El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, pidió a la Corte de Justicia de Salta que determine la competencia del juez de Garantías del Distrito Judicial del Sur-Circunscripción Anta, Héctor Guzmán, en la causa en la que se investiga al diputado provincial Gustavo Orozco y otros policías por vejaciones, torturas y privación ilegal de la libertad. También advirtió que la falta de juzgamiento oportuno de hechos tan graves podría constituir una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y un incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado argentino con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En la causa ya se apartaron (por recusaciones o excusaciones) ocho jueces y uno se negó a recibirla, y se encuentra paralizada, cuando está lista para que se haga el juicio oral. Además de Orozco, están acusados ocho policías, Víctor Hugo Orellana, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Denis Arnaldo Coronel, Rubén Darío Medina, Andrea Alejandra Díaz, Víctor Alejandro Luna y Dardo Ezequiel Pérez, por los delitos de "vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales”.

El inicio de la audiencia de debate estaba previsto para el 27 de marzo último, pero se suspendió por la declaración de feria extraordinaria a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia. Luego se fijó el 17 de junio último para comenzar el debate, pero esta vez se suspendió por excusaciones de los jueces.

Después de idas y venidas, de una larga discusión con el juez de Garantías del Distrito Judicial del Centro, Antonio Germán Pastrana, al que envió el expediente, el juez Guzmán elevó la cuestión a la Corte de Justicia para que resuelva si le corresponde seguir actuando a él o si debe actuar el otro magistrado. En este trámite dio su dictamen el procurador general. 

Cornejo destacó el "confuso y errático trámite que se imprimió a la causa", sostuvo que Guzmán "se apartó de su conocimiento invocando motivos de inhibición ajenos a los previstos expresamente por el art. 53 del Código” Procesal Penal de Salta y subrayó que “puede advertirse que las sucesivas excusaciones, declaración de incompetencia, remisiones y devoluciones de las presentes actuaciones, demoraron injustificadamente el trámite de este proceso”, por lo que entendió que “las cuestiones aquí suscitadas revisten una gravedad tal, que deben ser resueltas por la Corte, pese a que no se trata de un típico conflicto de competencia”.

Para el procurador general, las situaciones que se dieron en torno a este proceso, "suponen una flagrante denegación de justicia”, y consideró que la Corte debe intervenir con diligencia para restaurar el adecuado funcionamiento del sistema de administración de justicia. Recordó en este sentido que la Corte salteña tiene dicho que se deben "aplicar criterios judiciales tendientes a evitar, cuando no disminuir, las contiendas entre tribunales e impedir el excesivo desgaste jurisdiccional consecuente y, por sobre todo, proporcionar una respuesta pronta y más adecuada al derecho de acceso a la jurisdicción, máxime al existir personas privadas de su libertad”, tal como acontece en el caso en particular.

Una causa que quema 

Orozco está acusado por hechos cometidos cuando era jefe de la Brigada de Investigaciones que operaba en Rosario de la Frontera. 

La jueza que inicialmente iba a intervenir en el juicio era Carolina Poma Salvadores pero fue recusada por la Fiscalía luego de que Orozco dijera que era su conocida. Otros dos jueces, Sebastián Fucho y Ramón Haddad, fueron recusados por la querella. Los jueces Mario Teseyra y Mario Dilascio también debieron apartarse por haber actuado anteriormente. Al no quedar más jueces en Metán se dio intervención al juez de Anta, Guzmán, quien se inhibió por violencia moral, porque es amigo de la ex esposa de Orozco, quien denunció al legislador por violencia de género. 

Luego la causa pasó por la jueza Ada Guillermina Zunino y el juez Ignacio Colombo y terminó en Pastrana, quien rechazó el apartamiento de Guzmán y le devolvió la causa instándolo a continuar su intervención.

Guzmán ratificó su decisión de apartarse, entendió que el rechazo de Pastrana había sido a destiempo y en realidad había aceptado la causa de hecho y se la remitió de nuevo. Una vez más, Pastrana se opuso a la excusación de Guzmán, citó jurisprudencia de la Corte y lo invitó a dirimir la cuestión ante este tribunal.

Pero Guzmán insistió. Dijo que la interpretación del fallo citado por Pastrana era opuesta a lo afirmado por el máximo tribunal local y argumentó que esa jurisprudencia no era aplicable al caso y esta vez instó  Pastrana a hacerse cargo de la causa.

Otra vez Pastrana la devolvió ratificando su posición, e insistiendo que si Guzmán no compartía su criterio, la causa debía ser elevada ante la Corte. 

Finalmente, Guzmán elevó las actuaciones a la Corte de Justicia, para que dirima la cuestión. Y esa espera se está ahora. 

En su dictamen el procurador Cornejo recordó que Guzmán es el juez natural de esta causa y afimó que su actitud resulta "contraria al deber de impartir justicia que la Constitución de la Provincia de Salta le impone", entendiendo que lo dilató el trámite sin motivo legal alguno. 

Las posiciones del diputado policía 

En su momento Orozco militaba en el espacio de Alfredo Olmedo e integra el bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción. Mantiene un enfrentamiento con el Ministerio Público Fiscal por el impulso que Cornejo le dio a las investigaciones de hechos de violencia institucional. Incluso tiene dos denuncias en su contra por un video en el que hace advertencias a los fiscales que investiga el asesinato de la docente Rosa Sulca, que ha sido interpretado como una amenaza abierta. 

Amante de las frases y gestos altisonantes, en las sesiones el diputado suele destacarse con afirmaciones subidas de tono. El martes último se descolgó culpando a "los montoneros" por los males del país.

Respondiendo a críticas de diputados del norte provincial por la situación de la salud sobre todo en Orán, criticó a los legisladores que denuncian abusos policiales, habló de la corrupción, afirmó que la falta de atención de la salud pública es histórica. "Este es un problema que viene de años", anticipó. Y se largó: "Este es un problema que viene desde el año 74, 75. El problema de la Argentina viene desde esa época, ¿saben por qué? porque muchos de los jóvenes montoneros de esa época hoy tienen poder, son juez (sic), son periodistas. Por algo Perón en una plaza les dijo retirénsen, son los mismos que hoy siguen queriendo derrumbar gobiernos pero, sin embargo, no miran para adentro. Yo no veo ninguna autocrítica".

A principios de junio, en medio de un entredicho con el procurador general, que le recordó la causa por vejaciones, Orozco anunció que cuando que iba a tomar licencia de su banca para enfrentar el juicio sin fueros. Hasta ahora no ha tenido necesidad de hacerlo porque el proceso sigue su siesta.