Los organismos de derechos humanos se sumaron a los repudios contra los efectivos de la Policía Bonaerense que se encuentran este miércoles en los alrededores de la Quinta de Olivos.  En un comunicado, las organizaciones remarcaron su preocupación ante la protesta policial, al calificarla como un"acto de gravedad institucional que exigen la más absoluta condena".

"Con el argumento de un reclamo laboral, sorprende se manifieste con tanta crudeza y violencia sin siquiera agotar los canales de diálogo con las autoridades involucradas, que asumieron hace 10 meses la conducción de una Provincia diezmada por las políticas neoliberales inauguradas a partir del 10 de diciembre de 2015", manifiesta el comunicado.

En otro fragmento del texto advierten su preocupación por "cómo sobre las demandas de esos grupos se montan impunemente, todo tipo de operaciones mediáticas, a las que se suman las provocadoras expresiones de la derecha más reaccionaria y de sectores de la oposición política".

Además, las y los referentes de derechos humanos señalan que "esos hechos generan zozobra en la sociedad, que tiene muy presente en su memoria situaciones similares de la historia reciente, que llevaron a nuestro Pueblo a vivir las horas más trágicas".

"Como parte de esa sociedad, exigimos cesen las acciones, temerarias y delictivas de esos grupos, que ponen en serio riesgo a las instituciones democráticas. Respaldaremos todas las medidas tendientes a desactivar y resolver pacíficamente el conflicto a la mayor brevedad posible", indican, y expresan su solidaridad con el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.

Por último, afirman que "la mayoría del pueblo argentino no tolerará ningún acto ni acción sediciosa que ponga en riesgo a las instituciones de la República. Y a los que pretendan aprovecharse de estos lamentables sucesos contrariando lo que manda la Constitución de la Nación Argentina, incitando a la violencia y al odio, deben saber que sobre ellos caerá todo el peso de la ley".

Los firmantes del documento son: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S Capital; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Comunicado Justicia Legítima

La Asociación Cívil Justicia Legítima también se sumó a las críticas. En un comunicado opinan que "sin perjuicio de la legitimidad del reclamo, las fuerzas de seguridad tienen el deber de cumplir con la misión que el marco normativo les asigna y contribuir a consolidar el sistema democrático".

También destacan la necesidad de "profundizar la formación y capacitación del personal de seguridad en derechos humanos y ciudadanía" y describen un contexto complejo para el país, "con anuncios de golpes de estado, reivindicaciones del 'Operativo Independencia' llevado a cabo por el genocida Buzzi, la negativa a permitir el funcionamiento del Congreso de la Nación, el lanzamiento de una bomba molotov contra la residencia presidencial", entre otros hechos.

"Todas estas cuestiones nos llevan a exhortar a las instituciones políticas, sindicales, empresariales y religiosas, a adoptar de manera urgente una posición clara y activa de defensa del sistema democrático y la convivencia pacífica", concluyen.

El comunicado completo de los organimos de derechos humanos

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes, expresan su enorme preocupación ante los hechos de dominio público que se viven por estas horas en la Provincia de Buenos Aires, y que tienen como protagonistas a un numeroso grupo de efectivos de la Policía Bonaerense, virtualmente alzados contra las autoridades de la Constitución.

Con el argumento de un reclamo laboral, que sorprende se manifieste con tanta crudeza y violencia, sin siquiera agotar los canales de diálogo con las autoridades involucradas, que asumieron hace 10 meses la conducción de una Provincia diezmada por las políticas neoliberales inauguradas a partir del 10 de diciembre de 2015, dejándola prácticamente inerme, a lo que debe sumársele el grave contexto de pandemia, vemos como una fuerza de seguridad avanza en actos de gravedad institucional, que exigen nuestra más absoluta condena.

Advertimos, con preocupación manifiesta, cómo sobre las demandas de esos grupos se montan impunemente, todo tipo de operaciones mediáticas, a las que se suman las provocadoras expresiones de la derecha más reaccionaria y de sectores de la oposición política.

Esos hechos generan zozobra en nuestra sociedad, que tiene muy presente en su memoria situaciones similares de la historia reciente, que llevaron a nuestro Pueblo a vivir las horas más trágicas.

Como parte de esa sociedad, exigimos cesen las acciones, temerarias y delictivas de esos grupos, que ponen hoy en serio riesgo a las instituciones democráticas.

Respaldaremos todas las medidas tendientes a desactivar y resolver pacíficamente el conflicto a la mayor brevedad posible y expresamos toda nuestra solidaridad con el Presidente Alberto Fernández y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.

Debe quedar muy claro, que la mayoría del pueblo argentino, no tolerará, ningún acto ni acción sediciosa que ponga en riesgo a las instituciones de la República. Y a los que pretendan aprovecharse de estos lamentables sucesos, contrariando lo que manda la Constitución de la Nación Argentina, incitando a la violencia y al odio, deben saber que sobre ellos caerá todo el peso de la ley, que en el marco del Estado Democrático de Derecho rige en nuestro país y nos obliga como ciudadanos y ciudadanas a salir en su defensa.