El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) anunció un plan de contingencia para la prevención de los suicidios en las cárceles, para detectar indicios y “situaciones de riesgo” que presenten las personas privadas de su libertad. “Hay que hacer una lectura previa de los factores que llevan a que una persona tenga riesgo suicida”, señaló a Página/12 María Eugenia Bruzon, coordinadora del programa, que depende de la Dirección provincial de Salud Penitenciaria. En 2019 hubo 18 suicidios en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tiene que ver con “una demanda que no es atendida”.

El plan, que apunta a “evitar situaciones de autodestrucción o suicidios”, prevé la intervención de tres actores: los profesionales de la salud, los trabajadores de las unidades penitenciarias, y un conjunto de “articuladores referentes”, que son pares de las personas en situación de encierro que “por empatía y acercamiento pueden detectar ciertos problemas que la persona no dice”, explicó Bruzon y señaló que los articuladores son “los propios referentes de los pabellones o quienes voluntariamente se ofrezcan a cumplir el rol”: detectar el problema y trasmitirlo al profesional de la salud.

“La realidad es que hacer un seguimiento clínico uno a uno es complejo por la cantidad de población carcelaria que hay, por eso es necesario que en la urgencia haya otros actores trabajando”, afirmó Bruzon. La idea de crear un plan específico para evitar los suicidios surgió a raíz la poca accesibilidad a los profesionales de la salud y a los tratamientos, pero también, según detalló la coordinadora del plan, “para empezar a problematizar desde una perspectiva que tenga en cuenta la Ley de Salud Mental”.

Para llevarlo a cabo se prevé la creación de un protocolo para un “diagnóstico preventivo” de las personas que están en situación de peligro. La dirección de cada unidad debe encargarse de hacer un listado con las personas que reúnan “uno o varios factores de riesgo”, que según los criterios incluyen el aislamiento, depresión, falta de expresión verbal, angustia, hasta la falta de recursos de apoyo --sociales, familiares o alguna una red afectiva primaria-- o bien haber pasado por una situación traumática, como un fallecimiento reciente. “Estamos acostumbrados a pensar que la decisión de la muerte tiene que ver con trastornos psicológicos, pero puede haber otras causas y por eso hacen falta otras lecturas”, señaló Bruzon.

Las demandas no atendidas

“Las condiciones de encierro generan desesperación y angustia, si la respuesta es el castigo y el aislamiento, como sucede cuando los llevan a los buzones --celdas de aislamiento--, que son los peores lugares dentro de la cárcel, el padecimiento mental de la persona va a empeorar”, señaló Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, y advirtió que “si esto no es contenido a tiempo puede terminar provocando el suicidio”. Las condiciones de vida dentro de las cárceles, según Cipriano Garía, también son un factor determinante: “Sin luz, sin mantas para el frío, con mala alimentación, y encima sin un proyecto o motivación para el futuro, se agrava cualquier padecimiento psicológico”.

Según el informe anual de la CPM, durante 2019 hubo 148 muertes en cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Provincial. "El 11 por ciento fueron suicidios, y durante el último mes hubo tres suicidios más. Son respuestas ante demandas no atendidas”, señaló el secretario de la CPM, y explicó que “cuando una persona se vuelve muy demandante, en lugar de darle asistencia se la aísla o se la golpea”.

En la Provincia de Buenos Aires hay dos unidades --la 34 y la 45 de Melchor Romero-- pensadas para personas privadas de su libertad que tienen padecimientos mentales. Sin embargo, la CPM advierte en el informe que estos espacios “replican las mismas lógicas constatadas en el resto de las unidades carcelarias”, lo que implica “prácticas de tortura vinculadas al aislamiento, sobremedicación, falta de seguimiento en los tratamientos farmacológicos, y ausencia de estrategias interdisciplinarias de abordaje”.

“La lógica de la seguridad no sirve para abordar las problemáticas psicológicas. No puede depender de un penitenciario que la persona llegue a un psicólogo”, señaló Cipriano García, y explicó que, al acceder a historias clínicas de personas en lugares de encierro, “es habitual ver que los tratamientos no se continúan”. En este sentido, Bruzon explicó que “el plan prevé la sensibilización y capacitación de los trabajadores de los penales” para que presten atención a las situaciones en las que una persona pueda estar necesitando atención psicológica.

Según el secretario de la CPM, “si no se cambia estructuralmente el criterio”, por ejemplo, que los profesionales de la salud que trabajen en las unidades estén bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense y no del de Justicia y Derechos Humanos, explicó Cipriano García, “ningún programa será efectivo”.

Informe: Lorena Bermejo