El viernes 21 de agosto, por la noche, un tuit sorprendió a gran parte del país: el presidente Alberto Fernández informaba que por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 690/2020) los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones pasan a ser públicos y esenciales.
Si bien, como consecuencia de la pandemia, nadie podría discutir que internet es un servicio esencial, que hace a la educación, al trabajo, al entretenimiento y al acceso a la compra de cualquier producto, algunos entendieron que la nueva norma era una represalia para las grandes compañías del sector, con Clarín a la cabeza, al congelar los precios hasta fin de año; otros entendieron que significará un retroceso en las inversiones y por ende resignar calidad de servicio.
En esa lectura inicial, que iba del aplauso a la crítica, según la vereda desde la cual se hablaba, faltaba tomar en cuenta una tercera posición: la de las cooperativas y pymes vinculadas a las TIC, que en todo el país representan nada menos que el 40 por ciento de los trabajadores del sector si bien en la facturación su incidencia es notablemente menor.
En Argentina, las empresas de telefonía, internet y cable no se limitan a los grandes jugadores, que son los que más habitualmente vemos y se encuentran en los grandes centros urbanos, los que inicialmente emitieron su rechazo. Hay cientos de cooperativas y pymes en cada una de las provincias que brindan servicio al 10 por ciento de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, dispersos en innumerables ciudades, pueblos y parajes del interior profundo.
Dichas organizaciones no solo representan un porcentaje alto de los trabajadores del sector, sino que se sitúan en zonas donde las grandes empresas no llegan, pues las importantes inversiones en contraposición a una baja densidad poblacional, no son compatibles con la rentabilidad buscada por las empresas de capital. En ese sentido, las cooperativas no solo forman parte del entramado del servicio nacional de TICS, sino que cumplen un rol social esencial al llevar conexión a lugares alejados y poblaciones de menores recursos.
Por todas estas razones, las cooperativas, así como las pymes, deben ser convocadas a participar en la reglamentación del DNU 690/2020, pues escuchando a quienes tienen contacto a diario en las pequeñas y medianas comunidades, alejadas de los grandes centros urbanos, brindando servicios en condiciones muchas veces adversas, sin dudas significará una importante colaboración para lograr los fines previstos en esa norma, considerando además que por esa prestación diferencial estos pequeños prestadores, sin fines de lucro en el caso de cooperativas, deben tener un tratamiento acorde a su naturaleza y distinto a los grandes jugadores del sector.
Mayor equidad
El DNU, además de congelar tarifas hasta fin de año y fijar un marco regulatorio al sector TIC, brinda la posibilidad de contribuir a una transformación estructural del sector, apuntando a mejorar la inclusión digital a partir de la organización de las comunidades locales. En dicha agenda, el rol de las cooperativas es central y el Estado debe tenerlo presente.
Celebramos los primeros acercamientos e invitamos a las autoridades nacionales a seguir convocando a las organizaciones cooperativas a cargo de servicios de telecomunicaciones y TIC, para que las políticas que se deriven de esta decisión se vean enriquecidas con su experiencia, tanto desde la adecuada atención a las particularidades de cada territorio como a la visión respecto a las diferentes políticas de formación de precios que se expresan hoy en el mercado.
Para que los servicios que brindan las tecnologias de la información puedan llegar a cada uno de los argentinos, resulta prioritario el rol de las cooperativas y pymes de cada ciudad, así como también el respaldo y el estímulo por parte del Estado, regulando los precios de compra de ancho de banda, pero también, entre otras medidas, ayudando a las cooperativas a brindar conexión allí donde la rentabilidad es más baja pero la necesidad de conexión es igualmente esencial.
* Presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
