La defensa fracasó en su intento por voltear una causa que investiga por supuesta “asociación ilícita” a la cúpula de la Policía Federal de Santa Fe que cayó en mayo de 2019, cuando fue detenido el ex jefe Marcelo Lepwalts (“Lechuga”) y otros cinco efectivos a su mando por presunto “encubrimiento agravado” a un vendedor de sustancias ilegales, entre otros cargos. El juez federal Marcelo Bailaque desestimó un planteo de nulidad del penalista Néstor Oroño, que asiste a uno de los imputados, Carlos Fernando Gómez Navarro y ordenó cobrarle las costas del incidente al “vencido”, que es Oroño. El fiscal Walter Rodríguez interpretó el plan del defensor como “marcadamente dilatorio” del proceso porque se apoyó en “una premisa falsa” y “hechos y circunstancias que no se ajustan a la realidad”. Y el juez Bailaque le dio la razón, rechazó el recurso y ordenó que paguen el “incidentista” y su defendido.

La cúpula de la Policía Federal de Santa Fe cayó en mayo de 2019, cuando fueron detenidos Lepwalts y cinco subordinados: Cristian Bogetti, Michael Arbildo, Gómez Navarro, Darío Duarte y Lucas Bustos. El séptimo es el empresario Guillermo Kernc, al que protegían. Antes del mes, el juez Francisco Miño procesó a los primeros cuatro policías por supuesto “encubrimiento agravado” a Kernc y a todos por “tenencia simple de estupefacientes”, entre otros delitos. En noviembre de 2019, la Cámara Federal de Rosario (sala B) confirmó los procesamientos. Y en enero de 2020, el fiscal Rodríguez pidió la elevación a juicio, así que hoy los siete imputados (los seis policías y Kernc) están detenidos están a disposición del Tribunal Oral de Santa Fe.

En ese lapso, el fiscal profundizó la investigación. Denunció a Lepwalts y sus dependientes por “asociación ilícita”. Los acusó de formar parte de una “organización delictiva”, liderada por el primero de ellos en su rol de “jefe de la fuerza en Santa Fe”, con “una finalidad recaudatoria al margen de los ingresos salariales, mediante la comisión de delitos indeterminados” y estimó que operaron durante más de un año, entre el 23 de marzo de 2018 y el 9 de mayo de 2019, cuando fueron detenidos. En marzo de 2020, el juez Miño procesó a los seis imputados por supuesta “asociación ilícita”. Lepwalts no apeló, así que el procesamiento quedó firme. El 13 de julio, el fiscal Rodríguez firmó el requerimiento de elevación a juicio de este segundo tramo de la megacausa.

Esta semana, el juez Bailaque –que reemplazó a Miño en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe- desestimó un planteo de nulidad del nuevo abogado de Gómez Navarro, que es Oroño, al que adhirió la defensa pública que asiste a Lepwalts. Oroño pidió la “nulidad de todo lo actuado desde el 24 de setiembre de 2019”, cuando el fiscal sumó a la pesquisa una carta y el relato de un testigo que es pariente de su defendido.

El fiscal rechazó el planteo de Oroño, dijo que el incidente era “marcadamente dilatorio” del proceso y lo atribuyó a un “abrupto cambio de estrategia” porque “el anterior defensor” de Gómez Navarro “consistió el procesamiento” por supuesta “asociación ilícita” y no lo apeló ante la Cámara Federal, igual que Lepwalts que tampoco lo impugnó. “El pedido de nulidad se apoya sobre una premisa falsa, que gira en torno a hechos y circunstancias que no se ajuntan a la realidad del proceso”, dictaminó Rodríguez.

“Lo que sostiene” Oroño –siguió el fiscal- “tampoco encuentra sustento objetivo en la realidad”. La “prueba fundamental” que pesa sobre Gómez Navarro “proviene de la primera causa” que incluyó escuchas telefónicas y un informe del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. “El defensor modifica el sentido y el contexto” de los hechos.

El juez Bailaque le dio la razón al fiscal. “El planteo de la defensa” carece de “entidad suficiente para hacer lugar a la nulidad peticionada”, dijo el magistrado. El testimonio del pariente “no ha sido utilizado ni valorado” por el fiscal “en contra de los intereses” del defendido de Oroño.

“La prueba esencial de los hechos atribuidos a Gómez Navarro” y “a los demás imputados proviene principalmente” de la primera causa: las escuchas y el informe del Organismo de Investigaciones del MPA, “tal como lo expuso el fiscal”, explicó Bailaque. Por lo tanto, rechazó el pedido de nulidad y ordenó el pago de las costas del incidente al “vencido”, que es Oroño.

Una de los operativos de Lepwalts y compañía que descubrió el fiscal es el cambio de un teléfono incautado para pedir rescate. La escucha es a Gómez Navarro, quien le cuenta a un interlocutor que le “sacaron el celular (a Kernc) para revisarlo”. “Del resultado de las intervenciones telefónicas” y otras pruebas “se deduce claramente” que el grupo tuvo un “encuentro” el 8 de abril de 2019 con Kernc, a quien “le devolvieron el celular, a cambio de una considerable suma de dinero”, explicó el fiscal. La hipótesis "se confirma" en ese diálogo entre Gómez Navarro y su amigo, que “permite establecer que Kernc pagó 120.000 pesos para recuperar su teléfono”.

-¿ Cuánto? –preguntó el amigo de Gómez Navarro.

-Para que le devolvamos el celular, porque era prestamista, tenía todas las cuentas que cobrar. Lo citamos en la costa, puso 70. Más los 50 que había puesto el otro día. Lo que vale mi Berlingo así chocada –contestó el policía.

-Ah de diez. ¿Agarraste 10?

Si, papá. No quedaba otra –cerró Gómez Navarro.