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Desde Santa Fe
La escalada del grupo Vicentin contra los trabajadores de Algodonera Avellaneda y el hostigamiento judicial y policial que sufrieron por reclamar durante más de 70 días un salario digno impactó en la Legislatura. La Cámara de Diputados expresó su “más enérgico repudio a las agresiones de las que fueron víctimas” los obreros y obreras de la empresa "sólo por ejercer su legítimo derecho de huelga y de protesta” en un acampe en el ingreso a la planta, en el parque Industrial de Reconquista. El reproche político fue por dos hechos que tienen un punto en común: ambos ocurrieron en la oscuridad, antes del amanecer. El 18 de agosto, un grupo de rompehuelgas agitados por el abogado de Vicentin, Héctor Vizcay, con la custodia de cuatro patrulleros, avanzó contra los trabajadores del acampe y en la embestida una moto atropelló a la delegada sindical Sonia Zanel y a su compañera Lucía Calderón, que fueron hospitalizadas. Diez días después, el 28 de agosto, una fuerza de choque de la Policía de Santa Fe -integrada por más de 200 efectivos que operaban en decenas de móviles y carros de asalto- rodeó el acampe que sostenía la huelga y lo desalojó bajo la amenaza de una represión a palazos. “La violencia ejercida contra trabajadores que ejercen su legítimo derecho de huelga debe repudiarse y esclarecerse. Y a su vez, garantizarse la vigencia de los derechos consagrados por la Constitución Nacional”, dijo la diputada del PJ Matilde Bruera, quien impulsó el pronunciamiento junto a sus colegas Agustina Donnet, Rubén Giustiniani y Carlos del Frade.
El repudio de Diputados no sólo apuntó al grupo Vicentín y a uno de sus abogados que arengó a los rompehuelgas, Héctor Vizcay, sino también a operadores judiciales: el fiscal Alejandro Rodríguez que pidió el desalojo del acampe y el juez Santiago Banegas que lo ordenó. El tercero es el fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez, a quien la presidenta de la Asociación Civil Democracia Directa, Carolina Walker, denunció ante la comisión bicameral de Acuerdos y pidió su remoción del cargo “por su actuación en varias causas” que tramita el Ministerio Público, entre ellas una contra los trabajadores de la Algodonera y otra por las “amenazas” a la abogada que los patrocina, Luciana González. La diputada Donnet citó la denuncia de Walker en la minuta que firmó con su compañero de bloque, Rubén Giustiniani.
En realidad, la Cámara repudió las “agresiones” a los obreros de Vicentin y reivindicó su “legítimo derecho de huelga y de protesta” al unificar tres proyectos: uno de la diputada Bruera, el segundo de Donnet y Giustiniani y el tercero de su colega Carlos del Frade. Los dos primeros reaccionaron ante el atropello al acampe del 18 de agosto, que significó que Zanel y Calderón terminaran hospitalizadas. Mientras que Del Frade defendió a los trabajadores de la Algodonera “cada vez más hostigados por decisiones judiciales que pretenden convertir al conflicto laboral en un hecho penal”. “El desalojo (del acampe) del 28 de agosto con un inusitado despliegue policial no tiene ninguna relación” con el conflicto laboral, advirtió.
Las tres iniciativas se unificaron en la comisión de Asuntos Laborales, donde se acordó la declaración que luego se votó en el recinto por unanimidad: “La Cámara de Diputados expresa su más enérgico repudio a las agresiones de las que fueron víctimas trabajadoras y trabajadores de Algodonera Avellaneda, del grupo Vicentin”, quienes sólo ejercían su “legítimo derecho de huelga y de protesta en el ingreso a la planta”, en el parque industrial de Reconquista. Es el texto que propuso Bruera. Y el dictamen también salió por unanimidad con la firma de cuatro diputados del Frente Progresista: Fabián Palo Oliver (que preside la comisión), Silvana Di Stéfano, Sergio Basile y María Laura Corgniali y tres de los demás bloques: Paola Bravo (PJ), Betina Florito y Del Frade.
La diputada Donnet subrayó también la denuncia que Walker presentó en la Legislatura contra el fiscal regional Martínez “por su actuación en varias causas que se tramitan en la Unidad Fiscal de Reconquista, en particular por la huelga de los trabajadores de Algodonera Avellaneda y las amenazas a la abogada Luciana Gonzalez” -quien los representa-, “en las cuales podrían estar incluidas las causales de remoción previstas en la ley 13.013”, dijo la legisladora. Y repudió los ataques que sufrió la doctora González en las redes sociales, con “todo tipo de improperios, insultos, agresiones y amenazas”.
