Con la sanción en la Cámara de Diputados de Salta de la adhesión a la Ley Nacional 27.548, también denominada “Ley Silvio”, el ministerio de Salud de Salta deberá crear el Programa de Protección al Personal de Salud ante la Pandemia de Coronavirus COVID-19, que entre otras cosas lo obliga a Implementar un protocolo de diagnóstico continuo y sistemático focalizado en el personal de salud, cuyos análisis tendrán prioridad en los laboratorios autorizados.
De esta manera, en cierto punto, la nueva normativa viene a zanjar la polémica que involucró a los diputados oficialistas cuando la semana pasada rechazaron el tratamiento de un proyecto de resolución solicitando el testeo masivo a los trabajadores sanitarios.
La ley Silvio, llamada así en honor del enfermero bonaerense Silvio Cufré, uno de los primeros trabajadores de la salud que murió de COVID-19, tiene dos ejes principales, el primero es declarar prioritario para el Estado “la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria”.
Y el otro es la creación del Programa de Protección al Personal de Salud cuyo objetivo principal será la prevención del contagio de Coronavirus COVID-19.
Mediante ese programa el Estado provincial deberá crear los protocolos obligatorios de protección para los trabajadores y los establecimientos médicos tendrán que garantizar medidas de bioseguridad para evitar que el virus se propague.
En tanto uno de los puntos clave del articulado se encuentra en el apartado 6°, inciso e, que señala la necesidad de implementar un protocolo de diagnóstico continuo y sistemático focalizado en el personal de salud que preste servicios en establecimientos donde se realice atención de casos sospechosos, realización de muestras o tests, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19. El análisis de las pruebas diagnósticas del personal de salud tendrá prioridad absoluta en su realización y notificación por parte de los laboratorios autorizados.
Ahora será el Ejecutivo, más precisamente el flamante ministro de Salud, Juan José Esteban, quien deberá llevar a la práctica e implementar los que obliga la nueva normativa. Uno de los escollos que podría encontrar en lo inmediato refiere a las partidas presupuestarias necesarias debido a que por el momento la provincia se encuentra ejecutando una prórroga del ejercicio del año pasado.
Sin embargo la reciente declaración de la Emergencia Sanitaria faculta de herramientas al Estado para reasignar partidas en todo lo referido con la pandemia.
Uno de los grandes problemas que debe afrontar el sistema sanitario salteño es la escasez de profesionales, debido a que tienen que abandonar sus puestos de trabajo por los contagios o aislarse ante sospecha de contacto estrecho.
El miércoles el personal del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, realizó un homenaje en la puerta del establecimiento por el fallecimiento de una de las enfermeras del lugar que se contagió de Covid.
De ahí la indignación que generó en la sociedad cuando hace dos semanas la Cámara de Diputados se negó a tratar el proyecto de resolución que proponía los testeos al personal de la salud.
Tamaña reacción se canalizó principalmente mediante las redes sociales y se focalizó en los integrantes de los dos bloques oficialistas que votaron en conjunto por el no tratamiento de la iniciativa.
El martes varios de los diputados expresaron su enojo por la situación y apuntaron indirectamente contra el autor del proyecto, Claudio del Plá, por haber forzado esa situación al intentar imponerlo sobre tablas y también remarcaron una supuesta mala intención de los medios de comunicación por como plantearon el tema.
Además reivindicaron la sanción de la adhesión al considerar que se estaba aprobando un proyecto con fuerza de ley y no una mera declaración como era el que propuso el Partido Obrero.
Lo llamativo es que la iniciativa había vuelto del Senado el 31 de julio con modificaciones, luego de que se aprobase inicialmente el 7 de ese mes en Diputados. Hasta este martes el proyecto había permanecido más de un mes inactivo hasta que fue nuevamente incluido en el Acta de Labor Parlamentaria.
Ahora para que entre en vigencia solo falta la promulgación del Poder Ejecutivo, aunque para algunos de los artículos previstos en la normativa se necesitará de la reglamentación para su posterior aplicación.