"No hay protocolo integral de abordaje de la violencia de género, es un mecanismo que falta", sostuvo Inés Boccanera, una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM). La afirmación se dio en una consulta de Salta/12 sobre la gestión del Estado salteño respecto de la violencia de género, por la que existe una emergencia declarada en la provincia. 

La directora general de la Agencia de Mujeres, Género y Diversidad en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, Rosaura Gareca, dijo a Salta/12 que si bien desde 2018 hay un protocolo dentro esta cartera para la detección de situaciones de violencia de género, "a nivel global de la administración pública no hay protocolo unificado". Desarrollo Social es el primer Ministerio salteño en capacitar a sus operadores en la Ley Micaela. 

La mirada de referentas feministas sobre la actuación estatal respecto de la violencia de género es crítica. Marcela Gutiérrez, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo y miembra de la Asamblea Feminista Salta, aseguró que hay una "ausencia absoluta" de las instituciones estatales. La dirigenta del espacio de Géneros y Disidencias, de Nuevo Encuentro, Abigail Velázquez, cuestionó que la prevención de la violencia de género haya quedado a cargo del Ministerio de Seguridad y la no adhesión al último protocolo nacional de interrupción legal del embarazo (ILE). Para la referenta de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Mónica Rodríguez, el Estado salteño realiza "un abordaje demasiado incompleto" de la violencia de género. La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, refirió demoras en la asistencia estatal a las víctimas de trata. 

Boccanera precisó que se han reunido con la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, para tratar este tema de la falta de un protocolo integral. "Hablamos de que todos los agentes estatales tienen que tener herramientas para saber qué hacer, cuando hay víctimas que sufren violencia de género y cuando el agente estatal es el agresor", contó. Señaló que solo los ministerios de Salud, de Educación y de Desarrollo Social tienen protocolos específicos, elaborados en conjunto con el OVcM. Ahora están trabajando uno con el Ministerio de Seguridad.

Atención en la pandemia

Reyes dijo a Salta/12 que en la emergencia sanitaria "se mantuvo la prioridad de asistencia y protección a quienes atraviesan situaciones de violencia de género" y por eso articulan con otros organismos para "brindar una contención integral junto a instituciones tanto a nivel provincial, como regional y nacional”.

El plan de trabajo propone el abordaje integral de las situaciones en lo social, legal y psicológico. Además, presenta una guía de servicios y una lista de los recursos para coordinar acciones y dar respuestas ágiles. El Polo Integral de las Mujeres es el organismo al que se derivan las situaciones que se presentan. 

Boccanera, por su parte, destacó que "la Secretaría de Derechos Humanos se ocupó de generar una guardia permanente" y contó que el OVcM viene interviniendo con el Ministerio de Seguridad ante situaciones puntuales, por ejemplo, en Orán tuvieron que pedir que las comisarías tomaran las denuncias a víctimas de violencia de género. Añadió que en la pandemia se incrementó la demanda de intervenciones del 911, también destacó que se hayan dispuesto canales alternativos de atención mediante líneas telefónicas, Whatsapp y correos electrónicos.

En cambio, para Gutiérrez, el gobierno salteño está sobrepasado con la covid-19, por ello "no hay respuestas certeras ni urgentes a las necesidades de las mujeres" y por eso "la mayoría de las chicas que tienen problemas recurren a nosotras, a las organizaciones feministas. Contínuamente vemos los pedidos de ayuda y auxilio de las distintas compañeras. Por eso surgen espacios destinados al acompañamiento de las mujeres en todas las organizaciones de base y partidos políticos, porque no lo reciben de las instituciones estatales. Con la pandemia se ha agravado mucho la violencia hacia las mujeres e intrafamiliar", sostuvo, y señaló las dificultades de movilidad para las mujeres que requieren hacer denuncias y la dificultad de que las fiscalías estén cerradas.

Dijo que hay "un gran desconocimiento en general de la sociedad, sobre a dónde hay que recurrir cuando hay una víctima de violencia de género", por ello consideró que deben mejorar los canales de comunicación de las instituciones estatales para que esa información llegue a la población. Y denunció que "hay compañeras del colectivo LGTB que son maltratadas, revictimizadas, golpeadas, humilladas cuando van a denunciar cualquier tipo de violencia en las comisarías".

Sin adhesión al protocolo de la ILE

"No hay una mirada positiva respecto al abordaje del gobierno provincial en relación a la violencia de género", sostuvo Abigail Velázquez. Para poner de relieve la falta de formación de los operadores del Estado provincial recordó el caso de una niña embarazada en Las Lajitas. "De una forma extraña (desde los organismos estatales) se afirma que ella quiere seguir con el curso del embarazo. No se asumen cuestiones como que a esa edad no hay relaciones consentidas. Son violaciones, no se reconoce que la ILE es un derecho conquistado y se sigue actuando desde una mirada prejuiciosa y estigmatizadora. Son funcionarios públicos, trabajadores del Estado quienes lo hacen", aseguró.

Velázquez cuestionó que en la reestructuración del Estado la prevención de la violencia de género quedara a cargo del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, "negacionista y prodictadura". "Lo hemos visto en una mesa de género y diversidad y también hemos cuestionado qué es lo que puede estar diciendo Pulleiro en nombre nuestro", expresó. 

Mónica Rodríguez criticó el abordaje "incompleto" de  la problemática por parte del Estado. "Hay comisarías donde a las víctimas les toman la denuncia y es efectiva y otras donde no se las toman y hay violencia institucional. Cuando a las víctimas les niegan la posibilidad de denunciar", después ya no quieren hacerlas "porque al ser tan vulneradas por el sistema no quieren volver a pasar por lo mismo". Dijo que es necesario que el Polo de las Mujeres haga mediaciones por alimentos o regímenes de visitas, pero consideró que no funciona de forma dinámica.

Por su lado, Isabel Soria señaló que falta la asistencia inmediata del Estado cuando hay personas rescatadas de redes de trata o piden ayuda. Dijo que en el NOA hay 95 mujeres solicitando ayuda para salir de la prostitución, 35 de ellas son salteñas. De estos casos, hace más de un mes cinco mujeres pidieron ayuda y no tuvieron otras respuestas. 

Capacitación en la Ley Micaela 

En el Ministerio de Desarrollo Social comenzaron capacitaciones en el marco de la Ley Micaela para prevenir modalidades de violencia institucional y laboral. La directora general de la Agencia de Mujeres, Género y Diversidad, Rosaura Gareca, dijo que no hay mecanismos internos para registrar la violencia institucional. Precisó que se dan muchas consultas del personal sobre la violencia de género y la institucional y por ello desarrollaron la capacitación.

Gareca indicó que desde 2018 hay un protocolo dentro de Desarrollo Social para la detección de situaciones de violencia de género en los casos que abordan, pero "a nivel global de la administración pública no hay protocolo unificado". Detalló que hay propuestas de protocolo de la Secretaría de Derechos Humanos, de Recursos Humanos y de la Secretaría de Trabajo para abordar la violencia institucional pero no se oficializó ninguno hasta ahora.

Por otro lado, el OVcM comenzó con la segunda edición de las capacitaciones "Género y Violencias" en el marco de la Ley Micaela, está dirigida a la administración pública provincial y se abrió el cupo además para los poderes ejecutivos municipales.

Boccanera recordó que el año pasado se dictó la capacitación en el Senado y dijo que este año se hará en Diputados. También destacó que el Poder Judicial implementó la ley. "Es normativa vigente y hay que acatarla", sostuvo.

Según un relevamiento del Observatorio, en 27 municipios hay un área de la mujer o de género, aunque todavía faltan profesionales con perspectiva de género.