su parte el portavoz del Poder Ejecutivo, Federico González, puso en duda la veracidad de los documentos presentados por las familias. González aseguró que según datos de inteligencia las menores habían nacido en el monte y posteriormente fueron llevadas hasta la Argentina, donde sus familiares les consiguieron documentación. Horas más tarde, el embajador paraguayo en Argentina, Julio César Vera, convalidó la identidad de las menores. "Son personas que fueron inscriptas en la ciudad de Clorinda, Formosa, y son de nacionalidad argentina”, dijo el diplomático a Radio Monumental. Sin embargo sostuvo que las ambas fueron inscriptas cuando tenían "tres o cuatro años" y que posteriormente se incorporaron a la columna armada. "La versión sale de organismos de seguridad paraguayos", indicó Vera al ser consultado por la fuente de esa información.
Por su parte la abogada de Villalba aseguró que las chicas no participaron del combate. “No hay ninguna posibilidad de que hayan hecho ningún tipo de enfrentamiento. Esas niñas de 11 años no pueden cargar los fusiles, no pueden andar enfrentándose con ningún grupo de militares”, dijo Irala en diálogo con el sitio C9N. La letrada informó que las menores vivían e iban al colegio en Puerto Rico, Misiones. En paralelo la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó que el accionar del FTC presentaba características de un crimen de Estado. "Resulta inexplicable el apresuramiento por sepultar los cuerpos antes de que sean identificados y entregados a sus familiares. Pareciera existir premura por intentar borrar evidencias del terrible suceso”, dijo el organismo. Por su parte la Cancillería Argentina pidió el urgente esclarecimiento del hecho. "Rechazamos enérgicamente toda expresión oficial que busque encubrir responsabilidades", indicó el ente diplomático.
Sábado 5 de septiembre:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno paraguayo a investigar las circunstancias de la muerte de las niñas. En respuesta al pedido de Argentina, el ejecutivo guaraní pidió la coperación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). De esta forma expresaron sus sospechas de que las madres de las niñas no eran las personas que figuraban en las partidas de nacimiento. En paralelo el fiscal Federido Deflino pidió exhumar los cuerpos de las menores para realizar un nuevo peritaje. Los familiares denunciaron que no los dejaron participar del procedimiento. "Una vez más están negando la posibilidad de que los familiares vean los cuerpos. Es porque están ocultando la barbaridad que cometieron", denunció Irala. Tampoco fue habilitado para formar parte del mismo el cónsul argentino. La letrada volvió pedir que los cuerpos sean entregados a los familiares en Argentina. Además requirió al ejército que presente las filmaciones del operativo. "Tienen miedo que sea vea lo que hicieron los militares con las niñas, porque incluso recibimos información de que fueron torturadas salvajemente", indicó la abogada.
Al dar los resultados de la exhumación el director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, corroboró que las menores tenían 11 años. “Tienen entradas de balas de armas de fuego de atrás para adelante, de adelante para atrás, también, en ambos cuerpos", detalló el médico. Respecto a la denuncia de torturas Lemir dijo que los cuerpos no mostraban evidencia de algo así. "No se ha visto ninguna lesión defensiva en los miembros superiores e inferiores, tampoco signos de tener ataduras, ni signos característicos de tortura", informó Lemir. Por su parte, Delfino confirmó que las vestimentas con que encontraron a las menores tras el operativo habían sido quemadas siguiendo protocolos sanitarios. Además el fiscal informó que las niñas habían salido de Argentina el 19 de noviembre y ya no regresaron al país.
Domingo 6 de septiembre:
La abuela de las menores, Mariana Ayala de Villalba, aseguró que ambas crecieron con ella en Misiones y no integraban la guerrilla del EPP. “Mataron a dos niñas y no saben cómo salir de esa situación”, denunció Ayala. En paralelo el representante de Derechos Humanos de ONU en América del Sur, Jan Jarab, demandó al Estado una investigación sin demora e imparcial. "Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger", lamentó Jarab. Estas declaraciones generaron una inmediata reacción del gobierno paraguayo, que tildó de irresponsable al funcionario. "Insinúa una posible alteración de los hechos sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado", respondió la cancillería de Paraguay. También la Confederación Episcopal Paraguaya (CEP) se sumó a las críticas de la ONU. "Los procedimientos son confusos y han dejado muchas dudas e interrogantes", sostuvo la entidad.
Por su parte Oscar Chamorro, comandante de la FTC reconoció que no hicieron filmaciones del evento. "Lastimosamente podemos anotar eso como una lección aprendida", dijo Chamarro. El militar se excusó diciendo que las operaciones podían llevar días y las baterías de las cámaras no da darían a basto.
Lunes 7 de septiembre:
Myriam Villalba, madre de una de las niñas, denunció que las ambas habían sido capturadas, torturadas y ejecutadas. “El gobierno de Paraguay está haciendo una campaña sucia para cubrir la ejecución de las dos niñas", sostuvo Villalba. Además, contó que las menores habían viajado a Paraguay para visitar a sus parientes, pero no pudieron regresar a la Argentina por las restricciones impuestas por la pandemia. La jueza Lici Sánchez informó que la Justicia entregó a la familia los restos de las chicas. En paralelo, el médico forense que participó en la segunda autopsia dijo que las prendas de las niñas pudieron haberse guardardo respetando protocolos de la covid-19. Además, Lemir afirmó que la ropa hubiera servido para determinar la distancia de los disparos.
El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, informó que el presidente solicitó al Congreso Nacional una sesión reservada para brindar detalles sobre el operativo de la FTC. La misma será el miércoles nueve de septiembre. Óscar Salomón, presidente del Congreso paraguayo y miembro del Partido Colorado, al que pertenece Abdo Benítez, dijo que la reunión será reservada para poder brindar información sensible.
Martes 8 de septiembre:
Representantes del poder Ejecutivo denunciaron formalmente la presencia de niños en las filas del EPP. A su vez pidieron al ministerio Público una investigación sobre cómo llegaron los menores hasta el grupo criminal. El procurador general de la República, Sergio Coscia, aseguró que el Estado contaba con información que las niñas habían nacido en un campamento del grupo guerrillero y luego fueron llevadas hasta la Argentina. El Ministerio Público designó a la fiscal de Derechos Humanos, Silvia Cabrera, para llevar adelante las investigaciones sobre la muerte de las menores.
