La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, tiene para la firma desde diciembre del año pasado el expediente de solicitud de una pensión por invalidez de un joven de 15 años que padece cáncer, cuyo padre había sufrido en abril un ACV que lo dejó en coma. La familia ya completó todos los trámites, incluida la aprobación de la auditoría médica y el informe socio-ambiental que confirma el estado de necesidad, pero la autorización para el auxilio asistencial de 4199 pesos por mes espera turno junto a los 100 mil expedientes que se acumularon en los primeros quince meses de gobierno de Cambiemos. El joven, de la zona oeste del conurbano bonaerense, inició el pedido de la pensión en junio pasado, tras la confirmación de su diagnóstico, pero aún no logró que el Estado cumpla con el resguardo de su derecho a una ayuda mínima, como contempla la ley 18.910. Espera con las manos vacías mientras da pelea a su enfermedad desde hace nueve meses. La cartera de Desarrollo Social aplicó en el área de pensiones no contributivas la misma lógica que los ministerios dedicados a la obra pública: pisó el frenó en el otorgamiento de pensiones e inició una revisión de las entregadas bajo la sospecha de que hubo irregularidades masivas y clientelismo político. Las consecuencias son catastróficas, como lo exhibe el caso en cuestión, que no es el único si no la regla para una población sumamente vulnerable. Mientras en los proyectos de infraestructura el Gobierno promete su reactivación a corto plazo, en Desarrollo Social las políticas de ajuste se profundizan cuando las necesidades aumentan por la crisis económica.

El promedio de asignación de pensiones no contributivas cayó de algo más de 10 mil por mes en 2015 a 4700 por mes entre enero de 2016 y enero de 2017. En esos 13 meses de gobierno de Mauricio Macri se aprobaron 61.900 pensiones, contra 125 mil del año anterior. Entre 2007 y 2014, las pensiones oscilaron entre 122 mil por año y el máximo de 183 mil en 2010, desplegando una política de cobertura social que alcanzó a más de un millón de personas. Se pasó de unos 350 mil ciudadanos atendidos cuando asumió Néstor Kirchner en 2003 a 1,6 millones en 2015. El año pasado, por el contrario, la cuenta final quedó casi en cero, ya que Desarrollo Social suspendió el beneficio a unas 55 mil personas por considerar que no encuadraban en los requisitos para su adjudicación. Las arbitrariedades cometidas en esa tarea fueron generalizadas, ya que en el 40 por ciento de los casos el Ministerio tuvo que corregir su decisión inicial, que había tomado luego de realizar un simple cruzamiento de datos por medios informáticos sin revisar caso por caso en el terreno. Entre tanto, esas personas que rozan o han caído en la indigencia quedaron sin el aporte económico –que suele constituir no menos del 70 por ciento del ingreso familiar– ni la cobertura de salud asociada, que les brinda medicamentos gratis a personas con invalidez. En promedio debieron esperar ocho meses para el restablecimiento de la pensión. En tanto, sobre el otro 60 por ciento de los suspendidos todavía hay revisiones por quejas que se multiplican por miles. “La gente viene en shock cuando se entera que le pararon la pensión. No saben qué hacer. Se quedan sin nada”, describe Walter Pignataro, delegado general de ATE en la Comisión Nacional de Pensiones no Contributivas, quien se queja porque “obligan a los trabajadores a ser los emisores de esta violencia institucional, ejercida sobre muchas personas que cuentan con su pensión como único medio de subsistencia”.

“Para obtener la pensión por invalidez, la persona debe presentar un grado de discapacidad que disminuya su posibilidad laboral en el 76 por ciento o más, sea física o mental, además de no percibir –tampoco su cónyuge– ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; no trabajar en relación de dependencia; no tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar; no tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o bien que no estén en condiciones de hacerlo”, explicó en octubre pasado un artículo del diario La Nación que presentó en tono de denuncia la versión de la cartera que conduce Stanley en este tema. Esa nota sostiene que el 6,9 por ciento de la Población Económicamente Activa recibe una pensión por invalidez. “Es difícil conseguir quien quiera estar en blanco porque pierde el subsidio por invalidez. Estos planes se usaron como asistencialismo político”, cita La Nación a Jorge Colina, del instituto ultraliberal Idesa, uno de los baluartes en la defensa de las AFJP y de las políticas de ajuste. “Hay una alta correlación entre el porcentaje que recibe estas pensiones y la proporción de quienes, teniendo edad para trabajar, no lo hace ni busca empleo. En otras palabras, esto muestra la alta asociación entre subsidios y retiro del mercado laboral”, agrega Colina. Esa concepción, que identifica a personas con invalidez como vagos favorecidos por la política, es la que guía la gestión de Stanley en Desarrollo Social, a juzgar por datos cuantitativos sobre la entrega de pensiones y, mucho más, por una evaluación cualitativa del desempeño de esa cartera frente a una problemática por demás sensible.

La primera instrucción que bajó la gestión que empezó en diciembre de 2015 fue prohibir los operativos territoriales que se hacían cada viernes para atender en los barrios la situación de las familias que sufren mayores grados de exclusión social. Las 82 delegaciones de Desarrollo Social distribuidas por el país desplegaban un trabajo de campo esencial no solo para llevar las pensiones a quienes lo necesitaran, saliendo a buscar con mirada proactiva a los titulares de derechos, sino también para resolver una amplia variedad de carencias asociadas. “Nunca nos había pasado que nos amenazaran con sanciones por hacer nuestro trabajo. Ibamos a buscar a la gente para acercarles soluciones, pero desde que asumió este gobierno se cancelaron los operativos y se avisó que habría penalidades a quienes no cumplieran la orden”, sostiene Pignataro. “La gran mayoría de los trabajadores tiene contrato por un año, por lo que nadie se puede arriesgar”, agrega el dirigente de ATE y del peronismo. Las recorridas de los viernes eran de equipos interdisciplinarios que contaban con la participación de médicos comunitarios. Ellos se encargaban de relevar si había chicos que requirieran hormonas para el crecimiento, o personas que necesitaran audífonos o sillas de ruedas, atención ginecológica o vacunación, pero también ofrecían talleres con nutricionistas, de prevención de adicciones o de salud sexual. “Los médicos comunitarios fueron los primeros a quienes Desarrollo Social les anuló los contratos de locación de servicios y quedaron afuera”, afirma Pignataro. En lugar de las redes asistenciales, Desarrollo Social lanzó el programa “El Estado en tu barrio”, que no hace nada de aquello, sino que reparte volantes y entrega información de dónde hacer los trámites cuando se acercan los vecinos. Los funcionarios no van con los formularios para resolver las cuestiones en el momento, ni con el equipo de Asistencia Crítica que antes actuaba frente a situaciones de emergencia. Son más bien promotores con impronta marketinera. Una situación similar, que expone una orientación general de la política del Gobierno, ocurrió con los equipos territoriales de docentes que implementaban el programa Conectar Igualdad de reparto de netbooks a estudiantes secundarios de escuelas públicas, que también resultaron desarticulados. 

Contra la asociación automática de pensionados por invalidez con vagos o ñoquis, como deja traslucir la decisión de disminuir la asistencia y suspender beneficios por razones formales –hay casos como el de una mujer a quien le cancelaron la pensión por invalidez porque le asignaron la pensión por viudez de su ex cónyuge, de quien estaba separada hacía años pero no había realizado el divorcio formal, perdiendo con el cambio la cobertura médica del Programa Federal de Salud, vinculada a la pensión, que le garantizaba remedios gratis y atención con especialistas en instituciones especiales no cubiertas por el PAMI–, el universo de socorridos con 4199 pesos por mes está compuesto esencialmente por personas que sufren enfermedades que los dejan en desventaja en el mercado laboral. Son trabajadores a quienes no les resulta fácil conseguir ocupación por padecer de HIV, cáncer, diabetes insulino dependiente, lupus, EPOC, esclerosis múltiples, convulsiones, fibromialgia, problemas visuales o auditivos, entre muchas otras causas. “Hay operarios de la construcción que llegan con la espalda destrozada”, ejemplifica Pignataro. También boxeadores y jugadores de fútbol que han sido estrellas en los ’70 y los ’80, que padecen de artrosis u otras dolencias crónicas que les impiden movilizarse, pasaron a depender de la pensión por invalidez. Otro sector de pensionados son madres y padres que deben atender a sus hijos porque sufren retrasos madurativos, trastornos de desarrollo, autismo o malformaciones congénitas –por ejemplo en pueblos rurales donde no se respetan las reglas de fumigación o localidades industriales con napas contaminadas–. Y existen numerosos casos de trabajadores que fueron baleados en asaltos o sufrieron accidentes y quedaron en sillas de ruedas o soportaron amputaciones.  

Desde diciembre de 2015 se acumularon en las oficinas de Desarrollo Social unas 100 mil solicitudes de pensión que aún no tienen respuesta. “Mucha gente se va de los centros de atención desanimada porque los plazos para el otorgamiento se estiró a más de un año”, describe Pignataro. “Las autoridades del Ministerio desconocen las características de vulnerabilidad de la población que necesita de las pensiones no contributivas. En diciembre el Gobierno negó el bono de fin de año a este sector”, denuncia. Otra muestra, sostiene, es que se haya dado de bajo al tren de desarrollo social que recorría localidades pequeñas del país llevando los programas de asistencia. También hay problemas de insumos en las oficinas, por ejemplo de toner en las impresoras para entregar órdenes de pago. 

Frente a este diagnóstico, fuentes oficiales del Ministerio señalaron que el principio que guía la gestión es el de “cumplir con la Ley en todas las áreas del Gobierno, como lo señaló el mandato presidencial”. “La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales procedió a revisar las metodologías de evaluación utilizadas hasta 2015, concluyéndose que resultaban de una amplitud y una extensión tales que forzaban la interpretación de la legislación”, indicaron. “En el primer año de gestión del nuevo gobierno, el total de altas alcanzó a 61.928. Se considera necesario aclarar que el proceso de bajas se realiza en forma mensual como consecuencia de los controles periódicos de incompatibilidades legales que surgen de bases de datos oficiales”, agregaron. Por último, mencionaron que si bien en 2015 se otorgaron 124.928 pensiones por invalidez, en el mismo período se registraron bajas por un total de 168.479, aunque no se precisaron los motivos ni la evolución de los beneficios, que entre 2003 y 2015 crecieron en más de un millón, como se explicó más arriba.

La crisis económica que provocaron las medidas del Gobierno tiene por otro lado como respuesta un achicamiento de la cobertura social en un segmento de la población de los más castigados por la pobreza. “No es verdad que la Argentina que soñamos excluye a algunos”, dijo ayer el Presidente. En los últimos meses se dictaron leyes de Emergencia Social a nivel nacional y de emergencia productiva en distintos municipios industriales del país. Ese cuadro de emergencia es la realidad que hasta Mirtha Legrand le reprocha a Mauricio Macri que no puede ver. Por más que el marketing intente ocultarla, la realidad es la que es y no cambiará solo porque los funcionarios la nieguen.