Toma de tierras en Guernica: ante el miedo por el desalojo, los vecinos marcharon a la Municipalidad

Junto a su marido y cuatro de sus hijos, Alba habita una de las miles de casillas de la enorme toma de Guernica. Vivía en lo de su mamá y eran demasiadas personas en un mismo lugar: 12. "Me avisó una amiga y me vine", cuenta, en las puertas de su hogar improvisado con palos, bolsas y restos de una pelopincho. Una planta que la familia colocó tras los cables que delimitan su terreno sintetiza la búsqueda de una real oportunidad habitacional en este predio de 100 hectáreas, abandonado, según dicen, hace 40 años. Alba tiene cocina y televisor -algunos vecinos cuentan con luz-, pero sabe que la esperanza de armar allí una vida podría pronto esfumarse. La Justicia ordenó esta semana el desalojo de una de las tomas más grandes y emblemáticas del país, y el primer impulso de Alba fue juntar todo e irse.

"Agarré todo, asustada, por mis hijos. No quiero que vean nada extraño. Pero después dije, ¿por qué? Voy a seguir luchando, como la luché hasta ahora. Para que ellos tengan algo para vivir", expresa, en una pausa del desayuno y preparándose para sumarse a una movilización hasta las puertas de la Municipalidad de Presidente Perón. Su casilla se encuentra en el barrio San Martín, uno de los cuatro en que quedó dividido el predio, con parcelas prolijamente limitadas con cables y palos, y embarrado este jueves de intenso sol. La de Alba es una de las construcciones menos precarias. En todas las direcciones y distanciadas entre sí, las hay de tela, chapa, nylon, madera. Varias están vacías; parecen deshabitadas. Hay quienes salieron a trabajar y a buscar comida. No se ven, como es usual, policías rondando la zona ubicada en los barrios Numancia y San Martín, probablemente debido a las protestas.

Una pareja custodia la vivienda de una familia que salió con su carrito a buscar comida donde sea. Prefieren no decir sus nombres, y cuentan que vivieron en la calle, en Constitución. Después estuvieron en un parador, hasta que finalmente, con ayuda estatal, pudieron alquilar una habitación en el municipio a 8 mil pesos. A él la pandemia le obturó las changas de albañilería y pintura, además se les complicó salir a "pedir cosas". En el pasto se ven los cables de los que obtienen cobre para vender. "Tenemos miedo. Si nos sacan de acá, ¿qué hacemos? ¿Otra vez a Constitución? ¿Adónde? Un amigo puede ayudar un día, pero ¿después?"

La marcha

"Nos van a sacar muertos", gritó con fuerza una de las vecinas en las puertas de la Municipalidad, que sí se hallaba custodiada por muchos uniformados. Otras personas afirman que si las corren de donde están irán a instalarse a la plaza céntrica. Partiendo de una zona donde se ven caballos y gallinas, los manifestantes caminaron unas 20 cuadras golpeando baldes y tapas de ollas, aplaudiendo, cantando y con carteles. Al frente había una bandera con la leyenda "No al desalojo, tierra para vivir". Predominaban las mujeres (dirigieron una carta al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad por los casos de violencia de género), los jóvenes y los niños, bebés incluso. En el camino, en una estación de servicio, se encontraron con organizaciones sociales, como Barrios de Pie, el Polo Obrero y el Frente Popular Darío Santillán, que se ubicaron detrás con sus banderas. La avenida Yrigoyen quedó cortada en dirección a la Municipalidad.

Además de interpelar a la intendenta Blanca Cantero, los vecinos reclamaron la reactivación de una mesa de diálogo con autoridades del municipio, la provincia y Nación que derive en una solución habitacional para las familias. Se estima que son 2500. Un grupo de cuatro delegades fue recibido por los secretarios de Gobierno, Mariano Amato, y Seguridad, Alejandro Carbone. Pero no fue un encuentro fructífero, de acuerdo a lo que informaron al dejar el edificio. 

"Dijeron que iban a trabajar para parar el hostigamiento policial, pero que con lo judicial no se pueden meter. Remarcamos que necesitamos agua y alimentos", detalló a Página/12 Victoria, una de las delegadas, quien tiene su propia casa pero participa de la toma como militante --sucede en varios casos: ella quiere armar un espacio para la niñez--. "Es una verguenza que se lleven detenida a la gente que sale a buscar agua o a trabajar. Les rompen los alimentos, les llevan las leñas. No podemos entrar materiales para construir, pero pedimos que nos dejen ingresar agua y leñas para hacer la leche a los pibes." En la única mesa de diálogo que hubo se había acordado la realización de un censo pero lo que finalmente hubo fue un "fraude" que habilitó la imputación de 533 personas. 

María del Rosario Fernández, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas que defiende a las familias, informó que existe la posibilidad de apelar la resolución judicial. "Hasta que no se venza el plazo para ese recurso, que es de 20 días, no queda firme. No va a ser un desalojo sencillo: podría ser una batalla campal", advirtió. Les abogades habían apelado el fallo del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, pero la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal lo ratificó, reconociendo "los títulos precarios de propiedad que presentan los denunciantes", en palabras de Fernández. El reclamo surgió de la firma Bellaco S.A., se supone que para extender countries del lugar con canchas de rugby.

Entre quienes marchaban había empleadas domésticas, como Dorila, que se quedó sin trabajo y ya no pudo pagar el alquiler. Su ex no le pasa dinero y tiene cuatro hijos y tres sobrinos a cargo. "Ojalá que no nos saquen. Es nuestra única esperanza para tener nuestro techo. No queremos que nos regalen el terreno: el día de mañana podemos pagarlo." Los albañiles también son protagonistas, igual que los jóvenes que buscan un futuro para sus hijos. Juan tiene 23 años y reúne ambas características. Así como hay vecinos que se les oponen, otros ofrecen ayuda. A él le dan pañales. Con la pandemia tuvo que elegir entre seguir alquilando o alimentar a su familia. "Me quedé sin alquiler, sin trabajo. Trabajaba en negro. No tengo estudios. Mi señora cobra la asignación, eso ayuda. Queremos que nuestros hijos tengan algo y no los echen el día de mañana si no pueden pagar el alquiler", manifiesta. La jornada terminó con un abrazo simbólico al predio, en el que funciona un comedor, ollas populares, una plaza y un espacio escolar.

Qué dicen los funcionarios

Resulta imposible imaginar un desalojo que no sea traumático y violento, pero eso intenta el gobierno provincial, de acuerdo a lo expresado por el secretario de Acceso al Hábitat, Rubén Pascolini, a este medio. Sostuvo que debería abrirse una mesa de gestión con participación de distintas áreas del Estado previamente al hecho. "Es una instancia aprobada por protocolo por la Suprema Corte, pero debe ser avalada por el juez. Apunta a buscar alternativas para los pobladores que reclaman, inmediatas o mediatas", explicó, aunque también destacó el "derecho a la propiedad" que está en juego. El censo reclamado por los manifestantes comenzará, según adelantó, la semana próxima. "No vamos a hacer un censo para imputar, sino para saber cuántas familias hay y cómo están compuestas", aclaró, y aseguró que "la idea es dar una respuesta" a la problemática habitacional. No se descarta la posibilidad de ubicar en tierras fiscales cercanas a las familias que realmente lo necesiten.

La intendenta Blanca Cantero (Frente de Todos), en diálogo con este diario, volvió a expresar que detrás de la toma hay organizaciones, que "no fue espontánea". Dijo que no queda nadie en la noche y que muchos de los que están allí tienen su casa en barrios de Guernica; que la situación trajo inseguridad a los vecinos. Que muchos de los que ocuparon el lugar son de otros partidos y que su distrito "no tiene recursos para una solución mágica". "No estoy de acuerdo con ningún tipo de usurpación. No había vecinos en situación de calle en Guernica cuando asumí. En la toma hay muchos dirigentes que no son de mi localidad y dicen representar a los vecinos. Mucha gente aprovechó la necesidad de algunos para hacer un gran negocio. No podemos vivir en la anarquía", sentenció. Sobre el desalojo, manifestó: "No quiero violencia. Dependerá de las personas que están ahí. Quiero que todo el mundo se vaya en paz".