La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las facultades del Parlamento y retirar la inmunidad a los diputados provocó un debate en el chavismo, cuando la fiscal general Luisa Ortega Díaz puso en duda los fundamentos y consecuencias de la decisión de la Corte Suprema.
“Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, señaló la fiscal general de la República en un acto público en el que los asistentes la aplaudieron. Es la primera alta funcionaria del Estado que critica esos fallos judiciales. La fiscal llamó a la reflexión para que “se tomen caminos democráticos que, respetando la Carta Magna, propicien un ambiente de respeto y rescate de pluralidad” y que se debata “de forma democrática, y respetando las diferencias, conseguir caminos institucionales que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población”. Ortega Díaz ejerce el cargo de fiscal general por designación de la Asamblea Nacional (AN).
El TSJ, máxima instancia judicial de Venezuela, decidió el pasado miércoles asumir las competencias del Parlamento, controlado por los opositores, debido a la persistencia de la situación de “desacato”, una condición que ese organismo impuso el año pasado a la AN por el incumplimiento de varias sentencias, en una medida que fue celebrada por el oficialismo. “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, reza una sentencia del TSJ.
“La última sentencia del Tribunal Supremo es el peor ataque contra la democracia y (el presidente Nicolás) Maduro no puede pretender que no produzca efectos en la estructura de poder. La fiscal, garante de la legalidad, da un gran paso: esto significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista”, dijo el politólogo Luis Salamanca.
Sin embargo, Maduro aseguró ayer que la única ruptura del orden constitucional ocurrió en 2002, cuando la oposición encabezó el “golpe de Estado” de abril de ese año contra el ex presidente Hugo Chávez, en referencia a las declaraciones de la fiscal general. Mientras que la Cancillería venezolana dijo que es falso que se haya consumado un golpe de Estado en el país por parte del gobierno de Venezuela a través del Supremo y manifestó su repudio ante lo que calificó como una “arremetida” por parte de los gobiernos “de la derecha intolerante”. “Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela, por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República”, dijo la Cancillería en un comunicado.
Por su parte, el bloque opositor, que es amplia mayoría en el Parlamento, sostiene que sí se consumó un golpe de Estado, por lo que anuncia que desconocerá al Tribunal Supremo y presiona para que la Organización de Estados Americanos (OEA) actúe en el caso de Venezuela. En esa línea, el gobernador opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, se reunió ayer en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, luego de que éste pidió una reunión urgente del Consejo Permanente. “Esperamos una resolución en la que el Consejo Permanente diga que ha habido una ruptura del hilo constitucional. Y sobre esa base, de acuerdo con lo que establece la Carta Democrática Interamericana, se llegue al siguiente paso”, dijo Capriles. El dos veces candidato presidencial aseguró que apoya “toda sanción” a Venezuela, incluida su suspensión de la OEA, si no se anula esa sentencia contra el Parlamento.
Ayer hubo manifestaciones en Caracas contra la decisión del TSJ. Desde muy temprano, decenas de estudiantes, partidarios y líderes opositores bloquearon algunas vías principales de Caracas, pero fueron rápidamente contenidos por las fuerzas de seguridad y simpatizantes del oficialismo. Dos universitarios fueron detenidos, según la ONG Foro Penal. Por su parte, la dirigencia opositora convocó a una manifestación para hoy e insistió en pedir la convocatoria de elecciones. “Hago un llamado a la organización y a la calle con un solo foco: desconocer la dictadura y rescatar la democracia a través del voto”, señaló el encarcelado opositor Leopoldo López en una cuenta de la red social Twitter que maneja su familia.
El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, hizo a su vez un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a hacer valer la Constitución. “Nuestra Fuerza Armada tiene que sentir en este momento el peso de la democracia en Venezuela, la democracia del mundo entero tiene una lupa puesta sobre la Fuerza Armada y sobre el resto de las instituciones de Venezuela esperando que la lealtad sea a la Constitución”, dijo Borges en una rueda de prensa desde el Parlamento. Indicó además que la FANB no puede seguir unas órdenes que “son absolutamente nulas y contrarias a la libertad y a la Constitución venezolana”.
