“Si bien algunos recurren a la medicina tradicional como alternativa a la falta de asistencia, el elemento más crítico es el problema del hambre, ya que el sistema inmunológico se deteriora por esta causa, y en especial los niños" que "están falleciendo hace ya años por esta razón”. La observación surge del documento que hizo público el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), al manifestar su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan las comunidades originarias del norte salteño ante la pandemia.
En un marco más general, la resolución del Consejo Directivo apuntó a las raíces históricas del problema: la sistemática pérdida de los territorios por, entre otros hechos del pasado, la conquista militar por parte del Estado, finalizada a principios del siglo XX; los ciclos de auto subsistencia intercalados con los de trabajo asalariado principalmente en ingenios y obrajes; y la más reciente desde las últimas décadas que involucra la ampliación de la frontera agropecuaria.
El agronegocio se expandió con la deforestación dentro de territorios originarios. La expansión acorraló a las comunidades en zonas de muy difícil acceso, carentes de agua, en remanentes de bosque deteriorado que no permiten la reproducción de la vida, o provocaron la expulsión masiva de comunidades hacia áreas urbanas o periurbanas.
La doble exclusión de medios de subsistencia y fuentes de trabajo genera a su vez, como respuesta, y como principal fuente de recursos, “un conjunto de programas y prestaciones estatales”. Allí es en el único lugar que aparece el Estado, pues hay “falta de resguardo jurídico ya que la mayoría de las comunidades no cuenta con títulos de tierra y se encuentran en lucha con distintos actores privados. Pese a la existencia de la Ley Nacional 26.160 los desalojos se han llevado a cabo, incluso durante el periodo del ASPO”, sostuvo el documento de Humanidades, que recordó también que en los departamentos de San Martín, Rivadavia, Anta y Orán entre 1977 y 2019 se desmontaron más 1.684.414 hectáreas, lo cual representa más de 70 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Señaló asimismo que este proceso fue acompañado por “la persecución y criminalización de dirigentes y comunidades indígenas y los desalojos, atropellos y violaciones de derechos humanos e indígenas”.
Un sistema de salud escaso
“En el Chaco salteño, específicamente en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, los casos de COVID 19 han aumentado exponencialmente en las últimas semanas. Se han llegado a registrar oficialmente casi 2000 contagios y son cada vez más los fallecimientos. En esta zona de la provincia, las comunidades pertenecientes a diferentes pueblos originarios: wichi, guaraní, chané, chorote, qom, chulupi, tapiete, weenhayek, iogis, entre otros, están atravesando una grave situación de emergencia socio-sanitaria la cual ya era critica antes de la pandemia”. El documento detalla que esta ecorregión suma una superficie de 54.100 kilómetros cuadrados con un total de 377.764 habitantes, de los cuales 47.428 pertenecen a algún pueblo indígena.
Recuerda también que en toda el área hay un solo hospital de complejidad IV, el de Orán. Y hay dos hospitales de complejidad III, en Tartagal y Embarcación (ambos en el departameto San Martín), y 12 hospitales de complejidad II, los cuales no disponen de unidades de terapia intensiva. Si bien actualmente se sumaron dos hospitales Covid-19 de campaña en las cabeceras de los departamentos Orán y General San Martín, las distancias a recorrer desde los principales centros urbanos del área a los hospitales con unidad de cuidados intensivos, varían entre 12 y 163 kilómetros. “Se debe tener en cuenta que estas distancias son desde los centros urbanos y que un gran porcentaje de comunidades vive en áreas rurales, con lo cual las distancias y el estado de los caminos dificultan aún más los traslados”, añade la resolución. Esto en el marco de un sistema de salud que, pese a las negaciones sistemáticas desde el gobierno provincial, se muestra ya colapsado.
El temor a la discriminación
“Referentes mencionan que el virus se está extendiendo por las comunidades, que mucha gente manifiesta síntomas y que ya hubo muertos. Sienten la pérdida de vidas de familiares y no saben identificar la causa de los decesos. Consideran que no son debidamente informados por el personal médico generando esto mucha incertidumbre a la hora de realizar los entierros”, detalla. Se añade a una situación ya compleja otro problema que los aqueja: quedar “a merced de decisiones de los médicos, sabiendo que como indígenas no tendrán prioridad ante una emergencia”, denuncia el Consejo Directivo de Humanidades. En esta línea y “ante la posibilidad de quedarse abandonados y aislados es que prefieren no recurrir a las instituciones de salud pública. Este temor deviene de la experiencia concreta que tienen en la memoria por haber sufrido constantes prácticas de discriminación racista en este tipo de instituciones”.
El documento recuerda también lo obvio: las medidas de higiene preventivas sugeridas son muy difíciles de llevar a cabo en un contexto donde no hay acceso al agua potable, lo que se da incluso en las comunidades periurbanas. Las condiciones de vida se recrudecen en zonas rurales, donde para trasladar y almacenar agua, en muchos casos las comunidades utilizan bidones de descarte de agrotóxicos.
Además de denunciar y repudiar el abandono estatal ante la grave situación socio-sanitaria que atraviesan las comunidades y pueblos indígenas del Chaco salteño, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades solicita que de manera urgente se garantice la asistencia alimentaria adecuada para cada familia de las comunidades; que se asegure el aprovisionamiento de agua potable, se fortalezcan los centros sanitarios y de primeros auxilios del departamento con equipamiento y personal, así como la reparación de los vehículos y provisión de recursos para combustibles, facilitar el acceso a programas sociales nacionales y provinciales, jerarquizar a maestros bilingües y enfermeros locales, y el cese definitivo de desalojos y desmontes.
