Si bien hoy representa legalmente a la Unión de Docentes de La Provincia de Buenos Aires (Udocba), asegura que no bajará los brazos en su lucha por retornar al cargo de magistrado del que fue destituido en 2018 por oponerse a los tarifazos de luz del macrismo y las medidas de María Eugenia Vidal de descontar los días de paro a los docentes.
El ex juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata dialogó con Salta/12 sobre el rol que debe ocupar el Estado en la Argentina y el mundo ante la pandemia. “Las sociedades más desarrolladas son las que tienen un Estado presente”, aseguró.
Sostuvo que quienes piden menos presencia estatal solo promueven “darwinismo social” y que aún perduran grupos golpistas en toda Latinoamérica, como se vio a finales de 2019 en Bolivia, antes en Brasil, Paraguay, Honduras y ahora en Argentina con lo que denominó una “rebelión” de la policía bonaerense, que asoció a los anticuarentena, “porque buscan que colapse el sistema de salud y que fracase la política sanitaria del gobierno”, y a los especuladores financieros “que juegan con un fracaso económico”.
“No es para generar paranoia”, aclaró, pero “sí para tomar conciencia del riesgo que corren los gobiernos populares”.
Habló de las tomas de tierra que se viven en todo el país, repudiadas por grupos de derecha anti mapuches en Bariloche, pero también en provincia de Buenos Aires y en Salta, donde este año, en plena pandemia proliferaron por todas partes. El abogado explicó que en el país existe un déficit habitacional de tres millones y medio de viviendas, “eso son más de 20 millones de personas, es decir, casi la mitad del país”.
Aunque dijo estar en contra de las tomas, comprende que “es la única opción para acceder a un terreno de muchísima gente”, y aunque la mayoría son pacíficas, “se los criminaliza porque nadie quiere un pobre cerca”. “Hay mucha aporofobia aún”, afirmó.
Si bien se manifestó esperanzado con este gobierno, sostuvo que se necesitan cambios estructurales en la matriz económica y redistributiva y “una reforma estructural muy fuerte”.
De padre salteño, hasta antes de la pandemia Arias viajaba a la provincia al menos dos veces al año para visitar parientes y es conocedor de gran parte del interior. Se considera un amante del folclore y las peñas como “La Salamanca”, en la ciudad de La Plata.
-¿A qué se dedica hoy, luego de su paso por la justicia?
-Bueno, soy abogado de Udocba, pero por ahora nada más, estoy en un limbo, un impase. Yo ejercí la profesión 10 años antes de concursar para juez, y la verdad que cuesta volver al ejercicio profesional y lidiar con “la discordia ajena” como dicen (se ríe).
Pero la verdad que estoy esperando a ver qué ocurre con las acciones judiciales que hemos emprendido con respecto a mi destitución, aunque esto puede tardar décadas, lo voy a llevar hasta las últimas instancias, incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario.
Ya hay organismos internacionales interviniendo como la Relatoría de Independencia Judicial de Naciones Unidas, a Cargo de Diego García Sayán. Los organismos de derechos humanos presentaron una denuncia contra mi destitución durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y a fines del año pasado García Sayán pidió un informe respecto del sistema judicial argentino y las denuncias que hubo de lawfare, y ahí me incluyó.
Yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias, no solo para poner en resguardo mi honor, sino también para evitar que estas situaciones vuelvan a suceder. Porque actualmente tenemos un presidente que es un jurista, una persona respetuosa del Poder Judicial, pero nada nos libra de que el día de mañana lo pueda suceder un gobierno con una impronta distinta que se disponga a perseguir jueces y fiscales como lo hizo el gobierno anterior.
-Quizá la Justicia es uno de los espacios de poder donde no ha podido llegar aún la democracia
-En realidad ningún ámbito corporativo ha sido democratizado. Lo que existe es una alianza corporativa, los jueces por sí mismos no podrían sostenerse por más poderosa que fuese la corporación judicial si no es con el auxilio del poder económico, de los medios de comunicación y del poder político cuando actúa corporativamente también, protegiendo sus intereses y no los de la sociedad.
Los jueces que se enfrentan a los poderes fácticos constituidos, quedan en soledad. En este esquema, la sociedad no cuenta, queda por fuera y por eso se terminan sacrificando sus derechos y sobre todo el de los más vulnerables. Por eso la gente siempre siente que los jueces fallan a favor del poder.
Mi caso fue disciplinador, fui el único juez destituido por mis decisiones judiciales contra el poder de las empresas de servicios de energía, que fueron uno de los sectores más beneficiados por el gobierno de Mauricio Macri. Obvio, con los medios de comunicación asociados al poder político. Entonces, ¿cómo hacer para garantizar el derecho de los usuarios y consumidores contra esos poderes?
Pero bueno, también intenté garantizar el derecho de los trabajadores docentes y no docentes contra quienes María Eugenia Vidal había emprendido una verdadera cruzada, descontando los días de huelga. Al punto que una no docente murió cuando fue al cajero y se encontró que no tenía nada de su salario porque se lo habían descontado por los días de paro. Y cuando le preguntaron al presidente sobre el caso usó la célebre frase “esa te la debo”.
Quiero aclarar que el juzgado a mi cargo nunca tuvo denuncias en contra y estábamos al día. Yo recibí cinco veces seguidas el diploma al mejor juzgado que eligen los abogados, el último me lo dieron cuando ya estaba suspendido.
Lo que hicieron fue estudiar fallos judiciales viejos míos, decisiones jurisdiccionales protectorias de derechos humanos y con eso presentaron frente a los medios, aliados al gobierno, que tenía irregularidades y hacía abuso de autoridad. Pero por suerte tuve el acompañamiento de la sociedad, con marchas a mi favor, junta de firmas. Todos los gremios y los organismos de derechos humanos estuvieron de mi lado.
Pero bueno, cuando gané el concurso para juez tuve que esperar cuatro años para asumir, porque en ese entonces Carlos Ruckauf no quería que asuman los jueces que controlan los actos administrativos, como lo son los del ámbito Contencioso Administrativo, que fue creado para controlar cuando se violan los derechos por parte del gobierno, por acción u omisión, sobre todo los vinculados a derechos laborales, vivienda, servicios, desmontes.
-Uno de los temas que estalló en plena pandemia fue el de la toma de terrenos, aquí en Salta, por ejemplo, se calcula un déficit habitacional de 70.000 viviendas, y hay más de 155 asentamientos en toda la provincia. Este gobierno los criminalizó y amenazó con no entregar terrenos del Estado a quienes estén realizando tomas.
-Es una cuestión muy compleja, existe de todo, pero porque detrás hay una necesidad. Lo que realmente tenemos que tener en cuenta es que la Argentina tiene un déficit habitacional, según índices oficiales del 2018, de 3 millones y medio de viviendas, que comprende un universo de aproximadamente unas 15 o 20 millones de personas. Es decir, casi la mitad del país.
Por lo que es un problema muy serio, y siempre que existe una necesidad, existe un derecho insatisfecho, pero también alguien que lo explota, y lógicamente hay personas que se aprovechan de la necesidad de la gente, que toman tierras, a veces violentamente y luego las venden, entre comillas, a personas que no tienen dónde vivir y gastan sus pocos ahorros en tener un lugar donde habitar.
Pero el problema es esa necesidad. Hay muchas situaciones que se presentan, pero no todas ellas representan un delito. Solamente cuando hay uso de violencia, como romper un alambrado, romper una tranquera. Pero cuando hay una tierra que no está delimitada y no tiene actos posesorios evidentes, no es un delito, es una cuestión civil, y en consecuencia el Estado no tiene porqué interferir y eso pasa con el gobernador de Salta y también en Buenos Aires.
Se entrometen en cuestiones privadas, no tiene nada que ver el gobierno en esos temas. Pero sí tiene que ver con el problema de vivienda, y eso tendría que solucionar. Pasa que inmediatamente se las criminaliza y se las califica de usurpación y se vincula a los ocupantes con lo ilícito, lo que implica una estigmatización.
Yo creo que la cuestión de la toma de tierras está atravesada por prejuicios sociales, se las asocia al aumento de delitos, y eso me parece sumamente grave. Porque tierras también toman los ricos, y las destruyen, y desmontan. Hemos visto en Salta cómo han violado la ley de Bosques, o las tierras de pueblos originarios que ancestralmente vivían ahí.
Eso no causa ningún espanto, pero sí la toma de tierras de los que no tienen vivienda. Entonces el problema no es la toma, sino la pobreza, nadie quiere un pobre cerca, hay una gran aporofobia social. Si nos instalan un country o un hotel cinco estrellas, ni preguntamos cómo las consiguieron, ahora, si nos ponen una casita de chapa estamos mal. Obvio que también se suman aquí las especulaciones inmobiliarias.
Quiero aclarar que yo estoy en contra de las tomas, porque no benefician a nadie, porque no constituyen una planificación del suelo urbano, y por eso mismo tampoco benefician a sus habitantes, que no tienen servicios, ni luz, ni agua, ni cloacas. Pero hay que comprender que para muchos sectores de la sociedad, la única forma de acceder a una vivienda, es a través de ese método debido al enorme déficit habitacional. Y creo que los gobiernos populares han tenido un déficit de políticas públicas para generar suelo urbano y lotes a bajo costo para la gente de menos recursos.
El Estado debe emplear todos los recursos, y así se comprometió nuestro país a través de la firma de tratados internacionales, para satisfacer el derecho a la vivienda. Es un derecho de rango superlativo junto al trabajo, solo después del derecho a la vida y la libertad. Porque suponen la satisfacción de otros, como la alimentación, la vestimenta, la salud y la intimidad.
Y además, esos mismos tratados, como la Opinión Consultiva 7 (Corte Interamericana de Derechos Humanos), está referida a los desalojos, y ningún juez penal la cumple. Esa Opinión dice que no se puede disponer el desalojo sin establecer previamente dónde irán a vivir esas personas aunque sea transitoriamente. Por lo que no se puede dejar una persona en la calle, mucho menos un niño, solo para proteger el derecho a la propiedad privada, aún cuando haya habido una usurpación.
-¿Qué opina de los anticuarentena en este estado de derecho pero ante una pandemia como la que estamos viviendo? ¿Cómo se resuelve la tensión entre libertades individuales y seguridad sanitaria?
-Creo que estamos ante una oportunidad enorme para demostrar en este momento que sin el Estado no es posible el desarrollo humano sustentable. Sin el Estado hay muerte a raíz de la pandemia, hay depredación por parte de los sectores económicos, hay darwinismo de lucha para ver quién puede apropiarse de los medios de producción y de los recursos.
Si el Estado no interviene, lo que hay son pueblos primarios. El desarrollo de las sociedades se mide a través de la intervención del Estado. Las sociedades más desarrolladas tienen un Estado presente, no solo como árbitro, sino como activo ejecutor de políticas para lograr equilibrio y el desarrollo dentro de la sociedad.
En ese sentido, hablando de los terraplanistas (se ríe), que son portadores de teorías insólitas, como que con la vacuna nos van a implantar un chip, para estar en contra del aislamiento, me parece que hay por detrás una gran necedad política, por parte de gente que cree en estas cosas, y un intento de desestabilización por parte de quienes los dirigen.
Yo no dudo que esta última rebelión policial, porque fue eso, ya que la policía no tiene derecho a manifestarse, ni a protestar, por razones obvias, porque tienen un arma en la cintura y puede pasar cualquier cosa. Entonces, no dudo que estuvo signada por un contexto de cierto golpismo que rige en toda América Latina.
Ya pasó en Honduras con Zelaya, en Brasil con Dilma, Paraguay con Lugo y recientemente en Bolivia con Evo, casualmente este último golpe comienza con una rebelión policial.
Yo veo que hay una matriz en la región, en donde el Poder Judicial tiene un rol, los medios de comunicación también y las fuerzas de seguridad actúan todas en una dirección que puede terminar en un golpe de Estado en cualquier momento.
Esto sin la idea de generar paranoia, sino de tener una dosis de realismo suficiente para darse cuenta que todos los gobiernos populares están en riesgo si es que las políticas de los gobernantes no se avienen a los intereses y los objetivos del poder mundial.
Creo que en Argentina hay tres ejes fundamentales de ese golpismo, uno es la situación sanitaria, los anticuarentena representan eso, tratar de que colapse la situación sanitaria y tengamos muertos en la calle. Otro sentido no tiene quemar barbijos frente al Obelisco. Otro eje es la inseguridad, ahora parece que los índices se aumentaron y que todos estamos en riesgo, que nos van a robar, a matar y ocupar nuestras tierras o nuestras casas. Ese es el rol que ocupan los medios también. Y el tercero es la situación económica, intentan desestabilizar comprando o fugando dólares, especulan para provocar un derrumbe económico. Pero por suerte el gobierno ha logrado que todo eso hasta aquí les salga mal, hay signos de mejora en la economía.
En ese sentido tengo esperanzas, aunque sí creo que nos están faltando muchas políticas sociales y hay que aprovechar este tiempo de pandemia para hacer las reformas institucionales necesarias en cuanto al Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Y por supuesto, la generación de políticas efectivas para erradicar definitivamente la pobreza estructural, o por lo menos mitigarla.
-¿Cuál es su vínculo con Salta?
-Muchos, mi padre nació allí, de una familia muy humilde, vivía en la calle 20 de Febrero. Logró estudiar gracias a la Fundación Eva Perón, que lo trajo a Buenos Aires a la Ciudad Estudiantil.
Él siempre contaba que ahí tuvo su primer par de zapatos, y que conoció la dignidad en la Ciudad Estudiantil. Después pasaron momentos muy difíciles con la mal llamada Revolución Libertadora de 1955. Pero se recibió de maestro y trabajó en el Chaco salteño, en la comunidad de Ciervo Cansado, en el departamento Rivadavia.
Después volvió y estudió abogacía mientras trabajaba en el comedor universitario de La Plata, y en el 1976 lo agarraron cruzando el río a Paraguay para escaparse a México. Estuvo dos años detenido y después lo soltaron. Entonces la verdad que yo me siento muy ligado a Salta, como un salteño más. Tengo muchos familiares y por lo menos voy dos veces al año.
Siempre siento la nostalgia de su música, porque también soy folclorista, cuando mi viejo sufrió y no lo podía ver por la dictadura, el folclore me unía mucho a él. Y aquí en La Plata me vinculo con mucha gente del Norte en torno a la peña La Salamanca. Apenas pase esta pandemia, lo primero que voy a hacer es agarrar el auto y darme una vuelta por ahí.
