Este martes empieza en el Congreso el tratamiento de la ley para que las 12 mil fortunas más grandes del país hagan un aporte extraordinario frente a la crisis que trajo la pandemia. La idea de que los más ricos tengan que poner un poco más en circunstancias tan graves obtiene un amplio apoyo en la opinión pública. El 64,1 por ciento se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con la iniciativa en el último sondeo nacional de la consultora Analogías, realizado entre el 4 y 5 de este mes. Incluso el 31,6 por ciento de votantes de Mauricio Macri en las últimas elecciones se pronunciaron a favor para alcanzar esa mayoría. En cambio, el 28,3 por ciento rechazó el proyecto, con un 62,3 por ciento de adherentes a Juntos por el Cambio en ese universo. El 7,6 por ciento no opinó.

El oficialismo en la Cámara de Diputados confía en que logrará dar media sanción al proyecto hacia fin de mes o inicios del próximo. La reacción de grandes empresarios contrarios a la ley es intensa. Hay un lobby directo de figuras del establishment sobre legisladores de distintos partidos y gobernadores. En la Unión Industrial Argentina el grupo Techint encontró eco en varios dirigentes para transmitir su malestar con la iniciativa a funcionarios nacionales.

El mensaje al Gobierno es que la ley será judicializada en caso de concretarse. Los argumentos centrales son que el aporte solidario se aplica de manera retroactiva, sobre patrimonios declarados el año pasado, y que existe doble imposición, porque ya se pagó el impuesto a los Bienes Personales. También rechazan la sobretasa del 50 por ciento para aquellos que tengan bienes en el exterior, por la cual las alícuotas generales, que van del 2 al 3,5 por ciento, se elevan a 3 y 5,25 por ciento, respectivamente. Un objetivo de mínima del lobby empresario es quitar ese artículo de la ley o en su reglamentación posterior. El proyecto en el Congreso les ofrece otra alternativa: que reingresen hasta el 30 por ciento de sus activos financieros para evitar la “multa por fuga”.

La oposición y la conducción política del poder económico se abrazan al recurso judicial contra decretos o leyes que redistribuyen ingresos como su opción más viable, ya que además advierten que en el campo político y de los apoyos sociales corren de atrás. Horacio Rodríguez Larreta ratificó esa estrategia frente al decreto que termina con privilegios que tuvo la Ciudad de Buenos Aires los últimos cuatro años. El jefe de Gobierno porteño mostró que no hay diferencias en ese punto en la alianza opositora, más allá de los posicionamientos como halcones o palomas.

Sin embargo, en relación al aporte solidario de las grandes fortunas, una porción significativa de los propios votantes opositores está a favor de la ley. Como se indicó al comienzo, entre quienes votaron a Macri en octubre del año pasado, el 31,6 por ciento considera que debe aprobarse. El apoyo es todavía más alto entre los votantes de Roberto Lavagna, con 51 por ciento. También el 40,9 por ciento de quienes votaron en blanco y el 52 por ciento de los que no votaron quieren que salga la ley. Lo mismo que el 51,2 por ciento de los votantes de Juan José Gómez Centurión, y hasta el 22,6 por ciento de quienes eligieron a José Luis Espert. Finalmente, entre los votantes de Nicolás Del Caño, el apoyo es del 56,2 por ciento.

El sentido que se impone es que resulta lógico que aporten más quienes más pueden en un momento crítico, provocado por una pandemia. El 85,3 por ciento de los votantes de Alberto Fernández el año pasado terminan de conformar la mayoría que acompaña la ley.

El sondeo de Analogías, con 2962 personas contactadas en formato IVR, también consultó si un aporte adicional de los más ricos debería seguir de manera indefinida, como un nuevo impuesto. Las adhesiones siguen siendo mayoritarias, pero bajan al 59,7 por ciento, contra un 27,2 por ciento de rechazo y 13,1 por ciento que no sabe.

Las principales medidas económicas del Gobierno reflejan niveles de acompañamiento altas. El 75,2 por ciento, por ejemplo, opina a favor de la declaración de internet y la telefonía celular como servicios esenciales, y el 79,1 por ciento apoya el congelamiento de precios en esos servicios. El arreglo de la deuda, en la misma línea, es juzgado como un hecho positivo por el 70,2 por ciento de los encuestados.

El clima político que se vive en las calles, con las sucesivas marchas de la oposición y la tensión máxima de esta semana con los levantamientos policiales, no transmite ese estado de adhesión, sino lo contrario.

En parte eso se traduce en la persistencia de un clima pesimista sobre el futuro económico, marcado por la extensión de la pandemia. Ante la consulta de cómo cree que será la situación económica en dos años, el 52,1 por ciento estima que será peor, frente al 41,9 por ciento que proyecta una mejora. Esa relación se invirtió respecto a las expectativas que existían en enero, cuando el Gobierno recién empezaba. El 52,2 por ciento eran optimistas en ese momento, contra el 39,8 por ciento que auguraban más crisis.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará este martes explicar los fundamentos para la recuperación económica que anticipa el gobierno. Será en la presentación del proyecto de presupuesto para 2021. Una de las claves para avanzar en la normalización será profundizar las medidas de redistribución del ingreso, como la reforma tributaria que elabora su cartera junto a la AFIP. Otro de los puntos esenciales para que la economía empiece a crecer es recuperar los salarios, que vienen de años de atrasos contra la inflación.

Cuando termine la exposición de Guzmán, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados empezará a analizar el aporte solidario de las grandes fortunas. El dictamen no sería inmediato, pero el oficialismo confía en que el apoyo contundente que existe en la ciudadanía terminará por imponerse, y la ley será realidad.