La presencia de efectivos armados de la Policía Bonaerense en la entrada de la Quinta de Olivos despertó el repudio de casi todo el arco político y social. A excepción del elocuente silencio de algunos referentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, funcionarios oficialistas, opositores, dirigentes sindicales y líderes sociales se pronunciaron en contra de la protesta policial en la puerta de la residencia donde vive Alberto Fernández e insistieron en la importancia de defender la institucionalidad democrática.
Mientras los efectivos de la Bonaerense comenzaban a reunirse en la entrada de la residencia presidencial, legisladores del Frente de Todos, organizaciones sindicales, referentes sociales y funcionarios nacionales salieron a repudiar las protestas. “No es ético aprovechar la pandemia para profundizar las crisis. El gobierno nacional no se va a hacer el distraído. Los problemas se resuelven hablando frontalmente y con sensatez”, planteó, en un tono más apaciguador, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.
El Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “total repudio y profunda preocupación” frente a la presencia de uniformados armados en la entrada de la Quinta de Olivos, “una actitud de amedrentamiento que no se puede aceptar en democracia”. “Las armas que les otorga el Estado son para cuidar a los argentinos y las argentinas y no para buscar la alteración del órden democrático”, señaló el PJ porteño. Y agregó: “Acompañamos y apoyamos al Presidente de la Nación y al gobernador de la porvincia de Buenos Aires quienes vienen afrontando no solo la crisis generada por la pandemia sino la que generó Juntos por el Cambio en los últimos cuatro años”.
Les intendentes del Frente de Todos de la tercera sección electoral también se sumaron al rechazo a través de un comunicado titulado “El reclamo es justo, el método no”, en el que consignaron que, si bien “se puede comprender el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad”, la actitud de rodear la quinta presidencial “es un acto de amenaza y amedrentamiento contra el gobierno.
Los sindicatos también se sumaron al repudio y manifestaron su solidaridad con las autoridades. La CGT emitió un comunicado en el que condenó “el exceso del legítimo reclamo” de los policías bonaerenses y advirtió que “la defensa de los derechos laborales de los integrantes de esa fuerza se transformó con el paso de las horas en una real amenaza para el normal funcionamiento del Estado”. Las dos CTA también denunciaron la metodología de las protestas y exhortaron a la Policía Bonaerense a “no convertir el reclamo en una especie de acto sedicioso”, en palabras de su titular, Hugo Yasky. El Smata aseveró que las manifestaciones policiales bonaerenses “no restan importancia a la dignificación laboral que procuran y por la cual luchan todos los trabajadores, pero el modo, las condiciones y la impulsiva y masiva comunicación adrede y peyorativa no es una casualidad”.
Por su parte, el líder social del MTE Juan Grabois convocó a una marcha de velas hacia la Quinta de Olivos bajo la consigna “Paz y Democracia”, pero luego retiró el llamado ante el pedido de Alberto Fernández.Desde Juntos por el Cambio no hubo, esta vez, comunicado expresando preocupación por la estabilidad institucional. Dos de sus principales referentes, la ex gobernadora María Eugencia Vidal y el ex presidente Mauricio Macri, no hicieron –al menos hasta el cierre de esta edición– ningún comentario.
Quien sí se pronunció fue fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “No es la forma ni el lugar. Es inadmisible la presencia de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires en la quinta presidencial de Olivos. El reclamo salarial debe ser canalizado en el ámbito que corresponda. El diálogo es el camino”, tuiteó Larreta, unas horas antes del anuncio de Alberto Fernández que luego generó otro intercambio con dirigentes de la oposición por la coparticipación.
Hubo también mensajes de repudio por parte de distintos dirigentes.. “A favor de las legítimas reivindicaciones de la Policía Bonaerense. En contra del reclamo frente a la Quinta de Olivos. No es el lugar”, tuiteó el polémico diputado cambiemita Fernando Iglesias. El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, el senador Martín Lousteau, el diputado Facundo Suárez Lastra, entre otros legisladores de Juntos por el Cambio, también repudiaron la manifestación de la policía frente a la residencia presidencial, aunque no reaccionaron con tanto entusiasmo ante el anuncio presidencial.
La respuesta orgánica del radicalismo al acuartelamiento policial fue, por el contrario, contradictoria y polémica. La primera reacción oficial de la UCR fue la de publicar un comunicado a favor de la revuelta policial, exigiéndole al gobierno nacional que atendiese los reclamos de la policía. “El reclamo salarial tiene que ser un derecho de todos los trabajadores. El de la Policía Bonaerense es legítimo y entendible. No se lo puede vincular con una operación política de desestabilización”, declaraba Alvaro de Lama.
Los organismos de derechos humanos
Los organismos de Derechos Humanos, por otro lado, expresaron una "enorme preocupación" al señalar que es un "acto de gravedad institucional" y que exige "su absoluta condena". Entre los firmantes figuran Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S capital y la Asamblea Permantente por los Derechos Humanos, entre otros.
Universitarios y científicos
Por su parte, las rectoras y los rectores de las universidades públicas -agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional- rechazaron la presencia de las fuerzas policiales armadas en la quinta presidencial. "Hace ya casi cuarenta años que nuestro país eligió vivir definitivamente en democracia y, por lo tanto, son inaceptables las conductas que vayan en contra de las formas convenidas por toda la sociedad para resolver cualquier conflicto en un estado de derecho", expresaron en un comunicado. El rector de la Universidad de Buenos Aires firmó una resolución específica para sumarse al rechazo.
En su declaración la autoridades universitarias manifiestan su "preocupación y rechazo por la presencia de fuerzas policiales armadas y haciendo uso de los elementos que el propio Estado les brinda frente a la quinta presidencial de Olivos y la casa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires". El rector de la UBA, Alberto Barbieri, firmó una resolución de adhesión a la declaración del CIN.
El Grupo CyTA emitió, por su parte, un documento en el que advierte sobre la existencia de una "campaña de desestabilización" contra el gobierno de Alberto Fernández, en el que vincula las protestas de la Policía Bonaerense con la decisión de la Juntos por el Cambio de oponerse a sesionar virtualmente en el Congreso y su rechazo al impuesto a las grandes fortunas, así como su "incitación a desobedecer mínimas normas sanitarias que buscan proteger la vida de los argentinos".
