Los ministros de Relaciones Exteriores de las naciones miembros del Mercosur se reunirán hoy en Buenos Aires para analizar la situación política en Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país asumiera los poderes legislativos de la Asamblea Nacional.

La Cancillería argentina, que ostenta la presidencia pro témpore del bloque sudamericano, informó que la reunión se celebrará hoy por la tarde, a hora aún no precisada, en el Palacio San Martín. Al encuentro están convocados los cancilleres de la Argentina, Susana Malcorra; de Brasil, Aloysio Nunes; de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y de Paraguay, Eladio Loizaga.

El escueto comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina destaca que “los países fundadores del Mercosur reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana”.

Venezuela fue suspendida como miembro del Mercosur en diciembre pasado con la excusa de que no “adecuó” varias de sus leyes a las normas que rigen en el bloque económico y político. La decisión fue tomada por los otros integrantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y cuestionada por Venezuela.

El 29 de marzo pasado el máximo tribunal de Venezuela publicó una sentencia en la que despojó a los diputados de sus facultades legislativas y declaró legal que los magistrados del Supremo asumiesen sus funciones. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer la “grave injerencia” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, tras asumir las facultades del Parlamento. “Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional”, afirmó la CIDH en un comunicado emitido desde su sede en Washington. 

La CIDH, subraya la nota, “condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado”. 

Más de 20 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos Argentina, solicitaron ayer formalmente una sesión extraordinaria el lunes para declarar que en Venezuela hay “una alteración del orden constitucional”, según informaron fuentes diplomáticas.

Este grupo de países envió ayer su solicitud a la Presidencia del Consejo Permanente, que ayer ostentaba Belice y desde hoy Bolivia, después de reunirse en la misión diplomática de Canadá ante la OEA. En ese grupo están Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Barbados, Bahamas, Guyana, Antigua y Barbuda y, tal vez, Uruguay y algunas naciones caribeñas, cuya posición no está clara, detallaron las mismas fuentes. Estos países decidieron dar este paso al considerar que “se pasó la raya” en Venezuela con la sentencia del Tribunal Supremo por la que asume las facultades de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora desde enero de 2016.

Después de esa declaración, para la que se requieren 18 votos, seguirían gestiones diplomáticas. Si el Consejo Permanente declara que en Venezuela “hay una alteración del orden constitucional” que afecta “gravemente su orden democrático”, se iniciaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, como reclama desde el pasado 31 de mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Este instrumento jurídico, contempla un proceso gradual que va desde las gestiones diplomáticas hasta, en caso de fracasar estas, la suspensión del organismo, con lo que ese país dejaría de participar en sus programas y actividades.

Por el momento, este grupo de más de 20 países quiere agotar la vía diplomática y contempla la suspensión solo como un último recurso. Hasta ahora son al menos 22 los países que reconocen la crisis política y social en Venezuela y apuestan por que la OEA tenga un papel en su solución. Esos países son Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemla, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Barbados, Bahamas, Santa Lucía, Jamaica, Belice y Guyana, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago. Almagro pidió en un informe el 14 de marzo que se suspenda a Venezuela de la OEA si no convoca elecciones generales anticipadas en un mes y ayer solicitó formalmente la convocatoria de una sesión urgente para estudiar “los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó ayer al Gobierno de Venezuela y a la oposición a reactivar el diálogo, al tiempo que subrayó la importancia de la separación de poderes y el respeto del Estado de Derecho. 

“El secretario general está preocupado por los últimos acontecimientos en Venezuela”, dijo su portavoz Farhan Haq, tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias de la Asamblea Nacional.