Con discusiones de diverso tenor, el lanzamiento de una campaña solidaria para la donación de plasma y un contrapunto referido a la gestión del gobierno provincial frente a la emergencia sanitaria, el Concejo Deliberante salteño llevó a cabo ayer una nueva sesión ordinaria por videoconferencia.

En el encuentro, de cuatro horas de duración, también hubo lugar para reclamos al Ejecutivo comunal y la sanción de dos ordenanzas referidas al cuidado del ambiente y los espacios verdes.

Tal como indica la resolución que habilita las sesiones virtuales, en el inicio de la reunión se tomó asistencia a los ediles. Al dar cuenta de su presencia, cada uno de ellos exhibió un cartel con el mensaje “Donar plasma salva vidas”, en consonancia con las diversas campañas de donación voluntaria de plasma sanguíneo, por parte de personas recuperadas de covid-19.

Se trata de una iniciativa de la presidencia del Concejo Deliberante, a cargo de Darío Madile quien, justamente, fue el primero en tomar la palabra, en el tramo de manifestaciones de la sesión. El edil disparó contra los políticos que no forman parte del gobierno “y que sólo se dedican a criticar”. En ese sentido hizo un llamado a la unidad y convocó a los dirigentes de todos los espacios a “sumarse y a colaborar con el Ejecutivo provincial, pero metiendo los pies en el barro”.

Lejos de ello, al concejal opositor Fernando Ruarte no le tembló la voz cuando expresó sus críticas al gobernador Gustavo Sáenz, en relación al “colapso del sistema sanitario en la provincia”. El edil del Frente de Todos sostuvo que el mandatario “pintaba una realidad muy diferente a la que se mostró en los medios nacionales y para ello, contó siempre con la complicidad de los medios locales”.

Ruarte también aludió al proyecto para la derogación de la Ley provincial 8191 (otrora Decreto 255/20), que el martes recibió media sanción por parte de la cámara de Diputados. Al respecto aclaró: “Esto fue gracias a la lucha de los organismos de DD.HH. y no gracias a la buena voluntad del gobernador”.

Vale recordar que, mediante este instrumento legal, que otorga facultades excepcionales a la Policía de Salta, las fuerzas de seguridad cometieron numerosos hechos de violencia institucional, que fueron denunciados en repetidas ocasiones.

Enseguida varios concejales saencistas salieron al cruce. “Bueno sería que también nos acordemos de Tartagal, donde durante mucho tiempo no se hizo absolutamente nada”, lanzó Ángel Causarano. Las palabras del vicepresidente primero del cuerpo hacían referencia al municipio del noreste salteño, gobernado durante doce años por el actual senador nacional, Sergio “Oso” Leavy. “¡Cuánto ruido estará haciendo nuestro gobernador, para que le dediquen tanto tiempo los medios nacionales!”, concluyó Causarano.

Santiago Alurralde, en tanto, habló de “críticas destructivas” y llamó a la oposición a “no hacer leña del árbol caído”. Romina Arroyo, por su parte, expresó que Fernando Ruarte hablaba “desde el odio y desde la grieta” y lo invitó “a trabajar en conjunto”.

Frida Fonseca, finalmente, dijo que existe “un aprovechamiento malsano por parte de los medios nacionales”, quienes “han faltado a la verdad” porque, a su criterio, “Salta ha manejado la pandemia con absoluta responsabilidad”. Acto seguido, leyó un comunicado del bloque Salta tiene Futuro, en apoyo al gobernador Gustavo Sáenz.

Verde que te quiero verde

Durante la sesión también fueron aprobadas dos ordenanzas relacionadas con el cuidado del ambiente. La primera de ellas, plantea una modificación al Código de Espacios verdes y Arbolado público (Ordenanza 15.675), ampliando lo entendido como “daño pasible de sanción”.

Al momento de tratar la iniciativa, la autora del proyecto, Paula Benavides, explicó que la redacción original “solo sancionaba las lesiones que se realizaban sobre los árboles” y que, por tal motivo, era necesario “resguardar otros elementos de los espacios verdes públicos”.

Los cambios introducidos establecen que “las acciones que impliquen lesión a la anatomía del árbol, al solado vegetal, a las especies arbustivas, florales y aromáticas, a la infraestructura de los espacios verdes, al mobiliario urbano y monumentos emplazados, serán sancionadas con multas de 400 hasta 2.000 Unidades Tributarias” (esto es, entre $7100 y $35.400).

El segundo proyecto de ordenanza, elaborado por el edil Francisco Benavidez, crea el Programa permanente de concientización y capacitación sobre la separación de residuos en origen.

“Este es uno de los puntos que muchos concejales hemos planteado al Ejecutivo municipal, en la confección del pliego de licitación para el servicio de Higiene urbana”, explicó Romina Arroyo, quien luego agregó: “Trabajar en separación en origen es trabajar en pos de una ciudad más saludable”.

En relación a esto, la concejala Susana Pontussi, del monobloque PARES, recordó que el programa de separación y recolección diferenciada de residuos “Separemos juntos”, surgió en 2011 como iniciativa municipal: “Lamentablemente, la mayoría de los vecinos no sabe que este programa sigue vigente”, advirtió.

Laura García, por último, aprovechó la ocasión para reprocharle al Ejecutivo comunal, la escasa participación que le proporcionó al Concejo Deliberante, a lo largo del proceso licitatorio. Con indisimulable enojo pero, a la vez, con aparente resignación, dijo: “No hemos sido informados de nada. Esto es una falta de respeto no sólo hacia nosotros, sino hacia los vecinos de la ciudad de Salta”.