La Cámara de Senadores dio sanción ayer a la ley que prorroga la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 y la que autoriza al Ejecutivo a recibir un crédito del BID para realizar refacciones y ampliar el Hospital San Bernardo.

La sesión fue bajo la modalidad virtual, que se seguirá utilizando por lo menos en lo que resta del mes, con la única oposición del representante capitalino, Guillermo Durand Cornejo, que quiere retomar las presenciales.

Antes del tratamiento de los proyectos enviados por el Ejecutivo y que llegaban con media sanción desde la Cámara baja, se aprobaron dos declaraciones que responden a la denuncia pública realizada el pasado martes vía teleconferencia por el gobernador.

La primera de ellas solicita a los legisladores nacionales que intervengan ante las autoridades del PAMI para que amplíen los convenios con clínicas de Salta. En consonancia con los dichos de Gustavo Sáenz, la senadora Silvina Abilés sostuvo que ese organismo “solo tiene convenio con tres clínicas, solicitamos que Nación permita que se realicen convenios con más prestadoras de salud porque es la obra social con más afiliados y quienes más lo necesitan”.

También se aprobó una declaración solicitando a los representantes por Salta en el Congreso de la Nación que hagan llegar al Ministerio de Salud nacional, el pedido de estricto control de los servicios brindados por las obras sociales, institutos, prepagas, mutuales y clínicas privadas frente a la pandemia del nuevo coronavirus.

Emergencia sanitaria

Mas adelante, se dio tratamiento al proyecto que llegaba en revisión desde Diputados tras un largo debate que extendió esa sesión hasta entrada la madrugada del miércoles. En este caso, la prórroga de la ley de emergencia sanitaria en el marco de la pandemia por covid-19 (8.188), recibió un amplio apoyo de los senadores y fue aprobada sin cambios tal como llegó desde la Cámara Baja.

Sólo se opusieron Durand Cornejo y Javier Mónico, quienes presentaron reparos a la inclusión del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en la nueva constitución del Comité Operativo de Emergencia (COE).

Para estos legisladores, invitar a esos dos organismos del Poder Judicial les quitaría legitimidad a la hora de impartir justicia, ya que el COE es un ente que toma decisiones en la pandemia mientras que los demás “deberían mantener su independencia para juzgar lo actuado y hacer cumplir la normativa emitida por el organismo ejecutivo”.

Durand Cornejo también adujo que muchos de los considerandos de las infracciones previstas en el nuevo régimen excepcional contravencional, que deroga la controversial ley 8.191 (DNU 255), significaban una intromisión a la libertad y la vida privada de las personas.

Además de la prórroga, se modificó y amplió la composición del COE provincial, que de esta manera buscará reencauzar al organismo que había sido duramente criticado las últimas semanas por los legisladores, denunciando que no se los convocaba.

Con la nueva constitución serán dos los integrantes por Cámara dentro del nuevo Comité Operativo, uno por la mayoría y otro por la minoría, quienes se sumarán a las reuniones semanales junto a los representantes del Ejecutivo, del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo Económico y Social y de la Coordinación Epidemiológica.

Quien argumentó y defendió el proyecto fue nuevamente la representante por La Caldera, Silvina Abilés, quien volvió a alegar a favor de la gestión de Gustavo Sáenz en materia de salud. Aunque reconoció que faltan y seguirán faltando elementos y camas debido a la pandemia, como en la sesión anterior, resaltó que “ya se ha destinado un 94% más del presupuesto en la materia que en la gestión pasada”.

También culpó al sector privado “que no colabora y no recibe personas”, generando el colpaso del sistema público. Y acusó a la población de no respetar los cuidados adecuados, “tenemos que asumir la responsabilidad y necesitamos una cogestión del Estado con la población”, sostuvo.

La sanción también derogó la ley 8.191 (DNU 255), criticada por organismos de derechos humanos por el poder que otorgaba a la policía, y establece un nuevo régimen “excepcional” contravencional que deposita la sentencia en los jueces de garantías, lo que hasta ayer era ejercida por el jefe de la Policía, y ubica a las fuerzas de seguridad en el lugar de auxiliar de Justicia.

En este punto, Abilés se escudó en que “nadie estaba preparado para esta pandemia”, pero reconoció que se tomaron medidas preventivas “que ahora hay que ir modificando”. Y agradeció a todo los trabajadores de seguridad “de bien” que, dijo, actuaron como corresponde durante este período de vigencia de la ley 8.191.

A pesar de haberse opuesto al artículo que amplía la constitución del COE, el representante por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, aplaudió la decisión de derogar el “polémico decreto 255 que otorgaba poderes regulatorios a la policía y había sido muy criticado por organismos de derechos humanos”.

Pero recordó que los juzgados de garantías “están abarrotados de causas”, por lo que solicitó que se trate de manera urgente en Diputados la ley que ordena la creación de juzgados contravencionales, que ya cuenta con media sanción de Senadores.

Crédito del BID

También se sancionó, esta vez con el voto unánime de la Cámara, el proyecto de ley que le permite al Ejecutivo recibir un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que se destinará a la ampliación del Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.

Durand Cornejo explicó que el contrato que firmará la provincia para recibir el crédito del banco de desarrollo FONPLATA, serán para refaccionar un hospital que con 60 años “tiene muchas falencias edilicias y de todo tipo y se hace indispensable ampliarlo y renovarlo”.

El legislador agregó que por allí pasan “mil pacientes diarios, no solo  salteños de Capital, sino de toda la provincia y de las vecinas, así como de personas de países limítrofes”.

El proyecto prevé la construcción de tres nuevos edificios “con sus circulaciones, instalaciones y equipamiento acorde a las demandas de salud actuales”, y el plazo de obra se estima en 4 años desde la firma del préstamo.

Se proyecta un monto total de USD28.365.110, de los cuales 20 llegarán del financiamiento externo y tendrán como garantía la coparticipación nacional, mientras que los USD8 millones restantes los aportará la provincia. El préstamo se devolverá en 15 años, con tres de gracia, por lo que el primer desembolso será en 2023 y con una tasa de interés anual es del 3,25%.

Durand Cornejo recordó que para el seguimiento de un correcto uso del crédito se creó una comisión bicameral.

Todos los legisladores del interior apoyaron la iniciativa, pero recordaron las deficiencias edilicias y la falta de elementos básicos así como de personal para la atención sanitaria que padecen en sus departamentos, por lo que coincidieron en solicitar que también lleguen mejoras y que se respete una atención igualitaria a la hora de las futuras derivaciones de pacientes al San Bernardo.

Registro de voluntarios

Se dio también media sanción al proyecto de ley del senador por Cafayate Sergio Saldaño, que crea el Registro de Voluntarios en el ámbito de la provincia de Salta. Está destinado a quienes pretenden cumplir tareas como voluntarios en entidades no lucrativas como organizaciones de la sociedad civil o sociales.

Saldaño explicó que se creará un registro en el ámbito de la provincia que servirá para promover y regular el voluntariado social y sus relaciones con las organizaciones sin fines de lucro donde desarrollan sus actividades.

La inscripción en el registro será optativa y los voluntarios deben establecer, además de sus datos personales, el tipo de actividades que desean realizar y, en su caso, la institución en la que prestan servicios.

Las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica tendrán acceso al Registro de Voluntarios para su consulta. Dependerá de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Provincia.

Por último, la actividad prestada como voluntario, debidamente acreditada, constituirá un antecedente de valoración obligatoria en los concursos para cubrir vacantes en los tres poderes del Estado.

Cooperadoras asistenciales

De autoría del senador Sergio Ramos, uno de los proyectos de declaración aprobados solicita al Poder Ejecutivo, a través de la Coordinación de Enlaces y Relaciones Políticas de la Gobernación, una partida especial dentro del presupuesto destinado a los municipios en concepto de asistencia social para las personas carentes de recursos que se encuentran realizando cuarentena por ser positivo de la covid-19, o estén a la espera del resultado del correspondiente hisopado.

El pedido tiene su fundamento en la derogada ley 4126, de Cooperadoras Asistenciales, que contemplaba ese presupuesto y desfinanció a los municipios de esa ayuda social para sus pobladores.