Asociaciones de consumidores alertaron ayer sobre el impacto sobre el poder adquisitivo que tendrá el tarifazo del gas anunciado ayer por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. “Va a acentuar el proceso recesivo que vive el país”, cuestionó el representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, al anticipar que están analizando realizar una presentación judicial solicitando la suspensión del nuevo cuadro que comenzará a regir hoy en todo el país por no respetar los parámetros sugeridos por la Corte Suprema.
“Los aumentos de las tarifas no respetan los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que hace a los principios de proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de confiscatoriedad”, expresaron desde la Asociación de Defensores del Pueblo (Adpra) que encabeza Alejandro Amor.
El 19 de agosto un fallo de la Corte Suprema le exigió “razonabilidad” al Estado en los aumentos de tarifas. El texto le indicó al Poder Ejecutivo que “debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos”; ponderar “la realidad económico–social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”; evitar “el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de ´confiscatoria´, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar”.
“Las audiencias públicas no pueden ser una mera formalidad sino que se debe ponderar todo lo que se dice en ese espacio y que los aumentos deben ser razonables, progresivos y transparentes”, consideró Polino ante la consulta de este diario. “Por eso estamos estudiando la resolución para analizar si contradice los argumentos expuestos por la Corte Suprema. Queremos ver si tenemos base de sustentación para realizar una presentación judicial que suspenda los aumentos”, expresó el responsable de Consumidores Libres.
“El gobierno de Mauricio Macri dio un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores”, lanzó ayer el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía (Fetera). “Este es un nuevo capítulo de la política energética de Macri y Aranguren que tiene como único objetivo garantizar la tasa de ganancias de las empresas energéticas privatizadas”, lanzó el dirigente sindical de la CTA-Autónoma. “Si los aumentos salariales son del 18 por ciento como pretende instalar el Gobierno y se autorizan aumentos tarifarios por encima de esos porcentajes eso afecta el poder de compra de otros bienes esenciales y acentúa el proceso recesivo”, explicó Polino de Consumidores Libres.
