La ex presidenta Cristina Kirchner, a través de su abogado Carlos Alberto Beraldi, presentó una denuncia por abuso de poder, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado contra la conducción de la Unidad de Información Financiera (UIF). Sucede que el organismo presentó en la causa Los Sauces un informe de inteligencia en el que revisa el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner desde 2003 en adelante, cuando tres jueces distintos –Julián Ercolini, Norberto Oyarbide y Rodolfo Canicoba Corral– ya habían hecho investigaciones similares y sobreseyeron al matrimonio de ex presidentes. “Es como que la policía investigue a una persona absuelta y lo haga sin orden de un juez –explicó Beraldi–. Aquí un organismo del Poder Ejecutivo como es la UIF se lanza por su propia cuenta, violando el principio de cosa juzgada y es obvio que se trata de otra manifestación de persecución política”.

Beraldi presentó la denuncia ante el juez federal Claudio Bonadio porque fue en el expediente conocido como Los Sauces donde la UIF presentó su informe. Bonadio envió la denuncia a sorteo y el dudoso sistema de Comodoro Py adjudicó la investigación a Ercolini. El magistrado no sobreseyó a Néstor y Cristina una vez, sino dos veces. Una, en la denuncia que les hicieron por enriquecimiento ilícito por el período 1995 a 2004. La segunda, a raíz de una denuncia por el alquiler de la Casa Hotel Los Sauces a un contratista de obra pública, Juan Carlos Relats. Se señalaba que el alquiler planteaba incompatibilidades y que los valores eran más altos que los de mercado. En este segundo caso, también Ercolini sobreseyó a los Kirchner en tanto se demostró que no hubo ninguna norma que beneficiara a Relats en las adjudicaciones. Lo curioso es que Ercolini se declaró incompetente para tratar la denuncia contra la UIF, pese a que él mismo había dictado dos sobreseimientos. El magistrado decidió devolverle el expediente a Bonadio. 

Además de los dos sobreseimientos de Ercolini, también Canicoba Corral absolvió a los Kirchner en una denuncia de Ricardo Monner Sanz quien acusó por un presunto enriquecimiento ilícito entre 2004 y 2008. Y, finalmente, Norberto Oyarbide dictó un nuevo sobreseimiento tras analizar los bienes de los Kirchner entre 2008 y 2009. 

Beraldi insiste en el concepto de que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo y que la UIF, es decir el Poder Ejecutivo, se lanzó a hacer un informe de inteligencia sobre lo que ya había sido sobreseído por tres jueces distintos. 

El primer delito que CFK le imputa a la UIF y a su titular, Mariano Federici, es el de abuso de autoridad, que es cuando un funcionario actúa al margen de las facultades. “En cuanto a lo subjetivo –señala Beraldi en el escrito– está claro que actuaron con dolo. El Poder Ejecutivo y en particular la UIF tiene conocimiento de las resoluciones judiciales y que por ende son investigaciones que no se pueden reeditar, aunque pretenda enmascararse con nuevas figuras delictivas”. También incluye el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, ya que se trató de “utilización de fondos del Estado para una actuación abusiva e ilegal”. 

En el final de la denuncia, la ex presidenta reitera que se trata de una persecución política que abarca a todos los organismos que maneja la Casa Rosada. CFK y Beraldi remarcan la diferencia con la actitud que tienen cuando se trata de investigar a la familia presidencial, en referencia a los Panamá Papers, el Correo, Avianca y otros casos. “Bastó ver la pública defensa de Laura Alonso, titular de Oficina Anticorrupción, cuando se conoció la participación de Mauricio Macri en los llamados Panamá Papers”.